Resumen

  • El 75 % de los 3,5 millones de libras se distribuye a partes iguales; el cuarto restante refleja el trabajo previsto según la encuesta de 2025.
  • La política publica aportaciones del 6,05 % al 12,98 %, pero no el importe ni los datos de cálculo de cada cadena.

La política de financiación de 2026/27 de la Groceries Code Adjudicator (GCA) convierte una encuesta a proveedores en parte del reparto de los costes del regulador. De los 3,5 millones de libras que aportarán 14 cadenas designadas, el 75 % se divide por igual para cubrir gastos que la GCA considera comunes. El 25 % restante se distribuye de forma variable según la percepción que los proveedores expresaron en la encuesta anual de 2025 sobre el cumplimiento general del Groceries Supply Code of Practice por cada cadena.

La GCA considera que esa percepción es el mejor reflejo disponible del tiempo y el gasto que prevé dedicar a cada empresa. Una valoración de cumplimiento más baja implica una cuota mayor del componente variable. Es un indicador de carga de trabajo elegido por el regulador: no equivale a horas efectivamente registradas, a una infracción declarada ni a responsabilidad jurídica. La política tampoco presenta una tabla con las aportaciones de cada una de las 14 cadenas ni los datos individuales usados para calcularlas.

La cifra total abarca dos ejercicios. 3.110.147 libras corresponden a gastos de 2026/27. Las otras 389.853 libras cubren gastos de 2025/26 que se financiaron temporalmente mediante un préstamo de la Secretaría de Estado. El Gobierno dio su consentimiento al importe y a la metodología el 9 de marzo de 2026. La GCA publicó la política el 25 de septiembre para cumplir el artículo 19(8) de la ley que la creó en 2013.

Las aportaciones previstas oscilan entre el 6,05 % y el 12,98 % del total, es decir, entre 221.794 y 454.285 libras. La política ofrece los extremos, no una clasificación completa de las empresas. Si se designa otra cadena durante el ejercicio, pagará una cantidad fija equivalente a una catorceava parte de la tasa anual, prorrateada por el tiempo restante, y no financiará la parte asociada a 2025/26. Ese ingreso adicional elevará el total por encima de 3,5 millones. El dinero no gastado se devolverá al cierre del año en proporción a lo aportado.

Conviene separar la señal de la encuesta de la realidad que pretende representar. En su respuesta a la revisión legal de 2025, la GCA informó de una percepción media de cumplimiento del 93 % en 2025, frente al 92 % de 2023. Por otra parte, la revisión del Gobierno recoge que 10 de los 28 proveedores entrevistados por YouGov no plantearían en el futuro un asunto relacionado con el Código ante la GCA. También recoge la preocupación de que, en una cadena con pocos proveedores directos, la identidad pueda deducirse incluso cuando se promete anonimato.

La política no incluye estas respuestas como variables expresas de la tasa, pero sí ayudan a valorar los límites de una señal de encuesta.

El anuncio de la encuesta de 2026, una medición distinta y posterior, sitúa en el 92 % la percepción media. La política de financiación identifica de forma expresa la encuesta de 2025; por ello, el resultado más reciente no sustituye a la medida usada en el reparto de este ejercicio. La GCA fomenta, supervisa y hace cumplir el Código en las relaciones entre los mayores supermercados británicos y sus proveedores directos.

La cuestión de gobernanza no es si la percepción sirve para algo. Es qué puede comprobar el público cuando esa percepción distribuye una cuarta parte de la carga financiera de una institución. El indicador conecta la experiencia declarada por proveedores con el trabajo previsto del regulador, pero el rango agregado no permite reconstruir la parte fija y variable de cada cadena. El matiz importa: un criterio de reparto puede alterar incentivos sin ser una multa ni demostrar una infracción.

Fuentes