Summary

  • La Ley de Desempeño de Agencias Federales de 2024 exige revisiones estratégicas anuales. Según la GAO, la guía emitida por OMB en agosto de 2025 abordaba diez de quince requisitos legales para esas revisiones y dejaba incompleta la participación de altos cargos y externos, así como la publicación anual de resultados.
  • Seguridad Nacional sí realizó la revisión de 2025 entre los cuatro organismos seleccionados por la GAO. Estado, Tesoro y la Administración de Servicios Generales dijeron que no la hicieron. Son cuatro casos examinados, no una estimación sobre todas las agencias federales.
  • Estado publicó un plan estratégico nuevo en enero de 2026. En junio todavía no había confirmado cuándo ni con qué alcance reanudaría su revisión anual. El plan describe el destino; la revisión obliga a mirar los kilómetros recorridos.

La ley reservó una silla; la guía olvidó a sus ocupantes

La administración federal presentó en diciembre de 2025 una agenda de gestión con ocho metas y treinta objetivos. La Oficina de Administración y Presupuesto, OMB, podía señalar un documento nuevo. El informe de junio de 2026 de la GAO miró la parte que sigue a la publicación: la revisión anual de si las actividades internas y externas a cada agencia ayudan de verdad a cumplir sus metas. Esa obligación había adquirido fuerza legal con la Ley de Desempeño de Agencias Federales de 2024.

La circular A-11 de OMB, actualizada en agosto de 2025, describió buena parte del proceso y de la evidencia requerida. La GAO contó diez requisitos legales cubiertos de un total de quince. Quedaron fuera elementos sobre la intervención de responsables de metas, altos cargos de datos y evaluación, otras autoridades pertinentes y personas ajenas a la agencia. La guía además permitió flexibilidad para no informar ciertos resultados durante una transición presidencial, aunque la ley exige que aparezcan en el informe anual de desempeño.

Una revisión sin todas las voces exigidas puede salir del despacho con una conclusión más cómoda de lo que permite la evidencia.

Tampoco estaba terminada la cadena de metas comunes. La agenda presidencial de diciembre cumplió el hito temporal de publicar prioridades en el primer año. Cuando llegó el presupuesto de abril de 2026, OMB aún no había identificado cuáles de esas metas constituían formalmente prioridades entre agencias ni difundido sus detalles de ejecución. Performance.gov había archivado el material de la administración anterior y mostrado la nueva agenda, pero apenas registraba otras actualizaciones a junio. La GAO preguntó a OMB en diciembre de 2025 y marzo de 2026; en junio seguía sin respuesta. OMB tampoco comentó el informe.

El Gobierno había escrito sus metas antes de dejar clara la ruta pública para someterlas a prueba.

Una agencia hizo la revisión; tres trajeron otros trabajos

La GAO eligió a Seguridad Nacional, Estado, Tesoro y la Administración de Servicios Generales, GSA, entre trece agencias incluidas en investigaciones anteriores sobre revisiones estratégicas. Su informe original de 43 páginas registra que Seguridad Nacional hizo la revisión de 2025. Las otras tres no la hicieron y explicaron qué ocuparon su tiempo. Esas explicaciones cuentan para entender la decisión; ninguna convierte automáticamente otra actividad en la revisión anual ordenada por el Congreso.

Estado se concentró en una reorganización y en revisiones de contratos y ayuda exterior. Sus funcionarios dijeron que aquellas evaluaciones también alimentaban decisiones. Tesoro trabajó en su siguiente plan estratégico, pidió opinión a unos ochenta directivos y usó resultados de su revisión de 2024. Funcionarios de GSA afirmaron que OMB les había indicado en julio de 2025 que omitieran la revisión. No entregaron un documento con esa instrucción y la GAO no pudo confirmarla con OMB; los otros tres organismos tampoco comunicaron haber recibido la misma orden. La afirmación corresponde a GSA.

El episodio muestra el coste de gobernar una obligación escrita mediante una excepción que nadie puede enseñar.

Estado ofrece el contraste más nítido. Publicó su plan para 2026–2030 en enero de 2026. En febrero no había decidido el alcance ni el formato de la revisión de ese año; en junio seguía sin plazo para retomarla. Una institución puede aprobar una nueva carta de navegación mientras deja sin fecha la inspección del trayecto. La GAO recomendó que Estado realizara la revisión en 2026 y documentara el proceso. Seguridad Nacional y Tesoro tenían procedimientos antiguos que cubrían gran parte, aunque no toda, la nueva norma. Estado y GSA carecían de documentos vigentes que cubrieran todos los requisitos.

Ninguno de los cuatro había implantado por completo las nuevas reglas al cierre de la auditoría.

Las siete recomendaciones del registro oficial de la GAO seguían abiertas el 3 de noviembre de 2026. La primera prueba será una guía revisada de OMB que asigne las funciones ausentes y exija publicar los resultados en el informe anual. Después hará falta una revisión fechada en cada agencia, con programas examinados, evidencia contrastada y decisiones registradas. Cambiar la circular es corregir el plano. Celebrar la reunión y publicar lo que cambió es poner el edificio a funcionar.

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