Resumen

  • El 20 de julio de 2026, la Junta de la ICANN aprobó los Objetivos de la Oficina del Ombuds para FY27 y explicó que evaluará al Ombuds contra objetivos específicos. La resolución publicada no enumera esos objetivos ni enlaza el documento que los contiene.
  • No falta un plan operativo. El plan FY27 adoptado ya expone tres prioridades, una lista concreta de actividades y seis familias de indicadores. Falta la correspondencia pública que una cada objetivo aprobado con su actividad, medida, frecuencia de evidencia y resultado final.
  • La matriz puede proteger lo que debe ser confidencial. No necesita revelar casos, denunciantes, deliberaciones de personal, autoevaluaciones ni remuneraciones; basta con publicar la autoridad, la versión, la clase de prueba, el estado y la decisión de cierre.
  • Esa interfaz importa porque el Ombuds debe poder examinar trato injusto que involucre a la propia Junta y, a la vez, responde formalmente ante ella. Una evaluación legible reduce tanto la sospecha de injerencia como la tentación de convertir la independencia en ausencia de rendición de cuentas.

La Junta publicó la aprobación, no el instrumento aprobado

La resolución 2026.07.20.06 no deja dudas sobre la cadena de decisión. El Ombuds elaboró los objetivos FY27. El Comité de Remuneración los discutió con el Ombuds y recomendó que la Junta los aprobara. La Junta los examinó, concluyó que eran apropiados y coherentes con el Plan Estratégico, y los aprobó.

La justificación define también su función: el Ombuds informa a la Junta y será evaluado por ella frente a objetivos específicos.

Ahí termina la trazabilidad pública. La página no incluye los objetivos, no señala un anexo y no remite a una ficha separada. Los documentos relacionados —agenda e informe preliminar— repiten el acto, no el contenido. Un lector puede comprobar que la Junta tomó la decisión y conocer su fundamento general. No puede identificar el criterio exacto que la Junta aplicará cuando valore los datos del año.

El límite de la evidencia es importante. El expediente interno puede estar completo. Los objetivos pueden coincidir casi por entero con el plan público. Puede haber elementos personales que merezcan reserva. Nada de lo revisado demuestra que la evaluación no exista, que se haya omitido una revisión o que algún objetivo sea inadecuado.

Tampoco hay base para llamar a esto una tachadura. En la misma reunión, una decisión sobre remuneración de directivos sí contiene una cláusula expresa de confidencialidad por información laboral. En mayo, los objetivos del director ejecutivo recibieron otra disposición explícita de reserva. El punto del Ombuds no contiene una cláusula equivalente. Esto no crea por sí solo una obligación legal de publicar; simplemente deja sin explicar qué parte del instrumento, si alguna, se considera protegida.

El problema verificable es más estrecho: una decisión pública con autoridad aprueba un estándar específico, pero el público no puede inspeccionar el estándar ni una representación segura de él.

El trabajo previsto sí se puede ver

El Plan Operativo y Financiero FY27–31 adoptado por la Junta dedica un apartado sustantivo a la Oficina del Ombuds. Describe su función neutral en la resolución de conflictos y en las reclamaciones por trato injusto o acoso. Después organiza el trabajo en tres prioridades: excelencia e integridad operativa; accesibilidad, confianza y colaboración; y mejora sistémica con prevención.

La lista para FY27 es concreta. La Oficina mantendrá presencia en las reuniones públicas de la ICANN, atenderá todos los casos, derivará los asuntos fuera de alcance, facilitará la resolución entre miembros y grupos, revisará procesos e implantará un nuevo sistema de gestión de casos. Hará encuestas y publicará aprendizajes, mantendrá un sitio accesible, difundirá entre nueve y doce blogs, emitirá informes para la comunidad, el informe anual y reportes a la Junta. También promoverá la política contra el acoso, preparará recursos sobre conducta y conflicto, y apoyará de forma específica a entre dos y cuatro grupos comunitarios.

El plan identifica seis familias de KPI: satisfacción; cumplimiento presupuestario y eficiencia de costes; presencia y percepción; confianza; participación; y prevención y promoción. Anticipa el uso conjunto de encuestas, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas.

No son frases vacías. Puede verificarse si hubo nueve o doce publicaciones, si se ayudó a dos o cuatro grupos, si el sistema de casos entró en servicio o si apareció el informe anual. Las encuestas pueden crear series comparables.

Pero un plan de trabajo y una ficha de evaluación no son idénticos por defecto. La resolución de julio habla de objetivos específicos y no afirma que sean exactamente los mismos elementos del plan. El plan no muestra ponderaciones, metas para cada KPI ni el método con que la Junta convierte la evidencia en una conclusión. Los documentos públicos no permiten asegurar que existan dos conjuntos distintos, pero tampoco que el plan sea la totalidad del examen.

