Summary

  • Andrew Alston y sus coautores propusieron negar nuevas direcciones durante doce meses al gobierno que ordenara un apagón y a las entidades con mayoría accionarial estatal.
  • La reunión de políticas de AFRINIC de mayo de 2017 no alcanzó consenso: los participantes cuestionaron la capacidad del registro para juzgar cierres y el daño a terceros.

El borrador llevaba un reloj incorporado. Tras una denuncia de corte total o parcial, AFRINIC pediría pruebas a la comunidad durante dos semanas; un comité de gobernanza dispondría de otras dos para evaluar el caso. Si lo declaraba probado, el gobierno y las empresas participadas por él en más de un 50 % perderían el acceso a nuevas numeraciones durante doce meses después del apagón. Tres cortes en diez años podían acabar en la revocación de los recursos que ya tenían. Las instituciones educativas quedaban fuera. Así consta en las actas de AFRINIC-26. Ninguno de esos castigos llegó a ser política.

Andrew Alston firmó la iniciativa con Ben Roberts y Fiona Asonga. En un intercambio de abril, defendió que un apagón priva de ingresos a operadores y de comunicación a usuarios. Buscaba una palanca contra el Estado, no contra toda la población, y discutió exclusiones para educación y servicios esenciales. Pero la palanca era peculiar: un registro de números tendría que decidir qué hizo un gobierno, reunir pruebas, seguir su entramado empresarial y sancionarlo mediante la administración de direcciones.

En la reunión de Nairobi del 31 de mayo, la objeción ganó nombres y apellidos institucionales. Las actas recogen que el procedimiento de recursos numéricos no parecía el foro adecuado; AFRINIC carecía, según participantes, de medios para juzgar la legitimidad de los apagones, y las asignaciones se basaban en necesidades de red, no en conducta política. También pidieron limitar el daño a ciudadanos ajenos a la orden. Los copresidentes declararon que no había consenso y devolvieron la propuesta a la lista. AFRINIC tuvo que aclarar que la habían presentado miembros de la comunidad, no la propia organización.

Pocos días después, AFRINIC y otras organizaciones africanas rechazaron los apagones y tacharon de insostenible aquella solución. El contraste importa: se podía condenar un corte de Internet sin entregar al encargado de la libreta de direcciones una maza para repartir castigos.