Summary

  • El Departamento de Defensa estimó en 285.000 millones de dólares el mantenimiento aplazado de sus instalaciones en el ejercicio 2025, frente a 137.000 millones en 2020.
  • Su objetivo desde 2014 es financiar al menos el 90% de la necesidad calculada de conservación ordinaria. Ejército, Armada y Fuerza Aérea solicitaron generalmente cerca del 80% entre 2021 y 2025.
  • El GAO no pudo calcular una tasa fiable de trabajos terminados a tiempo: los criterios difieren entre fuerzas y los registros presentan fallos. La pequeña unidad central responsable de directrices y procedimientos generales cuenta con dos empleados públicos.

Un muelle degradado tiene nombre; el atraso nacional, no

En la Estación Naval de Norfolk, varios muelles necesitaban renovación y la Armada actuaba activamente en uno, según explicaron sus responsables al GAO. A uno le redujeron la carga autorizada por seguridad. Otros utilizaban redes provisionales en superficie tras quedar inservibles sus conexiones integradas. Los desvíos elevaron costes y dificultaron la circulación de vehículos. Ahí el mantenimiento diferido ya ha cambiado la capacidad operativa.

El inventario del Departamento de Defensa superaba las 736.000 instalaciones en todo el mundo y se valoraba en unos 2,6 billones de dólares en el ejercicio 2025. Aproximadamente un tercio de sus edificios tiene más de cincuenta años. El atraso estimado pasó de 137.000 millones en 2020 a 285.000 millones cinco años después. Es una valoración de trabajo acumulado, no una factura que venza ahora mismo. Tampoco indica por sí sola qué reparación debería ir primero.

El departamento fijó en 2014 una meta mínima del 90% de la necesidad estimada por su modelo de conservación. Ejército, Armada y Fuerza Aérea solicitaron generalmente alrededor del 80% en 2021–2025. Las solicitudes del Cuerpo de Marines cayeron del 80% al 40%; según funcionarios del departamento, orientaron más recursos hacia restauración y modernización. El traslado de fondos puede tener sentido para una obra determinada. Para juzgarlo, el Congreso necesita conocer el riesgo que se desplaza a otros edificios.

El GAO examinó ocho bases elegidas deliberadamente para investigar prácticas, sin pretensión de representar estadísticamente a todas. Ninguna llegó a la meta del 90%. Andersen registró un promedio del 37% del nivel recomendado durante los cinco ejercicios; Minot, del 40%; Fort Benning, del 83%. Esos porcentajes no prueban la causa de un desperfecto concreto. Sí muestran la distancia entre una regla de Washington y la realidad de instalaciones muy distintas.

Una carpeta llena de órdenes y ninguna medida común

Los servicios aplican normas diferentes para considerar puntual una reparación. El GAO analizó sus archivos y concluyó que no eran lo bastante fiables para establecer una tasa general de cumplimiento. Armada y Marines revisaban los plazos con distinto detalle. El Ejército no aportó documentación de una revisión a nivel de servicio; la Fuerza Aérea dijo que no la realizaba. Sin una medida comparable, el centro no puede distinguir un retraso administrativo de una instalación cuya función ya se ha reducido.

La división central encargada de las directrices y procedimientos generales de mantenimiento y reparación tenía dos empleados públicos, más apoyo ocasional de contratistas, según el informe. Los dos no reparan todas las instalaciones militares: esa tarea corresponde a los servicios y a las bases. El hueco está en la supervisión transversal. El GAO no encontró una política de la oficina del secretario para vigilar el rendimiento del mantenimiento ni un mecanismo que obligara a los servicios a presentar resultados consistentes.

Los departamentos militares no habían identificado por completo las carencias críticas de personal de mantenimiento entre bases ni diseñado estrategias a escala de cada servicio. Una instalación aislada no puede cambiar por sí sola las reglas federales de contratación; descargarle toda la solución hace invisible una restricción común.

Las trece recomendaciones del GAO incluyen evaluar el efecto del bajo financiamiento y de los atrasos sobre misiones y calidad de vida, depurar los datos y exigir informes anuales de desempeño. Defensa aceptó siete, cinco parcialmente y rechazó una. Alegó que los planes locales y los informes financieros ya aportaban información. El auditor respondió que faltaba una valoración departamental de las consecuencias del atraso.

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