La incógnita no es qué hace la Oficina. Es cómo se conecta ese trabajo con el juicio de la Junta.

La arquitectura está publicada por piezas

La ICANN ofrece casi toda la cadena en documentos separados.

La carta del Comité de Remuneración le atribuye la recomendación de niveles de remuneración, métricas de desempeño y remuneración variable del Ombudsman. La descripción pública del puesto dice que el Ombuds reporta directamente a la Junta, informa regularmente a su presidencia y presenta al Comité el avance de objetivos semestrales. La resolución de julio enseña el paso desde la preparación de los objetivos hasta la aprobación por la Junta. El informe anual aporta después resultados públicos.

Se puede saber quién propone, quién revisa, quién aprueba y quién informa. No se puede seguir un objetivo desde su nacimiento hasta su cierre.

¿Qué objetivo aprobado emplea el indicador de confianza? ¿Qué evidencia llega al primer examen semestral? ¿Doce blogs son un resultado o solo una actividad? ¿Qué ocurre si cambia la demanda de mediación? Cuando el juicio depende de casos confidenciales, ¿puede el registro público señalar que la Junta examinó una clase de prueba protegida? ¿Qué decisión cierra el objetivo al final del ejercicio?

La ausencia de un identificador común obliga a reconstruir. Esa reconstrucción favorece a quien conoce la institución y penaliza al recién llegado. También dificulta que una futura Junta compare un año con otro cuando cambian los titulares, las etiquetas o los enlaces.

Un informe anual rico no sustituye la evaluación

El informe FY25 demuestra que la Oficina es capaz de publicar evidencia sin quebrar la confidencialidad. Indica que los casos dentro de alcance aumentaron 50 % respecto de FY24 y 200 % desde FY22. El 78 % correspondió a asesoría, apoyo o solución colaborativa, no a denuncias formales. Al cierre quedaban tres casos abiertos y ninguno superaba el tiempo máximo fijado por la Oficina. El 94 % de los casos abiertos durante el periodo estaba cerrado; el 70 % terminó con una solución autogestionada por la persona que recibió apoyo.

El informe establece además seis compromisos: confidencialidad, trato justo, imparcialidad, independencia, dignidad y respeto, y claridad de función. La Ombuds afirma que se hará responsable de ellos y que espera que la comunidad también la exija.

Esa invitación a exigir cuentas es valiosa. Sin embargo, el informe está redactado por la Oficina y cumple la obligación estatutaria de ofrecer un análisis consolidado de quejas y resoluciones. No es la ficha aprobada por la Junta ni una resolución que diga qué objetivo se cumplió.

La distinción evita conclusiones torpes. Más casos pueden significar mayor confianza, más conflicto, mejor conocimiento del servicio o una taxonomía distinta. Una tasa de cierre no prueba por sí sola que el resultado fuera justo. Publicar blogs mide producción, no comprensión. En una solución autogestionada, la confidencialidad y el carácter voluntario pueden impedir conocer el desenlace definitivo.

La matriz no debe sumar datos inconmensurables para fabricar una nota. Su función es conservar qué pregunta responde cada evidencia y qué inferencias quedan fuera.

La independencia requiere una frontera visible

Toda oficina de Ombuds vive una tensión legítima. Necesita independencia de quienes puede investigar, pero también una autoridad que la nombre, le asigne presupuesto, revise su desempeño y, con garantías, pueda removerla. El aislamiento absoluto elimina responsabilidad. La subordinación ordinaria elimina confianza.

La estructura de la ICANN reconoce ambas cosas. La Oficina es independiente de la organización; la Junta es su punto formal de rendición de cuentas. Los estatutos protegen la presentación de su presupuesto y exigen tres cuartas partes de la Junta para la destitución. El Marco de junio define una independencia de estructura, función, apariencia, propósito, práctica y decisión. Al mismo tiempo, la Junta nombra y evalúa al Ombuds, mientras su Comité de Remuneración se ocupa de métricas y recomendaciones de pago por desempeño.

No hay prueba revisada de que esta relación haya causado injerencia. El silencio sobre la evaluación, sin embargo, alimenta dos imaginaciones opuestas. Un crítico puede suponer que la Junta premia la comodidad institucional. Un defensor puede usar la palabra independencia para rechazar cualquier pregunta sobre resultados. Ninguna conclusión está respaldada. Una interfaz visible reduciría el espacio de ambas.

La encuesta de referencia de 2025 ayuda a delimitar el asunto. Respondieron voluntariamente 81 personas, por lo que no es una muestra representativa ni una votación comunitaria. Dentro de ese grupo, 40 % expresó confianza en que la Oficina funciona con independencia y 19 % discrepó. La confianza en la confidencialidad llegó a 58 %; 42 % consideró robustos los procesos para quejas y disputas.

