Resumen

  • La RCC quiere que el secretario general, junto con el director de la Oficina de Desarrollo, presente al Consejo los criterios para elegir expertos que ejecuten proyectos.
  • También propone recurrir especialmente a expertos locales y regionales que representen a miembros de la UIT, incluidos Estados, y dirijan órganos de trabajo pertinentes.

Los proyectos internacionales llegan a la mesa del Consejo convertidos en objetivos, costes y resultados. La persona que debe ejecutarlos aparece mucho antes de la primera casilla de resultados. La adición 14 de la RCC, publicada por la UIT el 23 de octubre, es una propuesta de los Estados miembros del grupo regional RCC para la conferencia de noviembre. Añade un apartado 17 a la resolución 157: el secretario general, junto al director de la Oficina de Desarrollo, llevaría al Consejo los criterios para escoger a los expertos encargados de ejecutar proyectos. El Consejo examinaría y aprobaría el criterio; el texto no le entrega una lista de candidatos para votar.

La resolución adoptada en 2022 ya pone dinero y responsabilidad alrededor de esa elección. Permite contratar personal cualificado dentro o fuera de la UIT cuando haga falta, sujeto a los límites financieros fijados o a recursos procedentes de los costes de apoyo a proyectos. Cuando corresponde, fija como objetivo recuperar al menos el 7 % de esos costes en proyectos del PNUD u otros acuerdos de financiación. También ordena informar regularmente al Consejo sobre objetivos, productos, fondos y donantes. Elegir al experto afecta a una capacidad de ejecución financiada y supervisada.

En otro inciso, el texto vigente pide recurrir a expertos locales y regionales sin distinción de edad para que la labor continúe tras el proyecto. La RCC inserta una preferencia específica: expertos que representen a miembros de la UIT, incluidos Estados miembros, y ocupen puestos directivos en órganos de trabajo pertinentes. Esa frase convierte la posición dentro de la Unión en un dato relevante para el acceso al trabajo. El borrador no decide cuánto pesa frente a la trayectoria práctica; precisamente esa comparación tendría que aparecer en los criterios que vea el Consejo.

La base pública de proyectos que ya exige la resolución permite seguir objetivos cumplidos y costes. La propuesta desplaza parte del escrutinio al momento anterior, cuando se determina quién puede realizar la tarea. En noviembre se decidirá si el Consejo recibe también esa pieza del expediente.

Fuentes oficiales