Resumen

  • El informe de 2025 de la ITU registra CHF 378,824 millones de obligación actuarial por seguro médico posterior al empleo y CHF 15 millones en activos dedicados: cerca de 4% de cobertura.
  • El esquema actual combina CHF 1 millón por bienio con una contribución equivalente a 5,35% del sueldo base de quienes ingresan desde el 1 de enero de 2026.
  • El informe pide a la PP-26 tomar nota. Sus rutas de financiación son ejercicios ilustrativos, no metas adoptadas.

El balance mejora cuando cambian los supuestos

La obligación de la ITU bajó de CHF 415,835 millones al cierre de 2024 a CHF 378,824 millones al cierre de 2025. La diferencia parece grande. El informe explica que se debe sobre todo a dos ajustes en el cálculo: la tasa de descuento subió de 1,40% a 1,80%, y la inflación médica prevista bajó de 2,40% a 2,20%.

Eso es una revisión del valor presente, no una transferencia de CHF 37 millones al fondo. La obligación actuarial estima el valor de beneficios futuros adquiridos; no es un pago que venza hoy. El documento dice que la ITU puede atender los desembolsos corrientes. A la vez, sus activos dedicados son CHF 15 millones: alrededor de 4% de la obligación, mientras más de 96% permanece sin financiación.

En el debate presupuestario, mezclar esas tres cifras produce una historia engañosa: la obligación puede caer en el modelo, los pagos actuales pueden continuar y la reserva seguir siendo pequeña. Cada dato responde a una pregunta distinta. El primero mide compromisos futuros bajo supuestos; el segundo, la capacidad de cubrir prestaciones hoy; el tercero, cuánto dinero se ha reservado contra el compromiso.

Un porcentaje, una cohorte concreta

El ITU Council ya asignó CHF 1 millón por bienio al fondo. Además, desde el 1 de enero de 2026, las personas recién contratadas quedan sujetas a una contribución equivalente a 5,35% del sueldo base. El texto limita expresamente esta regla a las nuevas incorporaciones. No es una retención uniforme a todo el personal ni una meta de cobertura para el pasivo completo.

La regla abre un camino de financiación, pero empieza con una población acotada y un contador que el informe público todavía no muestra. No indica cuántas personas habían ingresado bajo el mecanismo cuando se celebrará PP-26 ni cuánto se había recaudado. Publicar ambos datos permitiría saber si el nuevo flujo es marginal o si ya altera la trayectoria.

El informe no presenta las medidas actuales como estrategia suficiente para reducir de forma sustancial la brecha en un plazo razonable. Sus alternativas son escenarios: alcanzar 25% de cobertura en quince años, 50% en treinta o 75% en cuarenta y cinco. Para amortizar en treinta años calcula entre CHF 5 millones y CHF 10 millones anuales, o 4–7% de las nóminas; un horizonte menor exige más cada año. Ninguno de esos números fue aprobado.

Doha recibe opciones, no una orden de pago

El proyecto de plan financiero para 2028–2031 incluye una decisión que pide al ITU Council priorizar una asignación apropiada al fondo si se produce un superávit presupuestario. No establece cuánto ni cuándo. “Si hay superávit” puede abrir una puerta; “asignación apropiada” deja el importe para después.

La Russian Federation propone por separado una estrategia cuantificada, evaluación del impacto y calendario. Menciona financiación conforme se adquieren los derechos y ofrece como opción 1% de los costes de personal. Es una propuesta, no una política vigente. Tampoco puede enfrentarse directamente al 5,35% de sueldo base aplicado a nuevas contrataciones: cambia tanto la base como la población que contribuye.

El informe solicita tomar nota de la situación. La conferencia podría añadir una meta de cobertura, un plazo, una base de contribución y reportes anuales; también puede dejar las herramientas actuales en pie. La diferencia será visible durante años: una meta permite medir retrasos, mientras que un criterio de excedente permite que el presupuesto decida el ritmo en cada ciclo.

La PP-26 se reúne en Doha del 9 al 27 de noviembre de 2026. La pregunta práctica no es si el balance de 2025 asusta. Es quién debe fijar una ruta que convierta un compromiso de décadas en una obligación con responsables, calendario y seguimiento.

Fuentes