Summary

  • FEMA sustituyó en 2025 el Índice de Vulnerabilidad Social de los CDC por las Estimaciones de Resiliencia Comunitaria de la Oficina del Censo dentro de su Índice Nacional de Riesgos. Los documentos revisados por la GAO muestran valores de vulnerabilidad distintos en más de la mitad de los condados.
  • FEMA comparó valores de componentes, pero la GAO no recibió un análisis de sensibilidad que evaluara cómo la nueva fuente y los cambios simultáneos afectaban las puntuaciones compuestas de riesgo. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó haber analizado la transición; la GAO consideró insuficiente la comparación de componentes.
  • Los resultados del índice entraron en RAPT en diciembre de 2025. En mayo de 2026 FEMA dijo que no tenía entonces un plan para actualizar de nuevo el índice. El departamento aceptó recomendaciones sobre guía de uso y comentarios continuos, pero rechazó la relativa a sensibilidad.

Cuando cambia la materia prima del mapa

El Índice Nacional de Riesgos de FEMA reúne pérdida anual esperada por 18 amenazas naturales, vulnerabilidad social y resiliencia comunitaria. Ofrece puntuaciones relativas para condados y sectores censales. Los gestores de emergencias pueden utilizarlas para comparar territorios y estudiar inversiones. Desde diciembre de 2025, los resultados se muestran dentro de la herramienta de análisis y planificación de resiliencia RAPT. Una cifra comprimida llega así a mesas donde se toman decisiones con dinero y tiempo limitados.

FEMA cambió en noviembre de 2025 la principal fuente de la segunda pieza. Salió el Índice de Vulnerabilidad Social de los CDC y entraron las Estimaciones de Resiliencia Comunitaria de la Oficina del Censo. Según FEMA, la elección respondía mejor a las prioridades de la administración y seguía cumpliendo la ley de 2022 sobre zonas de resiliencia ante desastres. La agencia evaluó internamente el producto y comparó valores de vulnerabilidad y resiliencia por condado. Los documentos examinados por la GAO mostraron un valor distinto de vulnerabilidad social en más de la mitad de los condados.

Esa comparación es una alarma útil, pero suena en la sala de máquinas, no en el tablero final. El informe completo de la GAO afirma que FEMA no evaluó cómo el cambio de fuente, junto a otras actualizaciones, modificó las puntuaciones compuestas. Una prueba de sensibilidad haría funcionar el modelo con cada fuente y mediría la diferencia en la salida. Ninguna cifra del informe demuestra que más de la mitad de los condados haya cambiado de posición en la clasificación general. Precisamente por eso hace falta el experimento.

La fuente descartada volvió sin la comprobación anterior

En 2022, el grupo de trabajo que eligió la fuente previa ya había estudiado el producto censal y lo había rechazado según sus criterios de entonces. Temía que no reflejara adecuadamente las diferencias de impacto entre comunidades y que errores en los datos o modelos invirtieran vulnerabilidades relativas. Para aquella elección FEMA empleó análisis de sensibilidad y otras pruebas de los efectos de usar fuentes alternativas.

Tres años después juzgó apropiado el producto antes descartado. Un cambio de criterio puede ser razonable; debe dejar un rastro visible. ¿Qué mejoró en la fuente? ¿Qué criterios cambiaron? ¿Qué hizo la sustitución a la puntuación que se publica? FEMA aportó una comparación de valores de vulnerabilidad que mostró una alteración extensa. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que se había hecho un análisis de sensibilidad. La GAO respondió que el examen de valores de componentes era válido, pero que no probaba la reacción del resultado compuesto. Es una disputa sobre la profundidad de la prueba, no sobre la existencia de trabajo técnico.

Un responsable local que prioriza mitigación necesita más que el nombre del nuevo conjunto de datos. La puntuación mezcla pérdidas esperadas con factores sociales y capacidad de recuperación. Si cambia una entrada, la posición relativa puede moverse por decisión metodológica. Quien controla la fórmula está en mejor posición para decir cuánto, dónde y por qué.

Una cola de preguntas sin ventanilla estable

La GAO detectó también una brecha entre la publicación del índice y su uso. FEMA explicó el propósito y la metodología, organizó seminarios y publicó fichas. Faltaban ejemplos concretos que permitieran a gestores aplicar las puntuaciones a decisiones de reducción del riesgo, solas o combinadas con RAPT y Hazus. Algunos funcionarios estatales de mitigación dijeron a los auditores que no conocían un mecanismo regular para comentar la utilidad del índice.

Una consulta pública de 2023 produjo más de 600 respuestas organizadas en 152 tareas. En abril de 2025, 14 figuraban como terminadas; las demás estaban en curso, sin empezar o aplazadas hasta futuras actualizaciones. Esa fecha fija el estado de la cola antes del cambio de fuente de finales de 2025; no describe su avance actual. Con una fuente nueva y una interfaz nueva, la necesidad de una conversación continua entre quienes modelan el riesgo y quienes usan el resultado se hizo más concreta.

Las tres recomendaciones de la GAO piden guías basadas en casos de uso, análisis de sensibilidad consistentes y divulgados, y un sistema permanente de comentarios. El departamento aceptó las dos propuestas sobre usuarios y situó el trabajo previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. Rechazó la prueba de sensibilidad, citando su análisis y la falta de actualizaciones periódicas previstas tras integrar el índice en RAPT. FEMA había dicho en mayo de 2026 que no tenía en ese momento un plan de actualización, aunque reconoció sus obligaciones legales de revisar productos de riesgo. La GAO mantuvo la recomendación.

Sources