Resumen

  • NIH había implementado 14 de los 15 requisitos de seguridad de la investigación seleccionados por la GAO. El restante, sobre certificación de programas de seguridad en ciertas instituciones receptoras, depende de acuerdos entre agencias. Su gestión general de riesgos satisfizo las 15 consideraciones clave examinadas.
  • El sistema se apoya sobre todo en lo que investigadores e instituciones declaran. Normalmente no coteja esas declaraciones con otras fuentes externas, aparte de las exigidas antes de conceder fondos, hasta recibir una denuncia de posible interferencia extranjera. En siete expedientes escogidos, la GAO encontró información pública que faltaba en los archivos, pero ninguna infracción normativa clara.
  • NIH recibió 697 denuncias de posible interferencia extranjera sobre personas vinculadas a sus ayudas entre 2017 y 2025. Encontró infracciones de declaración en 264 de ellas. Son resultados de denuncias, no una tasa de todo el programa. La recomendación de evaluar periódicamente el riesgo de fraude de la investigación financiada fuera del instituto sigue abierta.

Un buen reglamento también necesita una segunda fuente

NIH es el mayor financiador público de investigación biomédica. En 2025 entregó aproximadamente 35.300 millones de dólares para investigación realizada en universidades, hospitales y otras entidades, cerca del 73 % de su financiación total. Exige declaraciones de apoyos, afiliaciones y compromisos; revisa elegibilidad antes de adjudicar y vigila proyectos después. El informe oficial de la GAO publicado en octubre de 2026 constató que la agencia había aplicado 14 de 15 requisitos federales seleccionados. El último, una certificación de seguridad para determinadas instituciones beneficiarias, espera la conclusión de un proceso entre agencias.

El organismo tampoco carece de una política general de riesgos. La GAO halló plena alineación con las 15 consideraciones clave de seis prácticas de gestión institucional. El punto débil está en la secuencia de trabajo: las declaraciones aportadas por solicitantes y centros son la materia prima del examen. Fuera de las fuentes que debe consultar durante la evaluación previa, NIH generalmente no las contrasta con fuentes externas adicionales hasta que alguien comunica una sospecha. Sabe responder a una alarma. Falta una regla documentada para decidir cuándo buscar una omisión antes de que suene.

Una colaboración internacional no equivale a una conducta indebida. NIH permite trabajo con instituciones extranjeras bajo sus reglas. No exige informar de todas las afiliaciones pasadas, y una colaboración fuera de Estados Unidos sólo es un componente extranjero declarable cuando allí se ejecuta una parte importante del proyecto financiado. Fechas y definiciones importan. La pregunta editorial no es de dónde viene una persona, sino qué información material debe entrar en el expediente y cuándo necesita verificación independiente.

Siete casos elegidos para mirar la máquina

La GAO estudió siete ayudas seleccionadas deliberadamente para observar el procedimiento en circunstancias que podían entrañar mayor riesgo. Cinco estaban relacionadas con artículos firmados tanto por investigadores apoyados por NIH como por personas de entidades presentes en una lista del Departamento de Defensa; otras dos provenían de NIH, que ya había impuesto medidas de mitigación. Los auditores localizaron afiliaciones y coautorías públicas no reflejadas en los documentos de las ayudas examinados. No identificaron una violación clara de las reglas del NIH en ninguno de los siete casos.

En algunas afiliaciones faltaban fechas de vigencia; no toda publicación conjunta constituye un componente extranjero que haya que declarar.

Los siete ejemplos no sirven para calcular cuántos expedientes de NIH tienen información omitida. Sí muestran que una búsqueda en fuentes externas puede formular preguntas que no aparecieron en el archivo original. Funcionarios del instituto dijeron que probablemente revisarían a parte del personal tras recibir los datos de la GAO. Eso pone el foco en el diseño de la verificación. La institución realiza comprobaciones obligatorias antes de adjudicar, controla el acceso a sus sistemas, hace seguimiento posterior y abre revisiones de cumplimiento tras denuncias.

Lo pendiente es decidir qué declaraciones merecen una comparación adicional sin esperar a que otra persona encuentre primero la discrepancia.

El registro de quejas cuenta a quien llegó al mostrador

Entre 2017 y 2025 NIH recibió 697 denuncias de posible interferencia extranjera relativas a personas que trabajaban en ayudas suyas. En 264 halló al menos una vulneración de las reglas de declaración relacionadas con esa posibilidad; en 433 no halló tal vulneración. De las 264, 238 incluían infracciones que NIH clasifica como graves y 26 sólo una afiliación extranjera no declarada, sin otra infracción grave. La página de la GAO mantiene abierta la recomendación principal.

El denominador de esos cálculos son las denuncias recibidas, no todos los proyectos financiados. Una infracción de declaración tampoco demuestra por sí misma fraude intencional o apropiación de resultados de investigación. La GAO afirma que los datos de NIH no estiman la prevalencia de interferencia extranjera en su cartera. El mostrador puede contar expedientes abiertos; no puede medir la parte del edificio que nunca llegó a él.

NIH mantiene un inventario anual de riesgos y un perfil de fraude institucional que menciona influencia extranjera. También había evaluado el riesgo en un programa más estrecho de investigación clínica y traslacional. Lo que faltaba era una evaluación periódica y documentada para todo el programa extramuros: esquemas concretos de fraude, controles existentes y riesgo que persiste tras aplicarlos. La GAO tampoco vio pruebas de que el organismo mida los resultados de sus controles antifraude, además de contabilizar avisos, casos y acciones.

La GAO recomendó al director del NIH realizar esa evaluación específica de manera regular e incluir la interferencia extranjera. NIH estuvo de acuerdo; la recomendación continúa abierta. Un documento con fecha que especifique qué omisiones buscar, con qué fuentes contrastarlas y qué resultado cambia una adjudicación permitiría juzgar el sistema por su capacidad de descubrir, no sólo por la cantidad de casillas que cumplió.

Fuentes