Resumen

  • El decreto que constituyó el cargo de Vittorio Colao —adoptado en Roma el 15 de marzo de 2021, registrado por la Corte dei conti el 24 de marzo con el número 684 y publicado el 1 de abril de 2021 bajo el código 21A02043— confirió materias, poderes y representación internacional, y no contenía ninguna meta digital con fecha ni deber periódico de informe dirigido al ministro. Esa constatación negativa se limita a esos tres artículos en su versión original.
  • Las obligaciones con fecha vinieron del decreto ley 77/2021: un informe semestral a las Cámaras que recae sobre el comité de coordinación, una unidad de misión en cada administración titular, una secretaría técnica concebida para durar más que el Gobierno que la creaba y cláusulas de reducción si se incumplían objetivos. En abril de 2023 esas obligaciones fueron realojadas bajo nuevos nombres institucionales, no abolidas.

Un cargo definido por materias, no por un calendario

El decreto de delegación es breve, y la primera sorpresa está en lo que se abstiene de contener. El artículo 1 confiere funciones con efecto desde el 12 de marzo de 2021: dirección, coordinación e iniciativa legislativa sobre la transformación digital en el ámbito público y privado; supervisión y verificación; agenda digital, conectividad, datos, infraestructuras y cultura digital; estrategias y programas; evaluación de propuestas administrativas y control de la ejecución y de los recursos; gobierno abierto; nube, centros de datos, interoperabilidad, plataformas, redes, identidad y domicilio digitales; servicios y competencias; tecnologías emergentes, incluidas blockchain e inteligencia artificial; y coordinación con las autoridades de ciberseguridad (21A02043, artículo 1).

El mismo artículo arrastra poderes que antes ejercía el Presidente del Consejo: sobre la agencia digital, la agenda digital, el código de la administración digital, el comité interministerial de transición digital y las funciones del anterior comisario de la agenda digital. Dentro de los límites del decreto ley 105/2019 añade un asiento en el comité técnico de ciberseguridad, la transmisión de listas al departamento de inteligencia, notificaciones de incidentes, informes de compras de defensa y poderes de requerimiento, inspección, prescripción y sanción. El artículo 2 proyecta al ministro hacia fuera: representación del Gobierno en foros internacionales y europeos sobre estrategia tecnológica, designación de representantes de la Presidencia en órganos nacionales, europeos e internacionales dentro de las materias delegadas, comisiones de estudio y grupos de trabajo, y acuerdos interministeriales para las iniciativas de otras administraciones (21A02043, artículo 2).

El artículo 2 responde además a la pregunta administrativa que todo ministro sin cartera encuentra. El ministro, dice, se vale de la estructura de la Presidencia del Consejo competente en transformación digital; no manda una administración propia. El artículo 3 permite ejercer funciones concretas, caso por caso, mediante la subsecretaria Assunta Carmela Messina: una facultad utilizable, no una subdelegación general automática (21A02043, artículo 3).

En esos tres artículos, leídos en su versión original, no aparece ninguna meta de digitalización con fecha ni un deber periódico de informe dirigido al ministro. Es una constatación sobre el instrumento, y conviene enunciarla con precisión porque la versión habitual de esta historia invierte el papeleo.

El texto que crea el cargo crea competencia. El texto que crea plazos los crea en otro sitio.

Dónde vivía realmente el calendario

Vivía en el decreto ley 77/2021, convertido por la ley 108/2021 y publicado en texto coordinado el 12 de agosto de 2021. El artículo 2, apartado 2, letra e) coloca el informe semestral a las Cámaras sobre la Cabina di regia, transmitido por el ministro de relaciones con el Parlamento. El obligado es el comité de coordinación, el canal de transmisión pasa por otro ministerio, y la disposición no escribe ninguna fecha del 31 de diciembre en su propio texto (decreto ley 77/2021, artículo 2).

