Resumen

  • El estudio analizó 1.752 respuestas de adultos no turistas que habían usado catorce cabinas seleccionadas. Sus resultados describen a esos usuarios, no a toda la población peruana.
  • La tarifa por sesión redujo el coste frente a instalar una conexión individual, aunque el precio de cada hora, el desplazamiento y la continuidad de la red siguieron condicionando el acceso.

Análisis

Una conexión en casa exigía un ordenador, una línea telefónica y una cuota recurrente. La cabina pública proponía otra unidad de acceso: pagar por el tiempo que se usaba un terminal en un local compartido. Así, el operador asumía equipos y conectividad; el cliente podía entrar sin comprar toda la infraestructura. La barrera de capital bajaba, pero el gasto no desaparecía: se convertía en una sucesión de sesiones.

El informe de la FAO, la UIT y el Banco Interamericano de Desarrollo compara esos costes. Para 1998 calcula que veinte horas mensuales de acceso individual por marcación telefónica costaban US$40,45, cerca del 10% del ingreso mensual medio por habitante, sin contar el ordenador ni la instalación de la línea. Las mismas veinte horas en una cabina se estimaban en US$28 en 1998, alrededor del 7%; con los precios de 2000, el informe las sitúa en US$14, o 4%. Son referencias de años distintos y no deben mezclarse.

Para las familias de los estratos más pobres, estimadas por el informe en unos US$126 mensuales, veinte horas podían representar el 12% del ingreso familiar.

El precio de la sesión tampoco describe por sí solo la experiencia. Para llegar a la cabina hacía falta un local disponible y una conexión que funcionara. El informe registra que la tarifa media bajó de S/5 por hora en enero de 1999 a S/2,5–3 en febrero de 2000 en Lima y capitales provinciales. En Urubamba, una cabina sin competidores cobraba S/7 por hora. La distancia entre ambos precios muestra cómo la competencia podía beneficiar al cliente donde había varios locales, mientras que una plaza con un solo operador conservaba tarifas más altas.

La encuesta ayuda a entender a quién alcanzaba el sistema, siempre que se respete su marco. Sus 1.752 casos eran adultos no turistas que respondieron en catorce puntos seleccionados. Cuatro cabinas universitarias aportaron 1.349 respuestas; 1.337 participantes, el 76,3%, se identificaron como estudiantes. Los autores atribuyen parte de esa presencia a los cuatro locales universitarios grandes. También reconocen que el peso estudiantil era alto fuera de las universidades: su nota compara un 69,3% de estudiantes en locales con baja respuesta con un 70,4% en cabinas no universitarias de alta respuesta, salvo el caso rural de AEDES.

Eso no elimina la limitación estadística. Ocho de las catorce cabinas obtuvieron una respuesta alta; los autores consideran que los resultados probablemente representan a los usuarios de esos ocho puntos. En los otros seis locales comerciales la respuesta rondó apenas el 10%, por lo que no se podía representar ni siquiera a sus propios clientes. Mucho menos a quienes nunca visitaban una cabina. No hay una muestra de hogares ni un recuento nacional de personas sin acceso.

RCP mantuvo vínculos comerciales con aproximadamente cien cabinas, pero el informe advierte que Perú no desarrolló el modelo de franquicia que a menudo se le atribuye. El acceso compartido dependía de una red de operadores locales, no de una sola cadena con precios y condiciones uniformes. En áreas rurales, las interrupciones de conectividad y los costes operativos añadían otra restricción. Una sala con varios ordenadores no podía compensar un enlace inestable.

La importancia histórica está en haber ofrecido Internet como un servicio local por sesión, no en haber resuelto el acceso para todos. El estudio muestra lo que se podía observar dentro de ciertos locales. No convierte esas observaciones en el mapa completo del país.

Fuentes