Ofcom activa el código de crisis con el disparador en cada plataforma

Summary

Ofcom incorporó las medidas ICU C15 y C16 al código para servicios de interacción entre usuarios; los cambios se emitieron el 12 de octubre y entraron en vigor el 2 de noviembre.
ICU C15 recomienda un protocolo escrito, indicadores propios, un equipo con suficiente autoridad y una revisión documentada al terminar la crisis o a los 90 días, si ese plazo llega primero.
ICU C16 añade un canal específico para que las fuerzas del orden contacten con los grandes servicios que tengan riesgo medio o alto en los daños señalados.

El botón no está en la oficina del regulador

Ofcom puede emitir un aviso público conforme al artículo 175(3) de la Ley de Seguridad en Línea. El proveedor debe considerarlo junto con sus propios indicadores al decidir si una crisis está ocurriendo o puede ocurrir. Ahí aparece la diferencia entre advertir y activar: el regulador aporta una señal; la plataforma se atribuye la primera decisión operativa.

El código acota esa decisión. Crisis significa una situación extraordinaria con una amenaza grave para la seguridad pública del Reino Unido, muy probablemente causada por, o causante de, un aumento significativo del contenido ilegal pertinente en el servicio. La lista de daños abarca terrorismo, odio, acoso, acecho, amenazas, abusos e injerencia extranjera. Para el protocolo C15 entran los grandes servicios con riesgo medio en alguna categoría y cualquier servicio con riesgo alto. El canal C16 tiene un perímetro más estrecho: grandes servicios con riesgo medio o alto.

El plan recomendado vive dentro de la empresa y no tiene que hacerse público. Debe nombrar los indicadores, cómo se vigilan y cuándo se actualizan. También ha de prever un equipo de crisis con responsables suficientemente altos y la puesta en marcha de sistemas para reducir el riesgo tan pronto como sea razonablemente posible. Una carpeta titulada «crisis» puede cumplir una formalidad visual; los tiempos y las decisiones dirán si sirve para actuar.

Después llega una cuenta atrás menos vistosa. Cuando termine la crisis, o a los 90 días de empezar si eso sucede antes, el proveedor debe registrar las decisiones principales y evaluar si el protocolo funcionó. Debe corregir las deficiencias detectadas. Ofcom permite que ese análisis también permanezca interno. Así, el control público depende de que la autoridad pueda exigir y contrastar una secuencia de hechos, aunque no se publiquen los detalles del operativo.

La decisión regulatoria se anunció en junio; las enmiendas se expidieron en octubre. La novedad del 2 de noviembre es su entrada en vigor en los códigos emitidos, que sustituyen a las versiones anteriores. Son medidas recomendadas para cumplir deberes existentes, con posibilidad de medidas alternativas documentadas. Las fuentes oficiales no identifican una plataforma que activara el protocolo ese día.