Resumen

  • La consulta abierta el 14 de octubre por el Department for Energy Security and Net Zero plantea reglas legales para compartir, con autorización del consumidor, datos de consumo y medición, tarifas y activos detrás del contador. El marco se apoyaría en servicios que ya están en marcha.
  • Los titulares de datos no cobrarían al consumidor por consultar sus propios datos ni por autorizar su cesión. La consulta no determina cuánto podrían pagar los terceros autorizados, cómo se financiarán las funciones comunes ni qué límites evitarían que los costes expulsen a los nuevos proveedores.

Una regla legal sobre una infraestructura dispersa

El marco legislativo británico de datos inteligentes de energía propone recurrir a las facultades de la Data (Use and Access) Act 2025. DESNZ publicó el documento el 14 de octubre y recibirá respuestas hasta el 8 de enero de 2027. El alcance inicial incluiría datos de consumo y contadores, tarifas y activos instalados tras el contador, como baterías o bombas de calor. Los titulares designados tendrían que facilitar los datos pertinentes mediante acuerdos de acceso cuando el consumidor consienta.

La propuesta no parte de cero. El Consumer Consent Service desarrolla la gestión de permisos, el marco de confianza y la incorporación de participantes. Elexon trabaja en el Smart Data Repository y en el registro de activos de flexibilidad; otros programas abordan la visibilidad de activos y la interoperabilidad de tarifas. La nueva capa legal pretende fijar derechos, obligaciones, salvaguardas y reglas comunes sin sustituir esas herramientas. En la práctica, el derecho de compartir dependerá de que los servicios puedan coordinarse.

Autorizar no tendrá precio; el servicio sí podría tenerlo

DESNZ propone que el titular de los datos no cobre directamente al consumidor por consultar sus propios registros ni por autorizar que un tercero autorizado (ATP) los use. Eso no equivale a un servicio gratuito: el titular podría cobrar al ATP por el acceso y el proveedor podría cobrar por una aplicación de comparación u optimización.

La consulta no fija tarifas ni un método de cálculo. Pregunta si la acreditación, la garantía, la interoperabilidad y la reparación de reclamaciones deben pagarse colectivamente o mediante cargos a los participantes; cuándo podrían cobrar los titulares o las interfaces; y cómo revisar esos importes. El Gobierno prefiere aprovechar, si encajan, las obligaciones de licencia, los códigos sectoriales, los controles de precios y los mecanismos de financiación de organismos centrales. Si no bastan, podría recurrir a las facultades de la ley de 2025.

El documento advierte que los costes iniciales altos o imprevisibles pueden frenar la participación. También plantea evitar cobros duplicados y proteger a empresas pequeñas y nuevos participantes. Son criterios propuestos, no una estructura de precios ya acordada.

Supervisión y reclamaciones en carriles distintos

El esquema consultado repartiría la acreditación entre una futura función de coordinación sectorial y los coordinadores de cada dominio. Ofgem sería el organismo encargado de hacer cumplir las reglas. La Energy Ombudsman atendería por separado las reclamaciones individuales y la reparación al consumidor. La propia DESNZ reconoce que falta aclarar cómo se distribuirán la responsabilidad, la escalada de problemas y la responsabilidad jurídica cuando intervengan varias organizaciones; el diseño de la función coordinadora también sigue pendiente.

Así, la financiación no solo asignará facturas: también tendrá que identificar quién responde por la función que se paga. La consulta permanece abierta hasta el 8 de enero de 2027.

Fuentes

Consulta de DESNZ; documento de consulta sobre gobernanza y financiación.