Resumen

  • El 26 de abril de 2011, el tribunal de quiebras del distrito de Delaware autorizó a Nortel Networks Inc. a vender a Microsoft Corporation sus derechos sobre unos 666.624 números IPv4 heredados, libres de gravámenes, cargas y reclamaciones, sujetos a un Legacy Registration Services Agreement con el registro.
  • Ninguna pieza examinada muestra un registro modificando su base por autoridad judicial: el comprador se convirtió en titular al firmar el acuerdo del registro antes de la audiencia, mientras el vendedor no tenía ningún contrato de registro sobre esos bloques.

Lo que la orden hace, frase por frase

El expediente se identifica como In re Nortel Networks Inc., et al., Chapter 11 Case No. 09-10138 (KG), ante el tribunal de quiebras de Estados Unidos para el distrito de Delaware. El dispositivo ocupa dos frases: «The Motion is granted. The Agreement and all of the terms and conditions thereof are hereby approved.» A continuación, la orden autoriza la transferencia de los «Seller's Rights» sobre aproximadamente 666.624 números IPv4 heredados a Microsoft, libres de gravámenes, cargas, embargos e intereses, con sujeción al Legacy Registration Services Agreement (orden del 26 de abril de 2011).

Conviene decir sin adornos qué hace ese texto y qué no hace. El juez aprueba un contrato de compraventa, constata sus condiciones y limpia los derechos cedidos de las reclamaciones que competían por ellos. No dicta una declaración general sobre la naturaleza jurídica de las direcciones. Un analista jurídico lo describe con precisión: el tribunal trató la cuestión de la propiedad solo de forma indirecta, al aprobar la venta (análisis secundario). Eso no rebaja la orden; le cambia el centro de gravedad. Un juez de quiebras dice qué puede vender el deudor y qué ya no pueden embargar los acreedores. No dice quién figura en la base de datos de un registro.

Un vendedor sin contrato de registro

La cláusula más elocuente del expediente no es el precio ni el número de direcciones. Es el artículo 4.3 del asset sale agreement reformulado y reexpresado el 13 de abril de 2011, por el que Nortel Networks Inc., sociedad de Delaware, vende a Microsoft Corporation. Esa cláusula presenta al vendedor como titular o cesionario del derecho de uso de los bloques heredados y añade que no estaban «not under an allocation or assignment agreement with a regional or other Internet registry» (contrato de compraventa).

Merece detenerse en esa frase. El vendedor cede un derecho de uso que sostiene sin estar atado por un acuerdo de asignación o atribución con un registro regional ni con ningún otro registro de internet. Del lado del registro no había nada que transmitir: ni contrato que ceder, ni titular inscrito cuya condición pudiera pasar al comprador por el solo efecto de la venta. Ese vacío es justamente lo que hace interesante el caso. Los 7.500.000 dólares se pagan por una posición jurídica que el vendedor podía ceder en un tribunal, no por una inscripción que el registro mantuviera a su nombre.

La trazabilidad del activo confirma la arquitectura. Según la moción de los deudores, los números fueron asignados en la década de 1990 a los predecesores en interés de Nortel Networks Inc., entidades que después se fusionaron en ella; la moción divide el activo en 470.016 «Initial Legacy Numbers» disponibles de inmediato y 196.608 «Subsequent Legacy Numbers» entonces usados para servicios de transición, hasta un total de 666.624, y señala que la transferencia se reflejaría cambiando el punto de contacto en la base WHOIS del registro correspondiente (moción de los deudores). La fórmula delata el mecanismo: el propio deudor describe el acto final como un cambio de datos de contacto, es decir, una inscripción administrativa, no la entrega de un título.

El comprador que tuvo que firmar antes de la audiencia

Faltaba saber cómo se convertiría Microsoft en titular. La respuesta está en el mismo contrato y no admite interpretaciones: «The Purchaser has, or prior to the date of the hearing to consider and approve the Sale Order will have, entered into the LRSA.» El comprador debía ser parte del Legacy Registration Services Agreement antes de la audiencia; sin esa firma, la orden habría aprobado la cesión de un derecho que nadie podría inscribir.

El mismo instrumento contiene una manifestación de las partes según la cual no se requería ningún otro consentimiento de ARIN ni de otro registro regional para adquirir los Seller's Rights. Hay que leerla por lo que es: una declaración contractual entre comprador y vendedor, no una decisión del registro. Un contrato entre dos partes no puede eximir a un tercero de prestar su propio consentimiento; a lo sumo afirma que ese consentimiento ya se tiene o que no hace falta. Y en este caso el consentimiento del registro adoptó una forma muy concreta: la firma separada del comprador al pie de un acuerdo de servicios de registro.

El registro publicó su propia versión el mismo día. El comunicado de ARIN del 26 de abril de 2011 anuncia que Microsoft obtuvo la aprobación del tribunal de quiebras de Delaware y que los recursos transferidos en la quiebra de Nortel quedarían bajo un registration services agreement entre ARIN y Microsoft (comunicado de ARIN). Nótese el orden que el propio registro describe: aprobación judicial por un lado, acuerdo de registro por el otro. No dice que ejecute una sentencia. Dice que contrata con un cliente.

