Summary

  • El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignó 49.100 millones de euros a medidas relacionadas con la administración pública. En la muestra de 235 medidas de quince países estudiada por el Tribunal de Cuentas Europeo, los proyectos digitales sumaron el 53 % de las medidas y el 71 % de sus costes estimados. Ese porcentaje de costes corresponde a la muestra.
  • De las subrecomendaciones de 2019 y 2020 sobre administración evaluadas, el 35 % quedó ampliamente atendido, el 58 % solo de manera marginal y el 7 % nada. En gobernanza, únicamente el 14 % quedó ampliamente atendido; ninguna subrecomendación administrativa del conjunto se atendió por completo.
  • Entre las medidas de la muestra previstas para terminar antes de acabar 2025, se entregaron todos los productos pactados, pero solo el 36 % mostró resultados importantes. En la revisión sobre el terreno, había indicadores de resultados para siete de dieciséis medidas.

La casilla de «entregado» se llena antes que la de «mejoró»

La Unión Europea asignó 49.100 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a medidas relacionadas con la administración pública: el 8,5 % del presupuesto de 577.000 millones recogido en la auditoría de octubre de 2026. Para acceder a los fondos, los países presentaron inversiones y reformas vinculadas a recomendaciones específicas del Semestre Europeo. El contrato de ejecución comprueba hitos y objetivos. Una plataforma puesta en marcha satisface un hito nítido. Que un trámite tarde menos, cueste menos o se resuelva con mejor criterio requiere mirar lo que pasa después.

El Tribunal examinó 235 medidas administrativas de quince Estados miembros y estudió con más detalle Chequia, Alemania, Grecia y España. En esa muestra, 124 medidas correspondían a digitalización y administración electrónica: el 53 % del número de medidas y el 71 % de los costes estimados. Esas proporciones describen los proyectos analizados; no descomponen los 49.100 millones asignados en toda la Unión. Los gobiernos explicaron que la pandemia exigía servicios digitales y que estos proyectos parecían más fáciles de ejecutar dentro del plazo del fondo. El reloj ayudó a escoger la reforma que se puede inaugurar.

La otra mitad de la historia está en las recomendaciones que los planes debían abordar. Entre las subrecomendaciones administrativas de 2019 y 2020 examinadas, el 35 % quedó ampliamente atendido, el 58 % marginalmente y el 7 % sin atender; ninguna por completo. En las relacionadas con eficiencia administrativa, aproximadamente la mitad quedó ampliamente atendida. En gobernanza, con cambios más profundos de capacidad y coordinación, la cifra fue del 14 %. El Tribunal juzga hasta qué punto unos planes respondieron a un conjunto definido de recomendaciones.

El contraste muestra qué problemas pudieron esperar mientras las inversiones digitales avanzaban hacia el siguiente hito.

Se completó la obra; faltó medir el servicio

El informe original separa productos de resultados. Entre las medidas de la muestra con final previsto hasta 2025, todas entregaron los productos esperados. Solo el 36 % produjo resultados importantes; el 57 % dio resultados limitados y para el 7 % no había pruebas de resultados. En el análisis sobre el terreno, las autoridades nacionales disponían de indicadores de resultados en siete de dieciséis medidas. Un ministerio puede acreditar que abrió el portal y carecer de un dato sobre el tiempo que ahora espera quien presenta una solicitud.

El futuro marco presupuestario amenaza con repetir el diseño. El Tribunal encontró que diecisiete de veinticuatro campos de intervención propuestos para una «administración pública eficaz» carecían de indicadores de resultados. Se trata de una propuesta para 2028-2034, todavía pendiente de decisión. La norma del fondo actual tampoco define qué es una «parte significativa» de las recomendaciones específicas que deben atender los planes nacionales. Los auditores piden a la Comisión Europea un criterio para los planes futuros antes de acabar 2027.

Si basta con mencionar el problema, un país puede financiar la aplicación más rápida y dejar intacta la capacidad que debía reformar.

El próximo comprobante útil es una comparación anterior y posterior a la puesta en marcha: duración de expedientes, coste administrativo, acceso efectivo y calidad de la decisión. Para una reforma de gobernanza hay que registrar qué autoridad cambió, quién pudo usarla y en qué expediente. La comunicación oficial del Tribunal muestra por qué esa prueba falta en demasiados proyectos. La instalación tiene recibo. La mejora de la administración necesita otro.

Sources