Esos números no califican a la Ombuds. Señalan dimensiones que merecen seguimiento con definiciones estables. Una matriz no produce confianza, pero sí muestra dónde termina el control de la Junta y dónde comienza la autonomía del caso.

Una matriz pública puede ser deliberadamente incompleta

La solución proporcional consiste en publicar una fila por cada objetivo aprobado o, si su redacción contiene información protegida, por cada clase pública de objetivo. La matriz debería abrirse al aprobar los objetivos, actualizarse en el control semestral y cerrarse tras la evaluación anual.

Cada fila puede incluir:

  • identificador y versión estables;
  • objetivo público o clase no sensible;
  • autoridad y fecha de aprobación;
  • prioridad y actividades del plan relacionadas;
  • familia de KPI y definición de la medida;
  • línea de base, meta o razón para no publicar la meta;
  • fuente de evidencia y periodicidad;
  • estado definido: no iniciado, en curso, en riesgo, revisado, completado o no evaluable;
  • decisión final de la Junta;
  • explicación de desviación o sustitución;
  • límite de confidencialidad y custodio institucional; e
  • historial de correcciones.

Quedan fuera los nombres, relatos de casos, información identificable, informes confidenciales a la Junta, autoevaluaciones privadas, importes de remuneración y opiniones de cada director. La comunidad no adquiere un veto sobre una decisión laboral.

Una fila puede decir «evidencia cualitativa protegida examinada el 15 de enero» sin publicarla. Una meta puede permanecer reservada para evitar convertir el volumen de quejas en cuota. Un cambio puede conservar la versión original y documentar la nueva condición operativa.

Eso es metainformación de rendición de cuentas. Demuestra que había una prueba, que la evidencia llegó a la autoridad y que el objetivo alcanzó un estado conocido. No abre el expediente personal.

Las defensas más fuertes marcan el diseño correcto

La publicación de metas puede provocar comportamientos perversos. Un Ombuds presionado por el volumen podría buscar cierres fáciles o comunicación visible en lugar de asuntos difíciles. Por eso los recuentos de quejas no deben funcionar como cuotas y las medidas sensibles deben incluir una advertencia contra su uso aislado.

La evaluación también necesita franqueza. La Junta y el Ombuds deben poder discutir una debilidad o un fracaso sin convertir cada juicio en un comunicado. La matriz puede reservar el análisis narrativo y las posiciones individuales, publicando únicamente la arquitectura y el estado final.

La carga administrativa es otra objeción válida. Una Oficina pequeña no debería producir un informe duplicado. La matriz debe generarse a partir de la aprobación y los controles que ya existen, y enlazar el plan, las encuestas y el informe anual. Si no puede hacerse sin reconstruir todo manualmente, esa dificultad revela una fragmentación que también afecta a la supervisión interna.

Por último, transparencia no significa gobierno por comentario. La Junta conserva la competencia legal para evaluar. La participación aporta hechos, advertencias y crítica; no se convierte automáticamente en autoridad. La matriz permite verificar el uso de la autoridad sin transferirla.

Límites de la evidencia

Este análisis identifica una brecha pública, no un incumplimiento interno. No demuestra que falte un conjunto completo de objetivos, una tabla privada o una revisión semestral documentada. No prueba que los objetivos difieran del plan, que deban publicarse por ley, que el Ombuds incumpliera uno, que un director interviniera en un caso o que la remuneración afectara una decisión.

El informe FY25 pertenece a otro periodo. Los 81 encuestados no representan a toda la comunidad. Los volúmenes no equivalen a calidad sin contexto. Parte de la evidencia debe permanecer confidencial para que la Oficina funcione.

El hecho comprobado es modesto y suficiente: la ICANN publica un plan detallado para FY27 y, por separado, anuncia que aprobó objetivos específicos para la evaluación de la Junta, pero no publica el enlace entre ambas cosas. La respuesta adecuada es una correspondencia segura, no una exigencia de exposición total.

Fuentes

  1. Junta de la ICANN — Resoluciones aprobadas del 20 de julio de 2026
  2. ICANN — Plan Operativo y Financiero FY27–31 adoptado
  3. ICANN — Carta del Comité de Remuneración de la Junta
  4. Oficina del Ombuds — Informe anual FY25
  5. ICANN — Descripción del puesto de Ombuds
  6. Oficina del Ombuds — Encuesta de referencia 2025 y plan de acción
  7. ICANN — Marco y proceso de la Oficina del Ombuds
  8. ICANN — Estatutos vigentes
  9. Junta de la ICANN — Resoluciones aprobadas del 3 de mayo de 2026