Resumen

  • El titular de una marca pidió actuar contra dos dominios redirigidos, pero su solicitud no resolvía por sí misma la intención de mala fe del registrante.
  • El Noveno Circuito concluyó que el ACPA no reconoce la ciberocupación contributiva; la ley y la UDRP asignan la decisión y la ejecución a actores distintos.

La denuncia llegó al punto capaz de cambiar el sistema

Un tercero registró petronastower.net y petronastowers.net en 2003 mediante otro registrador. En 2007 trasladó el servicio de registro a GoDaddy y configuró su redirección para enviar a los visitantes a un sitio para adultos alojado en un servidor de un tercero.

La secuencia separa tres controles que un usuario podía percibir como uno solo. GoDaddy mantenía el registro. El cliente elegía el destino de la redirección. Otra empresa alojaba el sitio. La existencia de un interruptor técnico no indicaba quién podía determinar jurídicamente la mala fe.

A finales de 2009, una filial de Petronas pidió a GoDaddy que actuara. También contactaron funcionarios de Malasia y Estados Unidos. Según la sentencia, GoDaddy investigó, pero no modificó los dominios porque no alojaba el sitio y entendía que la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio apartaba al registrador de la decisión sobre la titularidad de la marca.

La pregunta jurídica no era si GoDaddy tenía alguna capacidad operativa. Era si el ACPA permitía responsabilizar de manera contributiva a un intermediario que no era el registrante y al que no se atribuía la misma intención subjetiva de aprovecharse de la marca.

La redirección no convirtió al registrador en juez

El tribunal de distrito autorizó un descubrimiento limitado para aclarar cómo funcionaban la redirección y el enrutamiento. Después dictó sentencia sumaria a favor de GoDaddy. Petroliam Nasional apeló únicamente la desestimación de la ciberocupación contributiva.

El alcance evita una lectura absoluta. El tribunal de apelación no dijo que todos los servicios de un registrador fueran neutrales ni que otra conducta jamás generara responsabilidad. Examinó si podía añadirse al ACPA una acción secundaria que el texto no expresa.

La respuesta fue negativa por tres razones. El ACPA se dirige a quien, con intención de mala fe de obtener beneficio, registra, trafica o usa un dominio. No incluye de forma expresa a quien lo mantiene para otra persona. La norma creó una acción nueva y distinta del derecho común de marcas. Y extenderla obligaría a los proveedores a deducir la intención de cada cliente entre millones de registros.

El coste más visible serían los falsos positivos. Ante una denuncia aparentemente seria, un registrador adverso al riesgo podría desactivar un nombre lícito y entregar al reclamante un control práctico que quizá no conseguiría ante un tribunal.

La UDRP separa el mérito de la ejecución

El Acuerdo de Acreditación de Registradores de 2009 obligaba a mantener procedimientos de controversia y cumplir la UDRP. Esta exige que el reclamante pruebe ante un panel la similitud, la ausencia de derechos o intereses legítimos y el registro y uso de mala fe.

El registrador tiene otro cometido. No administra ni decide el fondo. Cambia el registro por instrucciones del titular, una orden judicial competente, una decisión del panel, el contrato de registro u otra obligación jurídica. Durante el proceso conserva el statu quo conforme a las reglas.

Una notificación sí debe producir una respuesta operativa: abrir un expediente, conservar datos, encaminar el abuso y explicar las vías disponibles. Lo que no produce por sí sola es el objeto jurídico que autoriza una transferencia o cancelación.

La sentencia no cerró todas las vías

El Noveno Circuito señaló alternativas: reclamar contra el ciberocupante directo; promover una acción in rem contra el dominio cuando no sea posible localizar o demandar personalmente al registrante; o formular acciones tradicionales, directas o contributivas, de infracción de marca si se cumplen sus requisitos.

Por eso la sentencia no es una inmunidad general para registradores. Rechaza una acción concreta bajo el ACPA. No ampara la mala fe propia del registrador, no elimina el deber de ejecutar una decisión válida y no resuelve otras leyes o reclamaciones que no formaban parte de la apelación.

Límites de la prueba

La sentencia no ofrece la configuración completa de redirección, el expediente interno de avisos, el tráfico, los ingresos ni un daño cuantificado. Tampoco permite aplicar retrospectivamente las versiones actuales de los contratos de ICANN. Su enseñanza estable es institucional: quien puede cambiar un estado técnico no adquiere automáticamente la autoridad para decidir los hechos controvertidos.

Fuentes