Resumen

  • La FCA revocó las prohibiciones de Colin Bermingham, Philippe Moryoussef, Jonathan Mathew y Christian Bittar y retiró los Final Notices asociados después de que el Court of Appeal anulara sus condenas.
  • El anuncio plantea una cuestión concreta: qué fundamento regulatorio independiente queda cuando una condena penal que sostenía una prohibición deja de existir.

En su comunicado del 16 de octubre, la Financial Conduct Authority anunció que revocaba cuatro prohibiciones vinculadas a los casos LIBOR y EURIBOR. Lo más relevante de su nota no es solo el resultado. La FCA afirma que revisó su actuación porque las condenas habían sido anuladas recientemente y que estas “formaron la base” de las medidas. Revocó las prohibiciones de Colin Bermingham, Philippe Moryoussef, Jonathan Mathew y Christian Bittar, retiró los Final Notices correspondientes de sus canales y dijo que no tomará más medidas contra ellos en este asunto.

Así, el regulador reconoce una dependencia entre dos vías institucionales: las condenas penales se trasladaron a prohibiciones profesionales. Eso no demuestra que toda la prueba regulatoria fuera idéntica a la del proceso penal ni que el Court of Appeal resolviera cada cuestión que podría examinar un supervisor financiero. Tampoco equivale a declarar que los afectados fueran inocentes de cualquier conducta. La FCA identifica qué sustentó su actuación, qué cambió y qué remedio aplicó.

La secuencia judicial requiere precisión. El 7 de octubre, el Court of Appeal anuló las condenas de cinco personas juzgadas tras las investigaciones de LIBOR y EURIBOR, según informó la Criminal Cases Review Commission: Jonathan Mathew, Jay Merchant, Alex Pabon, Philippe Moryoussef y Colin Bermingham. La Criminal Cases Review Commission dijo que las instrucciones erróneas al jurado y los errores jurídicos comprometían la seguridad de esas condenas. En enero, tras la anulación por el Supreme Court de las condenas de Tom Hayes y Carlo Palombo, la Comisión remitió los cinco casos al no encontrar una diferencia relevante; el Court of Appeal debía resolver los recursos. El 9 de octubre, el tribunal anuló la condena de Christian Bittar, que había admitido culpabilidad. El Serious Fraud Office explicó que defendió un desenlace distinto en ese recurso, aunque respetaba la decisión judicial. No son una sola apelación ni un fallo que borre todas las conclusiones de los expedientes.

El historial de Bittar en la FCA ayuda a entender la conexión. En su comunicado de 2018, la autoridad indicó que una decisión inicial imponía una sanción de 6,5 millones de libras. Tras el proceso penal, el Upper Tribunal, con el consentimiento de las partes, ordenó que la FCA no impusiera la multa; la prohibición quedó firme. El nuevo comunicado dice que la acción se basó en la condena y que el veto ahora se revoca. No ofrece una reevaluación de las pruebas bajo una base regulatoria distinta.

Esa falta de detalle no prueba que no existieran pruebas independientes. Sí plantea una cuestión de archivo público creada por la explicación de la propia FCA. Cuando una condena es el soporte decisivo de una restricción administrativa, su anulación obliga a elegir: demostrar un fundamento separado mediante un proceso nuevo y revisable, o retirar la restricción y corregir el registro. Para estas cuatro personas, la FCA escogió lo segundo y dio el asunto por cerrado. En julio de 2025 había hecho una corrección similar para Tom Hayes y Carlo Palombo, después de que el Supreme Court anulara sus condenas.

Una sanción regulatoria cumple un propósito distinto de un juicio penal y puede aplicar otra norma. Pero los dos procesos no son independientes cuando uno se apoya expresamente en el otro. Retirar un Final Notice evita que una prohibición revocada siga hablando desde los canales de la FCA; también vuelve más necesaria una explicación pública que perdure. La autoridad ha revelado el vínculo y el resultado, pero no cómo conservará esa historia institucional ni separará el vínculo de la evidencia que quizá pudiera sostenerse por sí sola.