Resumen

  • En 1990, la troncal NSFNET podía usarse sin cargo por las redes autorizadas. RFC 1192 detalló las aportaciones que sostenían esa aparente gratuidad.
  • Trasladar la ayuda pública a investigadores, centros o redes regionales alteraba la competencia y distribuía de otra manera el coste de las largas líneas hacia territorios poco poblados.

La factura que no aparecía en la puerta

La palabra «gratis» dependía de dónde se mirase. Un operador regional autorizado no recibía una cuenta por usar la troncal NSFNET. A una institución situada lejos del punto de presencia, en cambio, la compañía que alquilaba el circuito sí le cobraba el tramo necesario para llegar hasta allí. Brian Kahin puso ambas escenas sobre la mesa en RFC 1192, publicado en noviembre de 1990 como síntesis de un taller celebrado en Harvard en marzo. La cuestión era quién podía elegir el proveedor y quién terminaría costeando una red de alcance nacional.

Stephen Wolff, de la National Science Foundation, había separado dos ideas. Comercializar significaba admitir usuarios y proveedores comerciales en las instalaciones y servicios de Internet. Privatizar significaba retirar al gobierno federal de la prestación o subvención de esos servicios. Un contrato privado no eliminaba automáticamente el dinero público; permitir tráfico comercial tampoco decidía quién pagaba la infraestructura compartida. El taller se resistía así a una historia cómoda en la que el mercado aparecía de golpe y las cuentas desaparecían detrás del telón.

El propio informe calculaba el tamaño de la cuenta central. De unos diez millones de dólares de costes anuales de la troncal, la NSF aportaba menos de tres millones. El fondo estratégico de Michigan contribuía un millón; IBM y MCI cubrían el resto mediante servicios aportados al acuerdo cooperativo operado por Merit. Para las redes intermedias que financiaba, la NSF cubría aproximadamente el 40 % de los gastos de operación. Las cuotas, los gobiernos estatales y otras aportaciones completaban el presupuesto. El cero en la tarifa de acceso era una decisión de reparto, no una descripción del coste físico.

Bajar el dinero por la cadena

Kahin examinó una propuesta clara: cobrar a las redes regionales por usar la troncal y desplazar la subvención federal hacia quienes compraban conectividad. El dinero podía ir al investigador, a la universidad o a la red regional. Cada dirección prometía disciplina del comprador; cada una inventaba su propio cuello de botella administrativo.

Si se añadía dinero de red a las becas de investigación, las universidades podían absorberlo en gastos generales. Muchas no imputaban el coste ordinario de Internet a cada investigador. Los vales de uso restringido parecían una alternativa, pero abrían otra contabilidad. Además, el subsidio ligado a becas federales favorecía a los científicos que las obtenían frente a docentes, humanistas y otros usuarios que compartían la misma conexión del campus. El criterio que simplificaba el trámite federal no describía a toda la comunidad conectada.

Si recibía la ayuda la institución, la universidad podría comparar proveedores y contratar según sus necesidades. Entonces la NSF tendría que determinar qué gastos eran elegibles. ¿La cuota de una red regional? ¿Un módem? ¿Un servicio de información? También tendría que fijar una fórmula de distribución entre centros con tamaños, ubicaciones y recursos distintos. El gobierno dejaría de escoger directamente una troncal, pero pasaría a decidir qué podía comprar cada campus con su dinero.

Si recibían fondos las redes regionales, habría unas pocas decenas de destinatarios en vez de cientos de universidades o miles de personas. La administración era más manejable. Sin embargo, algunas regionales ya competían por miembros. Una subvención grande a una de ellas podía alterar los precios frente a otra red sin que la diferencia reflejara mejor servicio. El informe no encontró un punto donde la ayuda se volviera invisible: al desplazarse, cambiaba al ganador potencial.

La geografía no aceptaba el promedio

Los proveedores comerciales buscaban concentraciones metropolitanas donde conectar clientes de investigación y desarrollo costaba relativamente poco. RFC 1192 mencionó Boston, el área de San Francisco y Washington. Una regional con la expectativa de servir a un territorio amplio tenía otra geometría. Para conectar una institución apartada hacía falta alquilar una línea hasta el nodo más cercano. La pagaba el propio centro o la regional la repartía entre sus miembros. Al compartirla, los precios de la red regional podían parecer peores que los de un proveedor compacto que elegía solo los barrios rentables.

El documento propuso explorar subvenciones ligadas a la densidad, por ejemplo millas de circuito por institución miembro. Incluso planteó que pudieran optar entidades con y sin ánimo de lucro. Era una propuesta de diseño de 1990, sin un registro de aplicación en el propio RFC. Su razonamiento sigue siendo concreto: abrir gratuitamente una troncal en un punto no acorta los kilómetros de circuito que faltan antes de ese punto.

Un nuevo cobro en la troncal habría descendido hasta las cuotas y cargos de conexión regionales. El informe decía que ninguna regional había cerrado todavía y que ninguna institución había abandonado permanentemente su enlace por una subida de precio. Aun así, veía riesgo para las regionales marginales si la ayuda se retiraba deprisa. La institución más alejada era la que necesitaba más cable y podía tener menos alternativas cuando una cuota subía.

El precio de llamar nacional a una red

RFC 1192 no promulgó una fórmula ganadora. Dejó escrito un menú de decisiones y sus consecuencias. Pagar la troncal con fondos públicos ofrecía un servicio común a las redes autorizadas y simplificaba la gestión federal. Poner el dinero en manos del comprador podía atraer proveedores rivales. Si ese traslado ignoraba la distancia, la competencia comenzaría por las zonas fáciles y la cuenta de las rutas largas quedaría en la periferia. La comercialización temprana de Internet también se jugó en esa aritmética: no bastaba con anunciar una gran vía nacional; alguien tenía que financiar cada camino que permitía entrar en ella.

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