Summary

  • A marzo de 2026, Defensa estimaba unos 26 millones de piezas F-35 por cerca de 31.000 millones de dólares en más de 700 lugares. Su sistema patrimonial oficial no enlazaba directamente con los sistemas de los dos contratistas principales; las entradas seguían siendo incompletas e inexactas.
  • Un informe de 2023 identificó pérdidas de más de un millón de piezas valoradas en más de 85 millones de dólares. Un contratista presentó después unos 28 millones de dólares por pérdidas ocurridas entre 2012 y 2025, pero la oficina del programa no conservó la lista de casos pendientes para saber si ambos grupos se solapan.
  • La primera base física íntegra y auditable tenía como objetivo marzo de 2027. Defensa aceptó cuatro recomendaciones nuevas sobre vigilancia de pérdidas y funcionarios responsables del patrimonio; todas seguían abiertas el 13 de noviembre de 2026.

El propietario no recibe la señal en directo

El informe original del GAO publicado el 9 de noviembre sitúa la cuestión en la frontera entre almacén y contabilidad. El Gobierno posee las piezas; instalaciones militares y empresas las custodian. La oficina conjunta del F-35 debe mantener un sistema que permita saber qué hay, dónde, en qué estado y por cuánto valor. Los 31.000 millones son la valoración aproximada de las piezas. El coste estimado de todo el programa durante su vida, superior a 1,9 billones de dólares, es otra cifra y otra escala.

El sistema oficial se llama Enterprise Logistics Management System, ELMS. No estaba conectado directamente con los programas patrimoniales de los dos contratistas principales. La oficina incorporaba cambios desde varias fuentes y reportes periódicos, de modo que un traslado o uso podía producirse antes de que el registro estatal lo mostrara. El GAO encontró información todavía inexacta e incompleta a agosto de 2026 y procedimientos insuficientes para validar los datos importados. Una base oficial que ve tarde el movimiento de un bien empieza cada consulta con una deuda de tiempo.

Esta separación importa para operaciones tanto como para auditorías. El dueño legal puede ordenar la compra de otra pieza mientras una ya pagada está en alguna parte de la red, mal ubicada en el registro. También puede creer disponible una pieza que ya cambió de lugar o condición. El programa necesita más que una afirmación contractual de propiedad: necesita una cadena de datos que sobreviva al viaje físico.

El recuento hereda la calidad de la lista

Contar un almacén exige dos pruebas. La primera va del registro al estante: ¿existe allí cada unidad anotada? La segunda va del estante al registro: ¿está anotado todo lo que existe? Las prácticas de inventario del F-35 no verificaron por completo ninguna de las dos. El GAO señaló que en 2025 se emplearon datos de un contratista cuyo sistema de propiedad había recibido una calificación de «desaprobado» de la agencia de gestión contractual de Defensa. Entre los problemas había traslados sin documentar y una pista de auditoría insuficiente a lo largo de la vida de los bienes.

Los funcionarios del programa consideraban impracticable detener la operación y hacer un recuento de pared a pared en más de 700 instalaciones con sus recursos actuales. En marzo de 2026, el responsable financiero de Defensa solicitó ayuda a la agencia auditora de contratos para establecer una línea de base fiable. En junio, el plan apenas comenzaba y se marcó marzo de 2027 como objetivo para un primer inventario completo. La fecha promete una prueba; no constituye la prueba.

Dos montos de pérdidas que nadie puede unir

El GAO ya había documentado en 2023 pérdidas ocurridas entre mayo de 2018 y octubre de 2022 en un contratista: más de un millón de piezas con valor superior a 85 millones de dólares. Unas 940.000 piezas por más de 66 millones todavía no se habían enviado entonces a revisión para determinar responsabilidades. La categoría «pérdida» incluye desaparición no intencional, daño o destrucción. La cuestión aquí es el rastro y su resolución.

Más tarde, la agencia encargada autorizó una presentación colectiva excepcional de casos pendientes. Para marzo de 2026, el contratista había presentado unos 28 millones de dólares en pérdidas ocurridas entre 2012 y 2025. La agencia había determinado responsabilidad financiera por alrededor de 6 millones dentro de esa presentación. La oficina conjunta no guardaba un registro de los casos antiguos sin cerrar. No pudo determinar si los 28 millones incluían una parte de los 85 millones previos. La suma de ambos importes inventaría una pérdida nueva.

Lo que hace falta es una correspondencia por pieza entre expediente anterior, nueva presentación, decisión y ubicación actual.

Los lugares administrados por el Gobierno siguen otro circuito. Para pérdidas comunicadas antes de septiembre de 2025 mediante el formulario DD 200, la oficina no tenía visibilidad completa de cantidades, valores, lugares, causas ni resultados de revisión. Tampoco había implantado un método eficaz para vigilar todas las comunicaciones de pérdidas y buscar patrones. Dos rutas de reporte sin una vista común permiten que una falla repetida parezca una colección de accidentes aislados.

Seis responsables para una tarea «adicional»

Las normas de Defensa asignan supervisión a un responsable principal de bienes y ejecución diaria a funcionarios patrimoniales: mantenimiento del registro, conciliación de inventarios y evaluación de pérdidas. El programa nombró a un responsable principal en 2021 y a seis funcionarios entre 2024 y 2025. El GAO encontró que faltaban procedimientos, formación y una estructura que permitiera ejercer esas funciones de manera plena. Algunos funcionarios de Defensa dijeron que el programa requería dedicación exclusiva; la oficina F-35 trataba el cargo como tarea accesoria.

En un inventario de millones de piezas todavía sin base verificable, «accesorio» describe una prioridad institucional, no el tamaño del trabajo.

El GAO formuló cuatro recomendaciones nuevas sobre seguimiento de pérdidas, procedimientos, formación y diseño de los puestos. Defensa aceptó las cuatro; la ficha oficial las mantenía abiertas el 13 de noviembre de 2026. De 34 recomendaciones anteriores del GAO y la inspección del departamento, 26 continuaban abiertas en agosto. Los auditores señalaron una debilidad material del programa desde el ejercicio 2019. En las cuentas de 2025 faltaban o se registraban mal ciertas piezas y no había datos fiables para cuantificar la distorsión.

La reparación empieza con un inventario físico reconciliado, continúa con un flujo rápido de movimientos desde el contratista y termina con cada pérdida investigada hasta una resolución. El Gobierno ya posee el material. Ahora tiene que demostrar que puede seguirlo.

Sources