Resumen

  • Transporte propone exigencias de ciberseguridad, protección física y medición para los cargadores públicos, aunque todavía no define quién comprobará su cumplimiento.
  • Las reglas se aplicarían a los equipos vendidos o instalados en Gran Bretaña y no exigirían adaptar los que ya están en servicio.

Para un conductor, un punto público de carga es una parada. Para la política, son dos obligaciones distintas: asegurar el equipo que llega al mercado y operar la estación abierta al público. Reino Unido ya tiene reglas para lo segundo; la propuesta del Department for Transport añade ciberseguridad al producto, pero no identifica quién comprobaría esa nueva capa.

El Department for Transport abrió el proceso el 29 de octubre. Propone ETSI 303 645, estudia aceptar EN 18031 como alternativa equivalente y consulta sobre protecciones físicas contra manipulaciones y contadores eléctricos de clase B. El ministerio explica que las reglas actuales para cargadores inteligentes cubren los domésticos y los pequeños no domésticos, pero excluyen los públicos. Son propuestas, no obligaciones vigentes. Consulta del DfT · Documento completo

La obligación propuesta recaería en quienes venden o instalan estos equipos, sobre todo fabricantes, importadores y distribuidores. El DfT plantea dos formas de comprobarla. Una permitiría a esas empresas evaluar su propio cumplimiento con la especificación de pruebas de ETSI y someterse a inspecciones de un regulador. El nombre de ese regulador, dice la consulta, está «por determinar». La otra opción exigiría certificación de una entidad acreditada de ensayo. Si se acepta EN 18031 como equivalente, el ministerio también deberá explicar cómo verificará esa ruta.

El régimen existente para las estaciones públicas regula otro punto de control. Las Public Charge Point Regulations 2023 imponen deberes a los operadores sobre pagos, fiabilidad de las redes rápidas, líneas de asistencia, datos y precios. El propio texto asigna su ejecución al Secretary of State. Eso no identifica automáticamente a quien vigilaría las nuevas obligaciones de seguridad de producto. La consulta separa, aunque todavía no conecta, la responsabilidad de vender un equipo conforme y la de operar una estación abierta al público. Public Charge Point Regulations 2023

El DfT propone no exigir adaptaciones retroactivas. Cuando un cargador llegue al final de su vida y se retire, el reemplazo tendría que cumplir las nuevas reglas si llegan a aprobarse. El ministerio pide a los participantes estimaciones sobre la vida media de los equipos y los plazos necesarios para aplicar los cambios. La consulta no publica la edad del parque instalado; con ese dato pendiente, no se puede calcular el horizonte de sustitución.

El plazo para responder termina a las 23:59 del 20 de diciembre de 2026. La decisión importante no es solo qué estándar aparece en la regulación final. También importa quién recibe las pruebas, quién puede revisar un cargador instalado y quién debe actuar cuando el certificado dice una cosa y el aparato otra.

Fuentes oficiales