Resumen

  • El 15 de octubre, el Department of Justice presentó una demanda civil contra REPS & Company Inc. y tres directivos; les acusa de eludir controles de compra en línea para miles de eventos.
  • La Federal Trade Commission votó 2–0 para remitir el caso al DOJ. Esa remisión no es un fallo: el tribunal debe decidir si existe responsabilidad.

Un límite ligado a una cuenta

La demanda parte de una regla sencilla: los vendedores de entradas fijan cuántas puede comprar una persona para un evento. Según el escrito, REPS habría rebasado esos topes al repartir las compras entre cuentas que aparentaban pertenecer a distintos compradores. La demanda alega que usó nombres o domicilios de empleados y terceros, tarjetas virtuales y números telefónicos bajo control de la empresa, direcciones IP proxy, VPN y navegadores con varias sesiones. Cuando los vendedores bloqueaban una cuenta, REPS habría hecho pequeños cambios en el nombre o domicilio asociado.

El detalle importa porque la Better Online Ticket Sales Act (BOTS Act) prohíbe eludir medidas de seguridad, controles de acceso u otras herramientas tecnológicas que el vendedor utiliza para hacer cumplir los límites publicados o proteger la integridad de las órdenes en línea. La demanda también invoca la sección 5(a) de la FTC Act. La teoría no consiste simplemente en revender entradas caras: sostiene que una coordinación de cuentas habría neutralizado controles en el momento de la asignación inicial.

Las cifras de las autoridades siguen siendo alegaciones. La demanda presentada dice que, entre enero de 2022 y octubre de 2025, los acusados compraron más de ocho entradas para al menos 83.000 eventos distintos, gastaron más de 1.300 millones de dólares para reunir más de 18,5 millones de entradas y obtuvieron al menos 120,8 millones de dólares de beneficio en reventas. El comunicado de la FTC ofrece una cifra algo distinta: al menos 83.500 eventos. Ambos textos atribuyen los datos a la demanda; la diferencia entre fuentes no debe borrarse.

La FTC también cita un ejemplo presunto de Kansas City en 2023: 1.300 cuentas, 7.624 entradas para un concierto de la gira Renaissance de Beyoncé y 833.000 dólares de beneficio.

Qué debe probarse ante el tribunal

La FTC informa que sus comisionados votaron 2–0 para remitir la demanda al DOJ. Después, el DOJ la presentó en nombre de Estados Unidos ante el U.S. District Court for the Southern District of California, con el número 26-cv-05895. La secuencia separa la actuación administrativa del juicio. La votación refleja la decisión institucional de remitir el asunto; la demanda expone lo que sostiene el Gobierno; ninguno de esos actos decide la responsabilidad.

El DOJ aclara que las afirmaciones son acusaciones y que no existe una determinación de responsabilidad. El tribunal tendrá que evaluar si los controles servían para aplicar límites publicados, si los métodos alegados los eludieron y qué conductas pueden atribuirse a cada demandado. El volumen de compras explica el alcance del caso, pero no resuelve esas cuestiones jurídicas. La demanda solicita medidas cautelares y compensaciones económicas y sanciones civiles; su presentación no significa que se hayan concedido.

Para los vendedores de entradas, el caso conecta la integridad de las cuentas con los topes de compra. La FTC dice que se vigilan cuentas, tarjetas, correos electrónicos, teléfonos y direcciones IP asociados a las compras. Los próximos documentos judiciales podrían mostrar cómo se relacionaron esas señales. Por ahora, el registro público contiene una demanda detallada y un caso recién iniciado, no una conclusión judicial sobre REPS o sus directivos.

Fuentes