Summary

  • El GAO examinó 311 acuerdos internacionales e instrumentos no vinculantes sujetos a declaración que Estado comunicó al Congreso entre octubre de 2023 y marzo de 2025. Noventa se notificaron tarde al menos una vez; el retraso medio de esos casos fue de 2,3 ciclos de reporte.
  • La Oficina de Tratados de Estado no registraba de forma sistemática la puntualidad de los envíos de otras agencias y oficinas. Su formulario para instrumentos no vinculantes tampoco pedía la base jurídica que debía figurar en la comunicación legislativa.
  • Estado rechazó pedir a cada fuente una confirmación periódica de envío completo o ausencia de asuntos. Las siete recomendaciones del GAO seguían abiertas el 9 de noviembre de 2026.

El aviso llegó cuando el acuerdo ya tenía historia

Un acuerdo concluido el 4 de noviembre de 2024 debía aparecer en el informe al Congreso antes de acabar diciembre. Apareció a finales de marzo de 2025. El ejemplo, documentado en el informe original del GAO, resume el coste de confundir una obligación de aviso con un archivo retrospectivo: los legisladores supieron del acuerdo unos cinco meses después de su conclusión.

La ley tiene dos momentos de aviso. Primero, cuando un acuerdo o instrumento se firma, concluye o finaliza; después, cuando entra en vigor o comienza a operar. Desde septiembre de 2023, el régimen incluye ciertos instrumentos que no obligan jurídicamente a Estados Unidos bajo el derecho internacional. Una fórmula política puede carecer de fuerza jurídica y aun así orientar decisiones exteriores. Por eso el Congreso extendió la visibilidad a esa clase de compromiso.

Las agencias disponen de quince días tras la conclusión para remitir a Estado el texto y la autoridad jurídica. Estado prepara informes mensuales. Los documentos sometidos al deber de publicidad deben aparecer en su web dentro de 120 días desde la entrada en vigor o el comienzo de operaciones, con las excepciones legales correspondientes. Son tres tramos de un mismo recorrido. Un plazo colocado solo al final no explica dónde ocurrió una demora anterior.

Entre octubre de 2023 y marzo de 2025, Estado informó de 311 acuerdos e instrumentos. El GAO halló 221 comunicados a tiempo y 90 tardíos en al menos uno de los puntos. La media de los tardíos fue de 2,3 ciclos de reporte. Un 30 % de los acuerdos internacionales llegó tarde, frente a un 25 % de los instrumentos no vinculantes sujetos a declaración. Esas proporciones describen los asuntos que sí llegaron al circuito de Estado. El GAO no reconstruyó por su cuenta todos los posibles compromisos ausentes.

El formulario de entrada también decide el contenido

La Oficina de Tratados recibe información de otras agencias y de las dependencias del propio Departamento de Estado. Para averiguar qué organismos estaban detrás de los atrasos, sus funcionarios tuvieron que revisar registros manualmente. No había un seguimiento sistemático de la fecha de envío de cada fuente. Con ese vacío, una demora puede imputarse al remitente o al centro receptor según quién hable más alto. Un registro de fechas en cada transferencia permitiría saberlo.

La oficina también pedía menos de lo que después debía comunicar. Su plantilla para instrumentos no vinculantes solicitaba título, fechas, participantes y datos de publicación, pero no preguntaba por la autoridad jurídica de cada instrumento. Para los acuerdos vinculantes existía otro procedimiento que sí identificaba esa base. En el canal no vinculante, una referencia general a las facultades presidenciales del artículo II aparecía en los listados legislativos. El Congreso había pedido una descripción precisa de la autoridad aplicable; la plantilla omitía el dato que hacía posible construirla desde el origen.

La falla decisiva se encuentra fuera de los expedientes visibles. La solicitud mensual esperaba respuestas de quienes tuvieran instrumentos que reportar. No pedía una respuesta negativa a quienes no tuvieran ninguno, ni una afirmación de integridad a quienes sí enviaran documentos. El GAO recomendó que cada organismo confirmara periódicamente una de esas dos situaciones. Estado consideró irrazonable la propuesta. Sin respuestas de saldo cero, la ausencia de una agencia puede representar un mes sin compromisos, un olvido o una decisión de no remitirlos.

Solo un inventario independiente por agencia permitiría fijar el denominador real de todos los asuntos potencialmente declarables.

La reforma legal también ordenó crear un cauce para que personal de Estado notificara incumplimientos sospechados o conocidos. El GAO no encontró un mecanismo designado ni una indicación inequívoca de que la solicitud mensual sirviera para ello. Se había definido la puerta para entregar un expediente; faltaba una puerta clara para denunciar que otro nunca llegó.

Cuatro páginas para una obligación de publicidad

El GAO examinó una muestra representativa de 156 asuntos comunicados y estimó que aproximadamente el 75 % estaba sujeto a publicación. Dentro de ese grupo, estimó que Estado publicó texto y autoridad jurídica en torno al 86 % de los casos, pero cumplió el plazo de 120 días en solo alrededor del 53 %. Son estimaciones muestrales, no cantidades exactas derivadas de 156 registros. Algunas categorías tienen exenciones legales de publicidad.

Los textos y las bases jurídicas estaban repartidos entre cuatro páginas sin búsqueda transversal por país, agencia o materia. Un documento disponible en algún rincón de la web no resuelve el problema de un investigador que desconoce su título. Estado aceptó mejorar la búsqueda. Discrepó de la recomendación de redactar procedimientos operativos de publicación, alegando que ya existían; el GAO distinguió entre un reglamento que fija 120 días y las instrucciones que permiten cumplirlos. En la ficha oficial del GAO, las siete recomendaciones figuraban abiertas al consultar el 9 de noviembre de 2026.

La prueba de un sistema de notificación no es la pila de acuerdos conocidos. Es una cadena verificable desde cada oficina, incluido su «cero», hasta los dos avisos y la publicación accesible. El Congreso fijó el reloj para intervenir antes de que las decisiones queden cerradas. El Departamento de Estado tiene que mostrar dónde empieza a contar.

Sources