Resumen

  • El 21 de octubre de 2026, la Comisión abrió un procedimiento formal sobre posibles fallos de Booking.com en la evaluación y mitigación de anuncios fraudulentos, riesgos de phishing ligados a reservas y datos de huéspedes, y visibilidad pagada sin identificación publicitaria clara.
  • Para la conducta publicitaria incluida en el expediente, la apertura desplaza la potestad de supervisión y ejecución del DSA hacia la Comisión. El coordinador neerlandés coopera en la investigación; la decisión europea quedará en manos de Bruselas.

La lista no cuenta toda la historia

Quien busca alojamiento ve fotografías, precio, estrellas y un orden. Ese orden puede contener una operación comercial. Según el comunicado completo de la Comisión, un proveedor puede ganar prominencia si paga a Booking.com una comisión más alta. La autoridad examinará si la ficha que asciende por ese motivo se reconoce como anuncio y si el usuario puede saber quién está detrás, quién pagó, por qué aparece y qué ajustes influyen en su presentación.

El dinero no hace ilícita la posición por sí solo. La tensión está en el disfraz. «Alojamiento recomendado» y «alojamiento promocionado» transmiten informaciones distintas justo cuando alguien decide dónde gastar. El artículo 26, apartado 1, del Reglamento de Servicios Digitales exige que la publicidad pueda identificarse con claridad y que la información sobre su origen y presentación sea accesible. No se resuelve esa pregunta con una explicación escondida varias pantallas después de la búsqueda.

La apertura anunciada el 21 de octubre agrupa ese asunto con otros dos: ofertas de alojamiento fraudulentas o no conformes y estafas de suplantación que aprovechan información de reservas y huéspedes. Al usuario le ocurre todo en el mismo viaje. La plataforma decide cómo se ordenan los resultados, qué ofertas entran y qué datos alimentan los mensajes posteriores.

El alojamiento que debe superar una prueba

El primer frente mira a la oferta antes de que se convierta en una reserva. La Comisión quiere comprobar si Booking.com identificó y valoró el riesgo sistémico de anuncios de inmuebles inexistentes, identidades usurpadas y alojamientos contrarios a las normas. También examinará las medidas tomadas para retirarlos y reducir su circulación. Los artículos 34 y 35 del DSA conectan dos deberes: analizar riesgos sistémicos y aplicar medidas de mitigación razonables y eficaces, ajustadas al riesgo detectado.

La diferencia entre ambos deberes importa. Un informe puede nombrar el fraude con exactitud y una interfaz puede dejarlo pasar. Un sistema puede eliminar muchas fichas y, aun así, tardar demasiado en localizar las que dañan a quienes ya reservaron. El expediente tendrá que mirar señales de entrada, controles de identidad, avisos, retiradas y resultados de esas intervenciones. El comunicado no ofrece una tasa de fraude ni una lista de hoteles falsos comprobados. Ofrece preguntas para obtener los registros que sí permitirían medir el mecanismo.

El mensaje que llega con ventaja

El segundo frente empieza cuando la reserva crea una relación. El viajero espera indicaciones del alojamiento; un mensaje de pago llega entonces con un contexto que lo hace creíble. La Comisión investigará cómo Booking.com comparte información de huéspedes y reservas con los proveedores, cómo funciona su mensajería y qué barreras impiden que esos datos se utilicen para pedir pagos fraudulentos. La cuestión no se agota en decir al cliente que desconfíe de enlaces. La plataforma diseña el circuito por el que viaja la información y la apariencia de autenticidad del mensaje.

Un control útil deja rastros: qué cuenta accedió a los datos, qué podía ver, qué solicitud se marcó como sospechosa, cuándo se intervino y cómo se comprobó el resultado. Eso explica por qué la Comisión empezó por leer papeles que la empresa ya había producido. Según su comunicado, revisó evaluaciones de riesgos de 2026 y de los tres años anteriores, información de transparencia y respuestas a requerimientos formales del 23 de septiembre de 2025 y el 26 de mayo de 2026. El contenido de esos informes no figura en el anuncio público. La decisión futura deberá mostrar qué parte de ellos sostiene el juicio.

El regulador que conserva la firma

El registro oficial de grandes plataformas recoge la designación de Booking.com el 25 de abril de 2023 y señala a los Países Bajos como jurisdicción de su coordinador de servicios digitales. Abrir un procedimiento europeo cambia esa distribución para la conducta investigada. El artículo 66 del DSA dispone que los coordinadores entreguen a la Comisión la información pertinente y pierdan la competencia de supervisar y ejecutar el Reglamento respecto de esa conducta. El comunicado aplica expresamente el traslado al presunto incumplimiento del artículo 26, apartado 1, sobre publicidad.

La Autoridad neerlandesa de Consumidores y Mercados sigue colaborando. Puede aportar conocimiento y pruebas; la Comisión dirige el procedimiento y decide su desenlace bajo el DSA. Es una distinción sencilla de perder en una página llena de logotipos institucionales. La prueba de quién manda no es quién aparece en la fotografía de grupo, sino quién puede solicitar, valorar y convertir las pruebas en una decisión.

La Comisión podrá pedir más información, entrevistar o inspeccionar y elegir entre las vías previstas por el Reglamento, incluidas medidas provisionales, compromisos o una decisión de incumplimiento. Hoy hay un procedimiento abierto y un ámbito definido. Mañana importarán los documentos que enseñen cómo se trató cada promesa hecha al viajero: habitación real, mensaje fiable y anuncio presentado como anuncio.

Fuentes originales