Resumen

  • Un juez neoyorquino trató a Prodigy como editora en una demanda por difamación sobre un mensaje de terceros en su foro financiero; el control editorial del servicio pesó en esa clasificación.
  • Chris Cox llevó el caso al debate legislativo para defender el filtrado, y la ley de 1996 incorporó protecciones para la información de terceros y una política contra los incentivos que desalentaran el bloqueo.

En 1998, una opinión de la División de Apelaciones de Nueva York puso un límite al alcance del caso Prodigy. En Lunney, la corte explicó que Stratton Oakmont contra Prodigy no controlaba otra disputa sobre correos electrónicos y mensajes atribuidos a una persona distinta. El expediente de ese proceso indicaba que Prodigy había abandonado para enero de 1994 los esfuerzos de control editorial descritos en la litigación anterior. La fecha, el canal y el registro de cada caso importaban.

La decisión que la corte distinguió se había emitido el 24 de mayo de 1995. Un juez de primera instancia de Nueva York resolvió parte de una demanda por difamación relacionada con un mensaje de un tercero en un foro financiero de Prodigy. Consideró a la empresa editora para esa reclamación. La División de Apelaciones describió después el razonamiento: el tribunal entendió que Prodigy ejercía control editorial sobre el foro. El usuario escribió el mensaje; las reglas y la intervención del servicio ayudaron a definir la posición jurídica de la empresa.

Cox resumió ante la Cámara los motivos que atribuía al juez: Prodigy se anunciaba como un servicio familiar, usaba programas de filtrado y bloqueo, publicaba pautas de contenido y tenía personal para borrar mensajes con rapidez. Esas decisiones de operación incorporaban la moderación al producto. En el juicio, pesaron en la clasificación de la empresa como editora.

Chris Cox convirtió la disputa en una pregunta legislativa. El 4 de agosto de 1995, presentó el caso ante la Cámara como una demanda de difamación de 200 millones de dólares y dijo que el incentivo legal estaba “al revés”. Si filtrar podía elevar la exposición jurídica del servicio, el cálculo empresarial podía premiar la inacción. Cox quería proteger a los proveedores que ayudaban a las familias a seleccionar lo que llegaba a casa. Cox defendía una reforma; el tribunal había clasificado a Prodigy como editora y no había fijado indemnización.

El 8 de febrero de 1996, la sección 509 de la Telecommunications Act añadió la Sección 230 a la ley federal de comunicaciones. El texto declaró como política retirar los desincentivos al desarrollo y uso de tecnologías de bloqueo y filtrado. También dispuso que un servicio no fuera tratado como editor o portavoz de información proporcionada por otra persona, y protegió ciertas restricciones voluntarias aplicadas de buena fe.

La ley cambió el lugar del filtro en la ecuación. La capacidad de intervenir había ayudado a sostener la clasificación de Prodigy como editora; la respuesta legislativa identificó el riesgo de que la responsabilidad desalentara la moderación y creó protecciones para la información de terceros y el bloqueo voluntario. El Congreso movió el incentivo para que filtrar siguiera siendo una opción de servicio.

La disputa importa porque un gesto técnico llegó a ordenar decisiones comerciales. Prodigy podía intervenir para cumplir la promesa hecha a las familias, o dejar más filtros en manos de cada hogar. En 1995, un juez vinculó el control del foro con el estatus legal de la empresa; en 1996, el Congreso eligió otra estructura de incentivos. Así entró la moderación en la historia del derecho de Internet: como una elección cotidiana cuyo precio podía cambiar por ley.

Fuentes