Summary

  • En la ceremonia de traspaso del 5 de octubre, el nuevo director general de la ARTP, Cheikh Tidiane Sarr, presentó una agenda que combina regulación de telecomunicaciones basada en datos, medición de calidad en tiempo real y reforma postal.
  • La Ley 2018-28 ya somete al director general a un contrato de desempeño por un plazo definido, firmado por los ministerios de Finanzas y Telecomunicaciones, el Consejo de la ARTP y el propio director. Un despacho independiente elegido por el Consejo lo evalúa cada año.
  • La pregunta de gobernanza es si las metas de Sarr aparecerán en ese contrato y en los informes posteriores. Las fuentes consultadas no muestran sus objetivos concretos ni un resultado de evaluación.

Un mandato amplio que aún necesita medidas

Sarr tomó el relevo de Dahirou Thiam el 5 de octubre. En la ceremonia describió tres principios para su gestión: continuidad, transformación y exigencia de resultados. Ante la expansión de 5G y la perspectiva de 6G, la nube, el Internet de las cosas, los satélites de alta capacidad y las finanzas digitales, dijo que la ARTP debe anticiparse. Su propuesta es avanzar hacia una regulación de quinta generación, apoyada más en datos, transparencia, mediciones de calidad de servicio en tiempo real y herramientas de control modernas.

La Agencia de Prensa Senegalesa informó que citó el marco GEN5 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que había presentado las líneas principales de su proyecto a la comisión de selección.

La agenda también abarca los servicios postales. Sarr planteó acompañar la reestructuración y recuperación estratégica de SN Poste, mejorar la financiación del servicio postal universal y contribuir a un marco unificado para la regulación postal y logística. Son prioridades anunciadas, no medidas ya ejecutadas. El comunicado de la ceremonia no fija puntos de partida, fechas ni indicadores para medirlas.

La ley ofrece un mecanismo de responsabilidad previo a estas promesas. El artículo 237 del Código de Comunicaciones Electrónicas de Senegal, Ley 2018-28, establece que el director general queda sujeto a un contrato de desempeño al asumir el cargo. Lo firman, por un periodo determinado, el ministerio de Finanzas, el ministerio responsable de Telecomunicaciones, el Consejo de la ARTP y el director general. Un despacho independiente, elegido por el Consejo, evalúa el contrato anualmente.

El artículo 233 atribuye al Consejo decisiones regulatorias específicas sobre expedientes preparados por el director general y le encarga vigilar los compromisos del contrato. El artículo 234 incluye en sus deliberaciones las orientaciones generales, el plan de acción, el programa anual y los informes de actividad y gestión.

La separación de funciones importa. El director general encabeza la administración y prepara expedientes; el Consejo decide los asuntos regulatorios que la ley le reserva y supervisa el cumplimiento del contrato. La cuestión no es si el discurso inaugural prueba resultados, sino si la autoridad, las metas y la evaluación quedan conectadas de forma que el público pueda atribuir cada resultado.

Hay además un proceso abierto con otra cronología. La ARTP inició el 30 de septiembre una consulta sobre las perspectivas del sector y el marco para nuevos actores y tecnologías emergentes, cinco días antes del relevo. Invita al ecosistema digital, a asociaciones de usuarios y al público a presentar comentarios con base en el artículo 208; el plazo vence el 21 de octubre a las 18:00, hora de Dakar. La evidencia disponible no permite atribuir la consulta a Sarr y esta no es una regla aprobada. Sí ofrece una primera prueba de cómo la nueva dirección incorporará un proceso de participación que ya estaba en marcha.

El seguimiento debería buscar tres documentos: la síntesis de comentarios tras el 21 de octubre, las metas del contrato de desempeño y el informe de evaluación anual. Sin ese recorrido, la regulación basada en datos seguirá siendo una orientación. Con él, las promesas sobre redes y servicio postal podrán revisarse por separado.

Fuentes