El artículo 4 muestra hasta qué punto los redactores pensaron el tiempo. La secretaría técnica recibe una duración expresamente superior a la del Gobierno que la instituye, hasta la conclusión del plan y en todo caso sin pasar del 31 de diciembre de 2026 (decreto ley 77/2021, artículo 4). El artículo 8 pone la obligación operativa en cada administración central titular: coordinar gestión, seguimiento, rendición de cuentas y control; designar una estructura existente o crear una unidad de misión; transmitir datos de avance; aceptar cláusulas de reducción o revocación de aportaciones cuando no se alcanzan los objetivos en los plazos asignados (decreto ley 77/2021, artículo 8).

Es una ley que reparte responsabilidad con fecha entre administraciones nombradas y una cadena de rendición en el ministerio de finanzas.

No es un plazo personal de un ministro, ni un informe personal.

La maquinaria que ya estaba en pie

El departamento con el que trabajó Colao no fue creación suya. El Dipartimento per la trasformazione digitale se estableció como estructura general de la Presidencia por decreto del 19 de junio de 2019, publicado el 26 de agosto de 2019 con el código 19A05387: dieciocho meses antes de que asumiera el cargo (DPCM de 19 de junio de 2019).

Su propia capa administrativa llegó después. Un decreto del 24 de septiembre de 2021, publicado el 7 de diciembre de 2021 con el código 21A07118, constituyó la unidad de misión del plan de recuperación en ese departamento y le dio la coordinación de gestión, seguimiento, rendición de cuentas y control de sus intervenciones (decreto de 24 de septiembre de 2021). Sus servicios presiden la ejecución y el logro de hitos y objetivos de medidas concretas, y transmiten datos al servicio central de rendición en el ministerio de finanzas. La responsabilidad de ejecución queda así nombrada, repartida y escrita: adherida a oficinas y a medidas, no a la reputación de una persona.

Lo que octubre de 2022 no terminó

El archivo de transparencia de la Presidencia del Consejo sitúa el Gobierno Draghi en funciones del 13 de febrero de 2021 al 22 de octubre de 2022 e incluye a Colao entre sus ministros. El archivo fecha el mandato del Gobierno, no la salida de cada ministro: acota el periodo sin pretender fijar una fecha personal de cese (Gobierno Draghi, administración transparente).

Lo que ocurrió después con las obligaciones merece memorizarse. El decreto ley 13/2023, coordinado con la ley 41/2023 y publicado el 21 de abril de 2023, reescribió el artículo 6 del decreto ley 77/2021 para crear una inspección general del plan de recuperación en la contabilidad del Estado, sustituyó por esa inspección la referencia del artículo 8 al servicio central, y creó una estructura de misión en la Presidencia con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, a la que se transfirieron las funciones de la secretaría técnica de 2021 (decreto ley 13/2023, artículo 2).

Las obligaciones se mudaron de casa. No murieron con el Gobierno que había nombrado al ministro que nunca las portó personalmente. Quien quiera saber si las promesas digitales italianas se cumplieron debe seguir a la inspección y a la estructura de misión, no la agenda de un exministro.

La conclusión y su borde

Dos cosas son verdaderas a la vez, y un relato centrado en una persona tiene que sostener ambas. Colao tuvo autoridad ministerial amplia: dirección, coordinación, supervisión, verificación y control de la ejecución y de los recursos sobre toda la agenda digital. Una autoridad de esa amplitud es objeto legítimo de escrutinio, porque un ministro que puede dirigir y verificar también puede elegir qué impulsa y qué deja.

Y ningún documento leído aquí le impone una meta con fecha, un hito que debiera personalmente, ni un informe periódico dirigido a su despacho.

Una responsabilidad amplia no es lo mismo que un incumplimiento personal, y la formulación más fuerte sería la falsa.

Dos límites matizan la conclusión sin socavarla. La transmisión efectiva de los informes semestrales, y sus fechas, no queda establecida por los textos examinados. Tampoco el calendario hito por hito de las medidas, que vive en los actos propios del plan. Lo que los instrumentos sí establecen es la forma del cargo: un ministro competente sobre todo lo digital y un calendario propiedad de todos los demás.