Resumen

  • El documento 67-E agrupa a 147 organizaciones: 96 consideradas conformes con los cinco criterios, 16 cuyos expedientes no fueron considerados conformes con uno o más criterios, y 35 sin una solicitud formal de prórroga.
  • El secretario general recomienda extender las exenciones de los tres grupos hasta 2031. Es una propuesta para la PP-26, no una decisión aprobada.

La decisión de la Conferencia de Plenipotenciarios no consiste en descubrir cómo clasificó la Secretaría los expedientes; esa parte ya está hecha. La cuestión es si una sola recomendación de renovación queda suficientemente explicada cuando el examen distingue tres situaciones.

Tres grupos en el registro

Publicado el 6 de octubre como contribución 67-E, el informe dice que la Secretaría revisó a las 147 organizaciones exentas de cuotas de membresía de la ITU para el periodo 2028–2031. Se pidió a cada una confirmar si quería prorrogar su exención y aportar información frente a los criterios de 2017. El secretario general envió la solicitud en julio; la Secretaría recordó el plazo en agosto y volvió a contactar a quienes no respondieron.

Los anexos dan cuenta de tres resultados. El anexo 2 enumera 96 organizaciones que solicitaron la extensión, presentaron la información requerida y fueron consideradas conformes con todos los criterios. El anexo 3 incluye 16 que también solicitaron y aportaron información, pero no fueron consideradas conformes con uno o más criterios. Allí se señalan los criterios y se añaden comentarios breves: entre ellos, que una entidad sea una asociación empresarial o tenga una presencia internacional insuficiente. El anexo 4 identifica 35 organizaciones que no presentaron una solicitud formal.

El informe no afirma que esas 35 hayan incumplido los criterios; no solicitar la prórroga es otra situación.

Los cinco criterios preguntan si la entidad es internacional y trabaja en telecomunicaciones, si es una organización sin ánimo de lucro reconocida cuyos miembros también lo son, si tiene actividad significativa en varios Estados miembros de la ITU, si ofrece a la ITU acceso recíproco a sus reuniones y si facilita documentación pertinente. Las reglas públicas de la ITU describen la reciprocidad como beneficios mutuos y similares. La PP-26 decide qué organizaciones conservarán la exención; el Consejo puede revocarla si una entidad deja de cumplir los criterios.

Una recomendación común

Tras presentar los tres grupos, el secretario general recomienda que la PP-26 prorrogue las 147 exenciones durante el siguiente ciclo de cuatro años. El informe dice que toma en cuenta las opiniones expresadas en el Consejo y en su grupo de trabajo de finanzas y recursos humanos, además de los costes y beneficios relativos. No propone un resultado distinto para cada grupo.

La continuidad tiene antecedentes. En 2019, el Consejo aplicó los criterios revisados a nuevas solicitudes y mantuvo la lista existente como medida transitoria. En 2022, una revisión de 132 organizaciones produjo una recomendación diferenciada: aprobar 84, remitir 19 a una revisión posterior y no renovar 29. Algunas delegaciones objetaron la posible retirada de exenciones a organizaciones que contribuían a la ITU y a la representación regional. El Consejo remitió el tema al grupo de trabajo correspondiente. Como este no cerró la discusión, se mantuvo el statu quo.

La revisión de 2026 vuelve a abarcar la lista completa, pero desemboca otra vez en una sola recomendación de continuidad.

El informe no cuantifica posibles ingresos. Señala que renovar todas las exenciones no tendría consecuencias financieras directas y que aplicar estrictamente los criterios de 2017 podría generar ingresos limitados si varias organizaciones aceptaran pagar. No ofrece una cifra. Por eso la decisión también depende de cómo la PP-26 sopese reciprocidad, participación y coherencia entre organizaciones exentas y las que pagan.

La PP-26 empieza el 9 de noviembre. Hasta que los delegados actúen, la recomendación sigue pendiente. El expediente público ofrece una base útil: una clasificación vinculada a los criterios, comentarios por criterio para las 16 organizaciones y una lista con los nombres de las 35 que no presentaron solicitud. La resolución debería aclarar si los tres grupos recibirán el mismo trato y cómo respaldan esa decisión los criterios publicados.

Fuentes