Resumen

  • El Federal Council suizo quiere que los usuarios puedan avisar a las plataformas de comunicación cubiertas sobre cualquier contenido que consideren presuntamente ilícito.
  • Las plataformas muy grandes y los motores de búsqueda también tendrían que evaluar y reducir los riesgos para menores. Son medidas propuestas, no obligaciones vigentes.

El 14 de octubre, el Federal Council suizo definió el siguiente paso de su proyecto de ley para plataformas de comunicación y motores de búsqueda tras revisar 214 respuestas a la consulta. La nueva orientación ampliaría el procedimiento de aviso a todo contenido presuntamente ilícito, en lugar de limitarlo a una lista de delitos. También incorporaría una obligación para que las plataformas muy grandes y los motores de búsqueda evalúen los riesgos que sus servicios crean o agravan para los menores y adopten medidas para reducirlos. El Gobierno propone además prohibir la publicidad dirigida a menores mediante perfiles de comportamiento.

La decisión no convierte esas medidas en derecho vigente. El Federal Council encargó al DETEC preparar el mensaje legislativo. Las versiones francesa y alemana indican que debe estar listo a finales de junio de 2027; el resumen en inglés dice a finales de 2027. Se trata de un plazo de preparación, no de una fecha de entrada en vigor. El anuncio no incluye el texto revisado.

La consulta se desarrolló entre el 29 de octubre de 2025 y el 16 de febrero de 2026. El informe oficial registra 136 participantes a favor total o parcialmente, 53 en contra total o parcialmente, 13 neutrales y 12 que no expresaron posición. Son aportaciones de quienes participaron en el procedimiento, no una encuesta representativa de la población suiza ni una votación sobre una ley definitiva. El Gobierno describió el proyecto como ampliamente respaldado, pero el resultado no fue unánime.

El borrador sometido a consulta ya contemplaba que los usuarios pudieran comunicar a una plataforma de comunicación contenidos que considerasen ilegales. La lista mínima incluía nueve categorías, entre ellas representaciones de violencia, difamación, amenazas, acoso sexual y discriminación o incitación al odio. La plataforma debía tramitar el aviso y decidir en un plazo razonable si actuaba. El aviso no era por sí mismo una conclusión jurídica ni una orden de retirada.

En las respuestas específicas sobre ese procedimiento, 53 participantes pidieron extenderlo a todos los contenidos ilícitos, 26 quisieron añadir delitos y 12 prefirieron conservar la lista original. El Federal Council propone ahora que se pueda señalar cualquier contenido presuntamente ilegal. Esto amplía lo que los proveedores deben examinar, pero no demuestra que el contenido denunciado infrinja la ley. El próximo texto tendrá que explicar cómo se evalúa el aviso, qué medidas pueden seguir y cómo puede recurrir la persona afectada por una restricción.

Las medidas para menores también responden a la consulta. Las plataformas muy grandes y los motores de búsqueda tendrían que analizar si sus servicios generan o agravan riesgos para los menores y adoptar medidas de mitigación. El Federal Council quiere prohibir asimismo la publicidad basada en perfiles cuando se dirige a menores. El informe recoge peticiones adicionales, como controles de edad y herramientas parentales, pero el anuncio del 14 de octubre no establece una obligación general de comprobar la edad ni una prohibición de las redes sociales para menores.

El apoyo declarado convivió con reparos concretos. De los 24 cantones que respondieron, 22 respaldaron el borrador, uno mostró reservas y otro lo rechazó. Entre los cuatro proveedores de plataformas o buscadores que enviaron comentarios, Google Switzerland y Meta Platforms Ireland rechazaron el proyecto; Microsoft se mostró más bien contrario, y TikTok Switzerland no tomó posición. El informe menciona preocupaciones sobre la libertad de expresión e información, la seguridad jurídica y la proporcionalidad. También advierte que un canal de avisos amplio podría incentivar la retirada excesiva de contenidos.

El ámbito previsto sigue siendo el de los servicios muy grandes; el Gobierno dice que el proyecto no se extenderá a servicios más pequeños. Su efecto dependerá de detalles todavía pendientes: qué significa sospecha de ilegalidad, cuánto tiempo hay para tramitar un aviso, qué recursos existen, cómo se justifican las decisiones, qué riesgos deben medirse y quién supervisa. Hasta que se publique un borrador revisado y avance el trámite parlamentario, Suiza ha anunciado un cambio de rumbo legislativo, no un nuevo régimen de moderación en vigor.

Fuentes