Resumen

  • El Reino Unido rechaza un canal autónomo de tarifas en la IPEC, pero estudiará una evaluación temprana dentro de los litigios existentes y la viabilidad de una opinión voluntaria de la IPO.
  • Ninguna de esas opiniones fijaría por sí sola una tasa FRAND mundial vinculante; el servicio de la IPO no está aprobado y la respuesta cita un apartado procesal ya renumerado.

El Gobierno británico quiere adelantar la primera evaluación de un conflicto de licencia sobre patentes esenciales para una norma sin crear un nuevo foro que fije la tasa definitiva. En su respuesta del 13 de octubre descarta una vía autónoma de determinación de tasas en la Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), pero abre trabajos sobre una evaluación judicial temprana y una posible opinión de la UK Intellectual Property Office (IPO). La decisión busca reducir la incertidumbre en la negociación sin trasladar la autoridad para dictar una decisión vinculante.

Una patente esencial para una norma (SEP) protege tecnología necesaria para aplicar una norma técnica. Los compromisos FRAND —justos, razonables y no discriminatorios— orientan las condiciones de licencia. Sin embargo, una disputa puede abarcar más que una cifra: las pruebas, los métodos de valoración, la confidencialidad y otras cuestiones del proceso pueden estar conectadas. Aislar la tasa en una vía rápida no garantiza por sí mismo ni más velocidad ni más confianza en el resultado.

La consulta estuvo abierta del 15 de julio al 7 de octubre de 2025, planteó 47 preguntas y recibió 93 respuestas de titulares de patentes, empresas usuarias, pymes, grandes compañías, juristas, académicos y organizaciones representativas. El Gobierno afirma que hubo respaldo general a una resolución FRAND más rápida y asequible, pero no consenso a favor del canal propuesto en la IPEC. También advierte que las respuestas mostraron diversidad de opiniones, no una posición representativa única. El total registra participación; no equivale a una votación que otorgue mandato a un modelo.

El rechazo responde a dificultades prácticas. Puede ser complicado separar la fijación de la tasa del resto del litigio; el análisis FRAND puede exigir pruebas y metodologías complejas; y un nuevo procedimiento podría no producir el ahorro de tiempo esperado. El Gobierno también señala el riesgo de sacrificar calidad y confianza si se priorizan velocidad y coste. Las pymes pidieron procesos más sencillos y asequibles; algunas dijeron que incluso una vía judicial podría quedar fuera de su alcance. Descartar el canal no resuelve, por tanto, el problema de acceso.

La alternativa judicial empezaría después de presentada una demanda. El Gobierno conversará con la judicatura sobre una evaluación temprana de tipo Early Neutral Evaluation (ENE) dentro de los procesos existentes en Inglaterra y Gales. Entre las posibilidades figuran una Practice Direction piloto, la suspensión del proceso en ciertos casos para permitir una ENE u otra modalidad de resolución alternativa, y posibles consecuencias en costas si una parte no participa constructivamente. El juez ofrecería una valoración temprana y no vinculante; si no hay acuerdo, el litigio podría continuar.

La respuesta contiene, no obstante, una discrepancia de referencia. Atribuye la facultad judicial para organizar una ENE a la regla 3.1(2)(m) de las Civil Procedure Rules (CPR). El texto oficial vigente el 1 de octubre de 2026 sitúa la disposición sobre ENE en la regla 3.1(2)(p). Una reforma que entró en vigor el 1 de octubre de 2024 añadió un apartado separado para ordenar la resolución alternativa de conflictos y renumeró el antiguo apartado (m). La regla actual sigue mencionando expresamente la ENE como herramienta para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.

La cita desactualizada no elimina la facultad, pero las instrucciones de aplicación deberían corregirla.

La propuesta de la IPO ocuparía otro momento. La oficina evaluará la viabilidad y el diseño de un servicio voluntario y no vinculante que podría indicar si una oferta parece quedar dentro de un rango FRAND plausible. El Gobierno aún no ha decidido establecerlo. Si la viabilidad se confirma, prevé trabajar con la industria y especialistas técnicos en el diseño y realizar un piloto; quizá haga falta legislación. El servicio no decidiría responsabilidad, validez o infracción de patentes ni impondría una tasa mundial vinculante.

Las otras medidas también tienen límites claros: una vía voluntaria para aportar datos de patentes relacionadas con normas, sin que la IPO verifique su esencialidad; más intercambio de información antes del litigio y guías de negociación; y mejor orientación hacia servicios de resolución existentes. No habrá por ahora un servicio público de comprobación de esencialidad ni cambios a la disponibilidad de medidas cautelares. El Gobierno dice que la consulta no demostró que el marco actual impida sistemáticamente entrar al mercado británico o fuerce la retirada de productos.

Para las empresas, el anuncio cambia la agenda de trabajo, no las reglas que rigen hoy una licencia concreta. Una opinión temprana podría reducir asimetrías de información, pero su utilidad dependerá del coste, el acceso, la confidencialidad y el peso que las partes den a un rango no vinculante. La ruta judicial podría acercar el acuerdo, aunque seguiría exigiendo recursos a quienes deban iniciar un proceso. La prueba será si alguna de las dos vías llega a ser práctica sin que una señal consultiva se confunda con una decisión final.

Fuentes