Resumen

  • La sanción de 6,5 millones de libras prevista para Christian Bittar no llegó a imponerse, pero su prohibición profesional duró ocho años. Ahora la FCA ha retirado ese veto y otros tres, tras anularse las condenas que los sustentaban.
  • Lo que cambia es una restricción para trabajar, no una cifra que devolver. Las fuentes no acreditan una vuelta al empleo ni una compensación para los cuatro afectados.

Dos decisiones, no una sola

En el caso de Christian Bittar, el número más llamativo era también el más fácil de leer mal: 6,5 millones de libras. No fue la multa que acabó pagando a la FCA. El procedimiento regulatorio de 2018 terminó sin esa sanción económica, pero dejó una prohibición profesional en pie. La diferencia importaba: una multa afecta al dinero; el veto, al trabajo que una persona puede ejercer.

Ese segundo límite ha caído ahora. El 16 de octubre, la FCA retiró las prohibiciones profesionales de Bittar, Colin Bermingham, Philippe Moryoussef y Jonathan Mathew. No porque hubiera recalculado una multa, sino porque los tribunales habían anulado las condenas que sostenían su actuación.

La FCA también eliminó de sus canales los avisos finales correspondientes, llamados Final Notices, y dijo que no tomaría más medidas contra ellos en este asunto. Las condenas habían sido la base de su actuación. Una vez anuladas por el Court of Appeal, el tribunal de apelación, el regulador revisó sus propias decisiones.

El anuncio no cuenta qué empleo ocupa hoy cada uno ni ofrece un desenlace sobre indemnizaciones. La noticia está un paso antes: la FCA ha retirado la barrera que ella misma había impuesto. Para entender por qué tardó en llegar este segundo final, hay que volver a la pregunta que los jurados no pudieron resolver debidamente.

El error que abrió la vía a los recursos

¿Qué tenía de importante el número que enviaba un banco? Con esas estimaciones se elaboraban LIBOR y EURIBOR, referencias de tipos de interés usadas en contratos financieros. De ahí que importara saber si la estimación era honesta. No se trataba de tipos de cambio entre monedas.

En julio de 2025, el Supreme Court, máxima instancia judicial británica, anuló las condenas de Tom Hayes y Carlo Palombo. Su fallo precisó qué debía decidir el jurado: ¿la cifra enviada expresaba de verdad la opinión del banco? Según la sentencia, buscar una ventaja comercial podía ser un indicio en contra del acusado. No convertía por sí solo la estimación en deshonesta por una regla de derecho.

Las instrucciones equivocadas habían impedido que los acusados sometieran debidamente su defensa al jurado. El tribunal consideró inseguras las condenas, aunque señaló que un jurado bien instruido habría podido condenar con las pruebas disponibles. No dijo que toda conducta examinada fuera irreprochable.

En enero de 2026, la Criminal Cases Review Commission remitió otros cinco casos. El 7 de octubre, el Court of Appeal anuló las condenas de Jonathan Mathew, Jay Merchant, Alex Pabon, Philippe Moryoussef y Colin Bermingham. La comisión había impulsado la revisión; la decisión de anular correspondió al tribunal.

Bittar siguió otra vía porque se había declarado culpable. Su condena fue anulada el 9 de octubre. Según las actualizaciones del Serious Fraud Office, la fiscalía no se opuso a los cinco recursos tras juicio, pero defendió un resultado distinto en el de Bittar y dijo respetar el fallo. Son dos recorridos, no una resolución que borrara de golpe todos los expedientes.

La multa no llegó a imponerse; el veto sí permaneció

El historial regulatorio de Bittar añade una diferencia importante. La comunicación de la FCA de 2018 describía una decisión inicial con una sanción de 6,5 millones de libras. No fue una multa que terminara pagando a la FCA.

La orden del Upper Tribunal del 14 de septiembre de 2018, dictada con el consentimiento de las partes, dispuso que no se impusiera una sanción económica y desestimó el recurso en lo demás. La prohibición profesional quedó firme. Ocho años después, también ha sido revocada.

La FCA ya había retirado el veto de Palombo y terminado su actuación contra Hayes en julio de 2025. Hayes había recurrido su decisión ante el Upper Tribunal: tampoco entonces se trataba de dos situaciones procesales idénticas.

El anuncio no ofrece una nueva valoración de pruebas regulatorias independientes ni declara falsas todas las acusaciones de estos casos. Sí retira una barrera profesional concreta. Para Bittar, el resultado regulatorio de 2018 dejaba el veto en pie aunque la multa no se impusiera. El de octubre de 2026 ya no lo deja en pie. La diferencia se mide en qué restricción sigue pesando sobre una persona, no solo en qué fecha lleva el expediente.