Resumen

  • La SEC propone derogar la regla 206(4)-5, que puede impedir que un asesor de inversiones cobre por atender a un cliente público durante dos años tras ciertas aportaciones políticas, y eliminar las obligaciones de registro vinculadas a esas aportaciones.
  • La propuesta aún no es definitiva. Los comentarios vencen el 9 de noviembre; la prueba de gobernanza será si las políticas de cada firma y las normas que siguen vigentes mantienen salvaguardas verificables sin la carga general de la regla actual.

En el expediente S7-2026-31, la Securities and Exchange Commission propone suprimir un mecanismo federal que vincula ciertas aportaciones políticas con la posibilidad de que un asesor cobre por un mandato público. La SEC emitió la propuesta el 3 de septiembre y la publicó en el Federal Register el 10 de septiembre. El expediente sigue clasificado como propuesta y fija el 9 de noviembre de 2026 como fecha límite para comentarios. La Comisión todavía no ha derogado la regla.

La regla 206(4)-5 establece, por lo general, una prohibición de cobrar durante dos años cuando un asesor o una persona asociada cubierta contribuye a determinados cargos electos o candidatos que pueden influir en la selección de un asesor por una entidad pública. También limita ciertas actividades de solicitud y coordinación vinculadas a contratos públicos. Incluye excepciones, como umbrales para aportaciones pequeñas y un procedimiento para pedir exenciones.

Además, la regla 204-2 obliga a los asesores registrados a conservar datos concretos sobre personas asociadas cubiertas, clientes públicos, aportaciones y pagos a quienes solicitan negocios públicos.

El paquete propuesto derogaría la regla 206(4)-5 y retiraría de la regla 204-2 esos registros específicos sobre aportaciones políticas. No eliminaría las prohibiciones contra el fraude ni las obligaciones fiduciarias de la Advisers Act, las reglas de cumplimiento o el código de ética. Tampoco desplazaría otras normas federales, estatales o locales sobre corrupción, contratación pública o financiación de campañas. La SEC sostiene que las firmas seguirían gestionando estos riesgos con políticas y procedimientos adaptados a su exposición.

También continuarían otros registros —políticas de cumplimiento, revisiones anuales, documentos del código de ética y contratos con clientes— disponibles para la Comisión durante sus inspecciones.

La justificación de la SEC se centra en problemas concretos. Afirma que la regla es compleja, que puede resultar difícil identificar a las personas asociadas y los cargos públicos pertinentes, y que una aportación pequeña o realizada en el pasado puede afectar una contratación o la disponibilidad de asesores para fondos públicos de pensiones aunque no exista un riesgo material de conducta indebida. La Comisión también señala que algunas firmas prohíben aportaciones de forma más amplia que la exigida, con posibles efectos sobre la expresión política lícita.

Son argumentos y estimaciones de la SEC; no demuestran que toda aportación sea inocua ni que todos los controles actuales sean excesivos.

La alternativa no consiste en dejar el sector sin normas. Se pasaría de una consecuencia federal común activada por un hecho concreto, junto con sus registros específicos, a controles definidos por cada asesor bajo las obligaciones generales del sector y otras leyes. Esa flexibilidad puede ajustarse mejor a los riesgos de una firma. También puede hacer menos comparables las salvaguardas y los documentos disponibles para revisión entre firmas y jurisdicciones.

El expediente muestra la diferencia entre participar y decidir. Contiene comentarios públicos y memorandos del personal sobre reuniones, incluido un comentario del 16 de octubre de Michael W. Bishop, asesor independiente que se opone a la derogación completa. Su argumento es que una prohibición preventiva puede abordar influencias difíciles de probar como un intercambio consumado. Es la opinión de una persona, no una encuesta representativa ni una conclusión de la SEC. Un memorando sobre una reunión con el Investment Company Institute acredita participación, no aprobación de la Comisión. La decisión regulatoria sigue correspondiendo a la SEC.

La propuesta también plantea opciones más limitadas. La SEC pregunta si debería modificar los umbrales de aportación, las definiciones, el periodo de revisión retrospectiva, la prohibición de dos años o los registros que se conservan. Son alternativas sometidas a consulta, no requisitos ya adoptados. Habrá que observar si los comentarios identifican controles menos gravosos pero suficientemente visibles para una inspección, y si la decisión final conserva registros comparables.

Fuentes