Resumen

  • Ofcom propone licencias para radares de detección de drones en 24 y 16 GHz; su página oficial todavía marca la consulta como cerrada y pendiente de decisión.
  • La propuesta separa detección y contramedidas. Falta hacer visible cómo se entrega una observación al organismo que sí puede decidir, sin convertir al operador del radar en autoridad de intervención.

El borrador conoce el equipo con precisión

Ofcom pide que el licenciatario registre dónde está el radar, qué frecuencias utiliza y con qué potencia transmite. La ubicación debe quedar identificada mediante una referencia de cuadrícula nacional con precisión de al menos diez metros. El borrador también exige operar sin interferir con otros usuarios y sin reclamar protección frente a ellos.

La pregunta que el documento no responde es distinta: cuando el radar detecta un dron, ¿quién recibe esa información? El borrador de licencia describe la autorización de un aparato radioeléctrico. No crea un canal de alerta, un plazo de confirmación, una ruta de escalado ni un registro de la decisión que venga después.

La consulta de Ofcom se publicó el 16 de julio de 2026 y cerró el 30 de septiembre. La página oficial, actualizada el 20 de octubre, mantiene el estado “Pending Statement (Closed)”. La licencia de radar sigue siendo una propuesta. Ofcom prevé publicar su declaración a comienzos de 2027.

Detectar no equivale a neutralizar

El texto de consulta distingue de forma expresa la detección de las medidas activas. La licencia propuesta no cubriría el bloqueo de señales ni otros efectores electrónicos. Ofcom explica que esas medidas quedan fuera de las facultades que le otorga la Wireless Telegraphy Act; determinados organismos públicos pueden actuar bajo poderes legales separados.

Esa división tiene sentido. El regulador del espectro puede fijar frecuencias, límites de potencia, distancias de exclusión y condiciones para evitar interferencias. Una autorización de radio no debería transformarse en un permiso general para impedir que una aeronave funcione. El problema de gobernanza empieza justo en la frontera: el equipo detecta, pero la facultad de responder está en otro sitio.

La consulta no publica un protocolo separado que nombre al destinatario, el acuse de recibo y la ruta de escalado. Un procedimiento público con esos tres datos cambiaría el registro; por ahora, el recorrido publicado termina en el equipo autorizado.

Las respuestas públicas no asignan ese papel

La respuesta individual de la CAA pide confianza en la coordinación, la licencia y la resiliencia operacional cuando radares CUAS y sistemas de detección y evitación funcionan cerca unos de otros. También destaca la protección frente a interferencias. Sus observaciones se refieren a seguridad y convivencia radioeléctrica; no designan al destinatario de una alerta.

El Home Office apoya el uso de bandas de guarda para proteger sistemas TETRA de seguridad pública junto a 450 MHz. También cita el ensayo de Ofcom en Baldock, donde la precisión de un cinemómetro se mantuvo durante las mediciones de radar para detectar drones. El ensayo mide la interferencia; la consulta no indica quién tramita un aviso operativo.

Conviene no mezclar ambos expedientes. La calidad de la convivencia radioeléctrica y la atribución de autoridad para intervenir son controles distintos. El primero aparece en el proyecto técnico; el segundo necesita un documento operativo o legal con un responsable identificable.

Publicar un relevo, no inventar un poder

Ofcom debería mantener la licencia dentro de su cometido radioeléctrico. Ampliarla para autorizar una intervención borraría la separación que el propio regulador expone. El relevo debe acordarse con los organismos que ya tienen funciones operativas o facultades legales, con participación de los operadores de radar y de la autoridad de aviación.

Un registro breve podría cerrar la brecha de trazabilidad: identidad y ubicación del sensor; hora, lugar y grado de confianza de la observación; destinatario designado; confirmación de recepción; ruta de escalado; y autoridad que tomó cualquier decisión posterior, junto con su base legal. El registro no convertiría una pista de radar en una orden. Su función sería permitir que cada actor demuestre qué recibió y qué hizo con ello.

La CAA pregunta por coordinación y resiliencia. El Home Office presenta una observación de coexistencia radioeléctrica. Ninguna de esas respuestas es una declaración final de Ofcom ni un acuerdo general entre organismos. Son señales de que varios problemas de seguridad conviven en la propuesta, aunque cada uno requiere su propia autoridad y su propio expediente.

La declaración prevista para comienzos de 2027 puede cambiar la banda o las condiciones técnicas. También debería señalar qué documento fija el paso de la detección a la respuesta. Ofcom puede autorizar al radar a escuchar. El registro público aún tiene que decir quién recibe lo que oye.

Fuentes