Summary

  • El informe que el GAO difundió en septiembre de 2026 constató que la exigencia de 2021 de mostrar beneficiarios efectivos de determinados adjudicatarios seguía sin aplicarse cuando consultó a GSA en abril de 2026. La agencia aguardaba el expediente normativo FAR 2021-005, cuyo plazo para redactar la propuesta se había aplazado al menos hasta septiembre.
  • GSA contemplaba usar datos de FinCEN. La norma definitiva de agosto excluyó de la obligación de informar a las empresas constituidas en Estados Unidos; cerca del 95 % de los registros de empresas habilitadas para obtener adjudicaciones federales examinados por el GAO eran nacionales.

El formulario reconoce a la sociedad, no a quien manda

En 2021 el Congreso encargó a la Administración de Servicios Generales, GSA, añadir datos de beneficiarios efectivos al sistema que consultan los supervisores de ciertas adjudicaciones federales. La instrucción alcanza, en la medida de lo practicable, contratos y subvenciones por más de 500.000 dólares. El informe completo del GAO describe lo ocurrido cinco años después: el nombre de la empresa se registra, pero la vía para mostrar a la persona que se beneficia de ella sigue sin completarse.

GSA dijo a los auditores en abril de 2026 que esperaba la reglamentación federal de compras. El caso FAR 2021-005 se abrió en 2021; el plazo para redactar una propuesta se había desplazado al menos hasta septiembre de 2026. El documento de situación que revisó el GAO no explicaba el motivo de la prórroga. La demora tiene un coste concreto para quien examina una adjudicación: la jerarquía entre sociedades puede estar disponible y aun así ocultar al individuo que ejerce el control.

La agencia había considerado tomar información del registro de beneficiarios efectivos de FinCEN. Ese atajo perdió cobertura. La regla final de agosto de 2026, vigente desde el día 14, exime a las compañías estadounidenses y redujo en torno al 99 % la población obligada a declarar, de unos 32,5 millones de entidades a unas 124.000. En la muestra de julio de 2025 del Sistema de Gestión de Adjudicaciones, aproximadamente el 95 % de las empresas registradas eran nacionales. Las cifras tienen denominadores distintos; ambas indican que el registro externo ya no puede llenar por sí solo el hueco de los proveedores federales.

El propio sistema de GSA tampoco soluciona la identidad detrás del papel. El GAO analizó unos 877.000 registros empresariales: los datos de dirección estaban presentes en el 94 %, los de identificación en el 82 % y los campos de jerarquía societaria solo en el 11 %. Un campo de empresa matriz, incluso completo, no equivale al nombre de la persona beneficiaria. Funcionarios de GSA dijeron que no habían coordinado directamente la aplicación con FinCEN y que la falta de recursos limitaba la evaluación de otras fuentes. La norma pendiente dejó al proyecto apoyado en una base que cambió sus reglas.

Un registro FAR posterior y una prueba de implantación de GSA aclararían qué cambió después del corte de la auditoría. El problema que ya consta es una obligación repartida entre instituciones sin un dato final que puedan usar los supervisores.