Resumen

  • La lista pública de Moldavia mostraba 9.318 entradas el 21 de octubre de 2026. La cifra cuenta páginas, plataformas y aplicaciones, no personas ni bloqueos confirmados.
  • La Agencia de Servicios Públicos (ASP) afirma que no dispone de datos sobre cuántas personas visitan esas ofertas. El registro público documenta el trabajo administrativo, pero no cuántos usuarios quedaron fuera.

Un registro no mide a quienes quedan al otro lado

La cifra está a la vista en la lista pública de ASP: 9.318 entradas, con fecha de actualización del 21 de octubre. La página reúne sitios, plataformas y aplicaciones por las que se accede a juegos de azar no autorizados. Cada número identifica una entrada del inventario. No equivale a un operador único, una persona distinta ni una visita que un bloqueo haya impedido.

El 2 de septiembre, ASP comunicó que más de 7.600 sitios y plataformas se habían incluido en el mecanismo de bloqueo, frente a 735 en 2021. Son cifras publicadas en momentos distintos y con etiquetas distintas; los documentos no ofrecen una base común para calcular una tasa de crecimiento limpia. Lo que sí enseñan es qué puede contar la institución: objetivos detectados y añadidos al registro.

Sobre las personas, ASP es explícita. Dice que no tiene datos de cuántas acceden a plataformas no autorizadas y que carece de atribuciones y medios técnicos para interceptar, vigilar o analizar el tráfico de Internet de los ciudadanos. El desequilibrio salta a la vista: la Administración enumera cada objetivo, pero no sabe cuántas personas alcanza el fenómeno.

El bloqueo no sale de una sola oficina

ASP explica que supervisa la oferta en línea junto con la Lotería Nacional y los operadores autorizados. Identifica páginas, aplicaciones y plataformas y actualiza la lista. Después avisa a ARCOM, el regulador nacional de comunicaciones electrónicas, que ordena a los proveedores de Internet bloquear las fuentes señaladas. En un aviso a los proveedores, ARCOM invoca la Ley 291/2016 y una decisión administrativa de 2021, y pide bloquear de inmediato el acceso.

La red es solo una parte del mecanismo. Según ASP, el Ministerio del Interior investiga a los organizadores y las entidades bancarias y de pago reciben a diario identificadores para impedir transacciones. La Agencia Nacional de Ciberseguridad vigila la resiliencia de redes y las amenazas híbridas; ASP dice que no bloquea páginas por criterios económicos. Detección, orden, filtrado, investigación y pagos son palancas distintas.

Por eso «bloqueado» necesita un sujeto y una etapa. ASP puede acreditar que identificó una entrada y la envió al regulador. La orden acredita otra acción. La confirmación del proveedor acredita una tercera. La página de la lista, por sí sola, no reúne esos recibos.

La caja pública cuenta otra historia

En su comunicado del 2 de septiembre, ASP atribuye el aumento de los ingresos presupuestarios a sus medidas junto con operadores autorizados: MDL 65.467.363 en 2021, MDL 504.560.848 en 2025 y MDL 436.253.595 durante el primer semestre de 2026.

La serie importa, pero no es un recuento de usuarios protegidos. El comunicado no separa cuánto corresponde al bloqueo, a las licencias, al control de pagos o a otros cambios del mercado de juego. Para comprobar la atribución hace falta una cuenta que conecte los instrumentos con los ingresos. Hoy el documento ofrece los montos y la explicación de ASP; no ofrece ese cálculo.

Más velocidad requiere un reloj público

El 2 de septiembre, ASP dijo que preparaba con la Agencia de Propiedad Pública y la Lotería Nacional una Plataforma Inteligente para Identificar Sitios No Autorizados. Estaba en fase final de aprobación. El intercambio automático por MConnect, la plataforma gubernamental de interoperabilidad, debía acortar el tramo entre la detección y el bloqueo. El anuncio no fijó una fecha de puesta en marcha ni publicó resultados operativos.

ASP también describe el terreno: las páginas espejo pueden aparecer en horas; una VPN o un DNS alternativo puede sortear el bloqueo; eliminar definitivamente un dominio .md exige un procedimiento legal entre varias instituciones. Automatizar el aviso reduce un tramo del camino. No acorta por sí solo todos los demás.

La fecha de actualización de la lista ya da una señal de actividad. La siguiente señal útil sería una cronología: cuándo se detectó cada entrada, cuándo se notificó a ARCOM, cuándo llegó la orden y cuándo confirmó el proveedor. Así se puede medir la gestión sin convertir la navegación de los ciudadanos en un expediente.

Moldavia tiene una lista extensa, competencias repartidas y un proyecto para acelerar el intercambio. El indicador que falta es el efecto sobre las personas. La solución no es vigilar a cada usuario; es dejar de presentar el tamaño del inventario como si midiera la protección que ofrece.