Resumen

  • El Fondo Voluntario de la WIPO puede respaldar a observadores indígenas y locales acreditados, pero sus reglas hacen que la ayuda dependa de donaciones voluntarias, no del presupuesto ordinario de la Organización.
  • Antes de la IGC/53, se recomendó a dos personas por orden de prioridad y solo había fondos suficientes para la primera. La cuestión de gobernanza no es si la recomendación fue justa, sino si el registro público muestra qué podía —y qué no podía— financiar.

El Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC) es un órgano de negociación de los Estados miembros. Los pueblos indígenas y las comunidades locales participan como observadores acreditados y mediante otros espacios, entre ellos un panel de apertura y reuniones de caucus. Su experiencia puede aportar contexto a los debates sobre conocimientos tradicionales y expresiones culturales.

Pero participar como observador no equivale a ejercer la función formal que corresponde a los Estados miembros al negociar o decidir los resultados del Comité.

El Fondo Voluntario de la WIPO es uno de los puentes entre esas dos realidades. Las reglas aprobadas por la Asamblea General reservan las ayudas a representantes designados de observadores acreditados que representen a pueblos o comunidades indígenas o locales, o a titulares y custodios consuetudinarios de conocimientos tradicionales o expresiones culturales tradicionales. La ayuda puede cubrir un billete de ida y vuelta en clase económica y determinados gastos de manutención. No es una subvención abierta a cualquiera que quiera asistir, ni concede voto al observador financiado.

El puente tiene un límite financiero claro. Las reglas establecen que el Fondo se nutre exclusivamente de contribuciones voluntarias y que no puede recurrir al presupuesto ordinario de la WIPO. El 13 de agosto de 2026 tenía 6.190,01 francos suizos; 3.874,80 estaban comprometidos para la IGC/53, con 2.315,21 restantes. El informe de la Secretaría indicaba que no se habían recibido nuevas contribuciones desde el informe anterior, de febrero. Dos personas habían sido recomendadas para la IGC/53, por orden de prioridad. La primera, Jennifer Tauli Corpuz, contaba con fondos suficientes; la segunda, Hamadi Ag Mohamed Abba, no.

La diferencia importa. Una recomendación valora una solicitud de acuerdo con las reglas del Fondo. La falta de dinero es una limitación distinta. Las reglas hacen vinculante para el Director General la recomendación del consejo asesor y le exigen identificar a quienes reciben apoyo en principio, pero para quienes no hay recursos suficientes. También les dan prioridad en decisiones posteriores. Es un procedimiento definido, no prueba de que la segunda persona fuera rechazada por sus méritos.

El registro posterior a la sesión confirma el resultado práctico sin afirmar más de lo que permiten las fuentes: el resumen de la WIPO del 29 de septiembre señala que donaciones anteriores permitieron la participación de un representante indígena o de comunidades locales en la IGC/53. Es decir, una persona recibió apoyo del Fondo. No significa que solo asistiera una persona indígena o local. El mismo resumen describe el Foro Consultivo Indígena, reuniones diarias del caucus, encuentros con la Presidencia y las delegaciones, y el panel indígena. El número de personas financiadas y el total de asistentes son indicadores distintos.

Las cifras históricas apuntan a la misma tensión, pero requieren cuidado. Hasta el 13 de agosto de 2026, la WIPO había tramitado 715 solicitudes de financiación para 43 sesiones de la IGC y dos reuniones de grupos de trabajo entre sesiones. Desde la IGC/10 hasta la IGC/52 y los dos grupos de trabajo, informa que se financiaron 167 de las 250 recomendaciones. Por separado, documenta 55 recomendaciones que no pudieron financiarse por falta de recursos en sesiones concretas.

No es una secuencia sencilla: las solicitudes presentadas de nuevo tras un aplazamiento cuentan como nuevas, también se registran 25 retiradas y hay varios casos excepcionales. Las cifras muestran escasez recurrente, no el porcentaje de todas las personas solicitantes que fueron rechazadas.

Ya existe un sistema de rendición de cuentas. Antes de cada sesión, la nota informativa del Director General debe detallar las contribuciones, los recursos disponibles, los beneficiarios anteriores, las cantidades asignadas y las solicitudes previstas para una reunión posterior. La nota de 2026 incluso identificó las dos recomendaciones para la IGC/53 y su orden de prioridad.

Las decisiones adoptadas al término de la sesión registraron luego el llamamiento del Comité a los Estados miembros y a las entidades públicas o privadas interesadas para que contribuyeran, así como la elección de ocho integrantes del consejo asesor que actuarían a título individual.

Lo que todavía falta en el relato público es una vista única por sesión que una el mandato con el resultado: cuánto apoyo se solicitó, cuánto había disponible, qué solicitudes se recomendaron, cuáles se financiaron, cuáles se apoyaron en principio pero quedaron sin fondos y quién asistió finalmente con financiación del Fondo. Esa vista no sustituiría el juicio independiente del consejo. Mostraría dónde terminaba la evaluación y dónde comenzaba el límite del saldo.

El registro también debería señalar la siguiente decisión. El mandato de la Asamblea General para 2026–2027 pide a la Secretaría que facilite la participación efectiva de los pueblos indígenas en la labor normativa sobre conocimientos tradicionales y expresiones culturales «con los recursos existentes». No garantiza una plaza financiada ni autoriza a la Secretaría a recurrir al presupuesto ordinario. Si los Estados miembros desean un mínimo previsible, deben decidirlo mediante el proceso presupuestario y normativo competente; la Secretaría no puede crear ese piso rebautizando las donaciones voluntarias.

La propuesta es acotada, pero relevante: publicar para cada sesión una nota fechada de capacidad de participación que detalle las necesidades, el saldo disponible, la categoría de recomendación, los fondos comprometidos, la asistencia efectivamente respaldada, el déficit restante y el umbral que activaría una reposición antes del próximo plazo de solicitud. Conviene agregar los datos personales cuando no hagan falta las identidades, respetando a la vez las obligaciones de transparencia aprobadas por la Asamblea General.

Hay que preservar la independencia de las deliberaciones confidenciales del consejo y hacer comprensibles sus categorías y límites financieros.

El Fondo de la WIPO se creó porque el viaje y el alojamiento pueden impedir que las comunidades participen en trabajos que afectan a sus conocimientos y expresiones culturales. Sus reglas ya reconocen ese problema. El expediente de la IGC/53 demuestra el límite de una bolsa voluntaria: el sistema puede recomendar más participación de la que logra financiar. La plaza sin financiación no debe convertirse en una acusación de injusticia ni en una reclamación de autoridad estatal para los observadores.

Debe registrarse como una brecha de financiación, atribuirse al órgano capaz de responder y hacerse visible antes de que la misma aritmética vuelva a ser decisiva en la siguiente sesión.

Fuentes