Summary

  • GAO vinculó datos de los ejercicios fiscales 2023 y 2024 y localizó 2.074 adjudicaciones a 137 entidades incluidas en SAM Exclusions cuando se produjo la transacción. Las obligaciones asociadas sumaban 626,2 millones de dólares en febrero de 2025. Cada agencia adjudicadora debe resolver los casos.
  • De 172.091 registros de exclusión, 128.818 no tenían identificador único de entidad. La ausencia era admisible en numerosas fichas, entre ellas las de personas físicas. El cruce por identificador exacto dejaba esas fichas fuera.
  • Las nueve fuentes examinadas por GAO presentaban defectos de calidad. El Congreso todavía no ha dado a una agencia autoridad para imponer definiciones y validaciones comunes a los datos federales de elegibilidad.

La pantalla muestra lo que cabe en su llave

La obligación parece sencilla: comprobar si quien recibe un contrato o ayuda federal puede recibirlo. Según el informe de GAO, las agencias disponen de más de cien fuentes de datos para distintas fases de esa comprobación. En septiembre de 2025, 28 estaban incorporadas al sistema Do Not Pay o previstas para él. Una lista larga de fuentes sirve de poco si cada registro llama de otra manera a la misma persona y valida sus campos según reglas propias.

GAO probó un enlace concreto entre adjudicaciones de USAspending.gov, información de entidades en SAM y las exclusiones de SAM. Eligió el identificador único de entidad, UEI, como llave para los ejercicios 2023 y 2024. Entre 20,3 millones de adjudicaciones, 12,8 millones tenían un UEI válido que coincidía con el registro de entidades; 7,4 millones no tenían uno y 2.969 contenían uno inválido. Gran parte de las faltas en las adjudicaciones correspondía a ayudas financieras agregadas sin obligación de llevar ese identificador.

En el fichero de exclusiones, la bisagra era más estrecha. De 172.091 fichas, 41.822 tenían UEI válido; 128.818 no tenían UEI y 1.451 portaban uno inválido. Entre las ausencias había personas físicas para las que no se exige esa clave. El problema no se resuelve rellenando a la fuerza una casilla protegida o innecesaria. Requiere un método legítimo y comprobable para consultar registros cuando la clave exacta no existe.

El tramo que sí encajaba produjo 2.074 adjudicaciones a 137 entidades que figuraban como excluidas en el momento de la transacción. El valor de las obligaciones ascendía a 626,2 millones de dólares a febrero de 2025. Es una lista precisa de expedientes que las agencias responsables deben revisar: tipo de exclusión, fecha, alcance y condiciones de cada adjudicación. GAO estudió la posibilidad de conectar archivos. No emitió una resolución de fraude sobre esas operaciones. La cifra ofrece una puerta de entrada al trabajo, mientras las fichas sin UEI muestran cuánto queda fuera del mismo ensayo.

Cada oficina redacta su diccionario

GAO eligió nueve fuentes de elegibilidad disponibles públicamente, presentes en Do Not Pay o destinadas a entrar en él y con datos de entidades. Halló problemas de calidad en las nueve y discrepancias entre fuentes en siete. Había campos omitidos, valores inválidos y duplicados; también diccionarios y reglas de validación incompletos. Esa selección deliberada no describe estadísticamente las más de cien fuentes. Basta para ver la fricción: un registro creado para cumplir un mandato propio acaba usado por otra oficina para una decisión que su diseño original no contemplaba.

Las normas federales llevan décadas recomendando intercambio y estandarización. El texto íntegro de GAO identifica el hueco que queda: ningún organismo posee un mandato federal para establecer y hacer cumplir requisitos obligatorios de interoperabilidad en los datos de elegibilidad. Consejos y oficinas comparten buenas prácticas. La adopción depende de la voluntad de los custodios de cada fuente. Una reunión interinstitucional puede acordar vocabulario; no puede obligar a que un campo erróneo deje de circular.

GAO pidió al Congreso que considere dar al Tesoro autoridad expresa para dirigir ese trabajo, junto al Consejo de Directores de Datos y en consulta con la Oficina de Administración y Presupuesto. El encargo cubriría definiciones, diccionarios, reglas de validación y divulgación durante toda la vida de una adjudicación. El Bureau of the Fiscal Service sostuvo que necesitaría esa autoridad clara. La oficina presupuestaria no presentó comentarios. En julio de 2026, la cuestión seguía abierta. Hasta que exista el mandato, el sistema podrá contar sus coincidencias sin gobernar las condiciones del cruce.

Sources