Resumen

  • La consulta CP10/26 de la PRA cerró el 14 de octubre, pero el regulador no ha publicado una decisión ni ha puesto en vigor las supresiones propuestas.
  • La pregunta central es si los controles posteriores de resiliencia y resolución pueden sostener servicios esenciales sin las mismas restricciones sobre quién los presta. Esa decisión no es la misma que la reforma legal del Tesoro ni que el proyecto de ley que tramita el Parlamento.

Que venza el plazo para opinar no significa que cambie la norma. La Prudential Regulation Authority (PRA) publicó CP10/26 el 14 de julio de 2026 y aceptó respuestas hasta el 14 de octubre. Propone eliminar las reglas 9.1, 9.2 y 9.3 de la parte del Rulebook sobre ring-fenced bodies y ajustar la orientación supervisora asociada. La PRA prevé cerrar el trabajo en 2027. El documento no publica cuántas respuestas recibió ni anticipa su contenido; por tanto, todavía no hay resultado de consulta ni política adoptada.

Las tres reglas responden a problemas diferentes. La 9.1 limita ciertos servicios operativos regulares entre la entidad aislada y otras empresas del grupo, salvo cuando interviene una sociedad de servicios dedicada. La 9.2 busca evitar que servicios vinculados a la captación de depósitos básicos se interrumpan por acciones, omisiones o dificultades financieras de otro miembro del grupo. La 9.3 establece una excepción acotada para algunos eslabones de la cadena de proveedores. Suprimirlas cambiaría controles concretos; no equivaldría a desmontar todo el ring-fencing.

La PRA sostiene que hoy existen marcos más flexibles para proteger la continuidad. CP10/26 menciona Operational Continuity in Resolution (OCIR), resiliencia operativa y las reglas de externalización y riesgo de terceros. El argumento es que importa más demostrar que el servicio crítico seguirá disponible bajo presión que imponer una única estructura societaria para prestarlo. El requisito de que las operaciones intragrupo se hagan en condiciones de plena competencia se mantendría. No se plantea una vía general para transferencias financieras sin condiciones entre las partes aisladas y el resto del grupo.

El cambio desplaza el foco de la prueba. Con una regla de proveedor, la supervisión puede mirar qué entidad presta el servicio y si la forma organizativa está permitida. Con un estándar de continuidad, el banco tiene que mostrar qué funciones son críticas, de qué sistemas y subcontratistas dependen, quién puede intervenir en una crisis y cómo se conserva el acceso a personal, información y contratos durante una resolución. La segunda prueba puede seguir mejor la realidad operativa, pero exige más evidencia y capacidad de ejecución. La propuesta no demuestra por sí sola que todas las entidades ya cumplan ese estándar.

La continuidad no parte de cero. La declaración SS4/21 sobre OCIR trata el acceso a servicios durante una resolución y pide a los bancos aislados que tengan en cuenta la parte de ring-fenced bodies al aplicar OCIR. La cuestión no es elegir entre continuidad y ausencia de salvaguardas. Es si, al quitar las reglas 9.1–9.3, los instrumentos restantes forman una cadena suficientemente clara y exigible.

El calendario de terceros añade otra capa. La actualización de marzo de 2026 de SS2/21 sobre externalización y terceros ya está publicada, pero entrará en vigor el 18 de marzo de 2027. Aborda gobernanza, subcontratación, continuidad del negocio y planes de salida. Esa fecha futura no quiere decir que las normas del capítulo 9 ya hayan sido retiradas ni que CP10/26 esté resuelta. La versión final tendrá que explicar cómo se conectan los requisitos actuales, una eventual supresión y las obligaciones que llegan después.

El proceso político es independiente. La revisión del ring-fencing del Tesoro, del 18 de mayo, mantiene el principio del aislamiento bancario y plantea más flexibilidad mediante legislación primaria, secundaria y cambios al Rulebook de la PRA. La consulta del Tesoro, cerrada el 8 de septiembre, trató otros asuntos legislativos. Su plazo no era el mismo que el de la consulta de la PRA, que terminó el 14 de octubre.

El registro del Financial Services and Markets Bill muestra que el proyecto completó las etapas de los Lores y tuvo primera lectura en los Comunes el 15 de septiembre. La fecha de segunda lectura está pendiente de anuncio. El proyecto de ley no adopta CP10/26; la consulta tampoco decide el contenido del proyecto. Confundir ambas vías oscurecería quién define cada salvaguarda, en qué instrumento y con qué calendario.

Para los bancos y proveedores críticos, la pregunta práctica será qué pueden demostrar: un mapa útil de servicios, conocimiento de las dependencias, acceso que resista las dificultades del grupo y una salida o transferencia ordenada. Son asuntos que aparecen en los marcos citados, no una lista nueva que CP10/26 ya haya impuesto a cada banco. La decisión final y la aplicación supervisora serán determinantes.

La fecha del 14 de octubre abre, por tanto, la evaluación de las respuestas. La PRA tendrá que decidir si los marcos generales son equivalentes, más eficaces o demasiado difusos para sustituir reglas específicas. Hasta que lo haga, los requisitos vigentes siguen siendo la referencia. La reforma del Gobierno y del Parlamento mantiene su propio recorrido.

Fuentes: PRA CP10/26; revisión del Tesoro; consulta del Tesoro; etapas del proyecto; SS4/21; actualización SS2/21.