Resumen
- El 26 de octubre, la Comisión Europea aceptó cinco medidas propuestas por Temu para corregir su evaluación del riesgo de productos ilegales, origen de la multa de 200 millones de euros impuesta en mayo.
- El consejo europeo de coordinadores digitales consideró las propuestas parcialmente adecuadas y escasas en detalle. La Comisión afirma haber precisado las exigencias y supervisará su aplicación antes de recibir una auditoría independiente.
Hay una diferencia entre aprobar un temario y comprobar un examen. Bruselas anunció el 26 de octubre que acepta el plan correctivo de Temu. En la misma comunicación recoge una advertencia previa: el Consejo Europeo de Servicios Digitales opinó el 24 de septiembre que los cambios eran solo parcialmente adecuados y que faltaba precisión para valorar el remedio en su conjunto. La Comisión dice que aclaró las condiciones y vigilará especialmente los apartados que preocupaban al consejo.
En ese consejo se sientan los coordinadores de servicios digitales de los Estados miembros; la Comisión lo preside. El reparto importa porque la observación crítica y la decisión favorable proceden de instancias diferentes. La nota pública enumera el trabajo encargado a Temu, aunque no incluye el texto completo del plan ni las aclaraciones dadas después. El rastro comprobable vendrá con las mediciones y la revisión externa.
La plataforma debe sustituir el retrato genérico del comercio electrónico por un análisis de su propio funcionamiento. Tendrá que medir si sus defensas reducen la difusión de anuncios ilegales, identificar límites de la moderación preventiva, comprobar si sus recomendaciones multiplican la exposición y estudiar cómo podrían aprovechar sus herramientas los vendedores que quieran difundir anuncios ilícitos. El examen de moderación abarca reglas, detectores automáticos, revisión humana, comentarios recibidos y recursos asignados.
Un contador de anuncios retirados cuenta actividad; la pregunta de fondo es qué riesgo encuentra todavía el comprador.
La resolución sancionadora de mayo explica por qué se exige esa mirada propia. Según la Comisión, el informe de riesgos de Temu de 2024 recurrió a información general del sector, subestimó la exposición a artículos ilegales y no evaluó bien el papel de las recomendaciones ni de las promociones de influencers afiliados. En compras de prueba, los cargadores seleccionados y varios juguetes infantiles presentaron problemas de seguridad. Se trató de productos examinados en esa prueba; no existe en la publicación una tasa de defectos para todo el catálogo.
Los plazos tienen funciones distintas. Temu dispone de cuatro meses para aplicar las medidas. La evaluación provisional deberá cubrir seis meses hasta el 30 de noviembre de 2026, fecha que cierra el período observado. Después de la ejecución, un auditor externo e independiente revisará las medidas y entregará un informe a la Comisión dentro de los cuatro meses siguientes. Si recomienda correcciones, Temu deberá comunicar en un mes cómo las está aplicando. Ese mecanismo se apoya en el Reglamento de Servicios Digitales.
La Comisión ha recibido el plan; ahora tendrá que recibir pruebas sobre una plataforma en movimiento. El consejo ya indicó dónde veía los huecos. Los próximos documentos permitirán saber si esos huecos se han convertido en preguntas medibles o se han quedado en notas al margen.
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