Resumen

  • La CEPT quiere que la resolución 139 distinga entre quienes carecen de infraestructura adecuada y quienes viven bajo cobertura pero siguen sin usar Internet.
  • El proyecto encomienda a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones alianzas prioritarias frente a la segunda brecha: dispositivos y servicios asequibles, destrezas, accesibilidad y contenido local.

La torre hace su trabajo; el teléfono permanece en la mesa. El anexo 25 de la contribución 75, registrado por la UIT, propone que la organización deje de tratar esos dos hechos como un único fallo de conectividad. Llama «brecha de cobertura» a la ausencia de infraestructura suficiente y «brecha de uso» a la población que dispone de red en su zona pero no la utiliza. A la directora o director de la oficina de desarrollo le asigna la tarea de crear alianzas para atacar la segunda con carácter prioritario.

La resolución 139 vigente desde 2022 ya reconocía la escasa utilización de la banda ancha y citaba el precio y la alfabetización digital. También pedía indicadores, intercambio de experiencias y ayuda para desplegar infraestructura y enseñar habilidades. La novedad del borrador europeo está en el verbo operativo: la oficina debe colaborar de forma intensa para derribar barreras de demanda. El texto enumera el coste de dispositivos y servicios, la accesibilidad, la seguridad, la regulación y los contenidos relevantes. Invita además a estudiar cómo deciden los propios usuarios si adoptan una tecnología.

Las cifras de la UIT de 2025 dan contexto sin mezclar indicadores: más del 96 % de la población mundial tiene cobertura móvil de banda ancha, mientras unos 2.200 millones de personas continúan desconectadas. Son medidas distintas; la brecha de uso requiere su propio indicador. Juntas muestran por qué el mapa de antenas explica sólo una parte del mapa de personas fuera de Internet. El proyecto de la CEPT afirma que la gran mayoría de quienes siguen sin conexión vive en zonas cubiertas.

La oficina de desarrollo seguiría ayudando con redes rurales y formación. El cambio es que tendrá que buscar socios para resolver barreras de adopción, no sólo para instalar acceso. La resolución también mantiene las consultas a los beneficiarios de planes de infraestructura. Con ese material, un gobierno puede descubrir si su próxima inversión necesita una estación base, un teléfono asequible o servicios comprensibles. La conferencia PP-26 decidirá la redacción.

Fuentes