Un registro no es un notario

Para entender por qué la distinción no es un matiz de redacción hay que leer los instrumentos del registro. El Number Resource Policy Manual de ARIN, en la versión examinada, fija la regla en una frase: «Number resources are nontransferable and are not assignable to any other organization unless ARIN has expressly and in writing approved a request for transfer.» La sección 8.1 convierte así la aprobación escrita del registro en condición del propio traspaso (manual de políticas, versión 2025.1 fechada el 3 de marzo de 2026). La sección 8.2 abre la vía de fusiones y adquisiciones y exige al beneficiario prueba de que adquirió los activos que usan los recursos o la entidad entera que era el titular inscrito; la 8.3 identifica como fuente al titular inscrito actual; la 8.5 impone al beneficiario cobertura mediante acuerdo de servicios de registro, uso operativo real, un tamaño mínimo de /24 y documentación de uso proyectado para bloques mayores.

La versión examinada de ese manual lleva la marca 2025.1 y la fecha del 3 de marzo de 2026; no se presenta aquí como el texto vigente en 2011, y lo que ilumina el caso es la mecánica que describe —aprobación expresa, prueba de adquisición, calificación del beneficiario—, no su año. La guía operativa de transferencias de ARIN apunta en la misma dirección: las solicitudes deben cumplir las políticas para recibir aprobación, y una orden judicial firme y autenticada figura allí como uno de los documentos posibles para acreditar una adquisición, junto a un contrato de compra, una escritura de venta, un acuerdo de fusión o una publicación oficial (guía de transferencias). Una orden es, por tanto, una prueba dentro de un expediente; no es el expediente completo y mucho menos la decisión.

El acuerdo de servicios de registro completa el cuadro. En su versión 14.0 del 15 de agosto de 2025 —otra vez un texto posterior al caso, citado por lo que establece sobre la naturaleza del vínculo— concede al titular «The exclusive right to be the registrant of the Included Number Resources within the ARIN database» y prohíbe ceder o transferir el acuerdo o los derechos asociados sin autorización previa por escrito de ARIN, conforme a sus políticas de transferencia (acuerdo de servicios de registro). El derecho a figurar como titular en una base de datos pertenece a quien firmó. No viaja con una cadena de facturas.

Tres actos, no uno

Reunidas las piezas, el relato se reordena. Primero, el acto del juez: constatar que el deudor sostenía derechos transferibles, autorizar su venta, limpiar cargas y desplazar reclamaciones competidoras. Segundo, el acto de las partes: repartir esos derechos por contrato, con un precio y una descripción del activo que viven en el contrato de compraventa, no en la orden. Tercero, el acto del registro: aprobar una solicitud de transferencia según su propia política y hacer nacer un titular mediante acuerdo con el beneficiario. Tres actos, tres autores, tres condiciones, tres calendarios.

De ahí sale la lección duradera, que no es la que se repite. El precedente de Nortel no es un precio de 7,5 millones de dólares pagado por un bloque de direcciones; ese precio no nos informa sobre el estado del derecho. El precedente es que una venta de direcciones en una quiebra tiene dos cierres: el del tribunal, que vuelve los derechos cedibles y limpios, y el del registro, que vuelve titular al comprador. Quien tiene el primero y no el segundo sostiene un derecho que nadie ha inscrito todavía a su nombre.

Esta lectura no disuelve la orden en la insignificancia, y hay que resistir las dos caricaturas simétricas. La versión triunfal —un tribunal convirtió las direcciones en propiedad— no se sostiene: ninguna pieza examinada contiene semejante declaración, y el propio contrato reconoce que el vendedor sostenía un derecho de uso al margen de todo contrato de registro. La versión cínica —no pasó nada salvo una factura— tampoco: la orden fijó qué entidad cedía, desplazó las reclamaciones competidoras sobre los mismos derechos y entregó al comprador la pieza que un registro podía evaluar.

Es un acto real, con efectos reales, pero más estrecho que su reputación.

Lo que el expediente no dice

Se formularon cinco solicitudes de investigación para armar este expediente: dos prosperaron, una no devolvió ningún candidato y dos fallaron por indisponibilidad de capacidad del proveedor; en total se obtuvieron ocho instrumentos. Las piezas judiciales —orden, moción y contrato— se leyeron en texto íntegro en copias públicas alojadas por terceros, no en la copia oficial del expediente electrónico; los números de docket citados son los que recoge el encabezado de la orden.

Los textos de política y de contrato del registro examinados llevan fecha de 2025 y 2026, y el análisis los trata como descripciones de mecanismo, no como las normas aplicables en 2011. No se obtuvo ningún expediente de solicitud de transferencia, ninguna carta de aprobación ni documento interno de decisión. Ninguna pieza examinada identifica los bloques concretos transferidos. Una dirección de la documentación de ARIN devolvió un error de servidor y quedó fuera del expediente.

Esos límites no alteran la estructura del caso; acotan su prueba. El expediente de Nortel Networks consta además en el directorio de BTW (ficha de Nortel Networks), con una precisión que importa a cualquier lector apurado: la sociedad que aquí vende es Nortel Networks Inc., sociedad de Delaware y deudora en posesión, no Nortel Networks Corporation ni Nortel Networks Limited.

Fuentes

  1. Orden del tribunal de quiebras de Delaware, 26 de abril de 2011
  2. Moción de los deudores para autorizar la venta, 21 de marzo de 2011
  3. Asset sale agreement reformulado y reexpresado, 13 de abril de 2011
  4. Comunicado de ARIN, 26 de abril de 2011
  5. Number Resource Policy Manual, versión 2025.1 fechada el 3 de marzo de 2026
  6. Guía operativa de transferencias de ARIN
  7. Registration Services Agreement, versión 14.0 fechada el 15 de agosto de 2025
  8. Análisis secundario sobre direcciones IP