Resumen

  • El borrador de 2020 definió el desarrollo de capacidades como una aptitud que personas e instituciones obtienen, refuerzan y mantienen a lo largo del tiempo.
  • El informe del IGF para 2021 documenta escala y actividad, pero sus cifras no prueban que las instituciones locales conservaran después las capacidades que el marco quería desarrollar.

La pregunta que no cabe en un recuento anual

En 2021, veinte iniciativas nacionales, regionales y juveniles del IGF recibieron subvenciones por un total de 96.518 dólares. Más de 110 personas de países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral, pequeños Estados insulares en desarrollo y economías en transición obtuvieron apoyo económico para participar en el encuentro anual. Además, se celebraron ocho talleres temáticos en línea junto a reuniones regionales. Son datos concretos sobre recursos y actividad. La pregunta es qué puede afirmarse cuando el taller termina y la financiación se agota.

El borrador de marco que Anriette Esterhuysen preparó para la Secretaría del IGF, concluido en febrero de 2020 tras una consultoría de investigación iniciada en 2019, ya apuntaba a esa diferencia. Era una propuesta, no una norma vinculante aprobada por el MAG. Definía el desarrollo de capacidades como el proceso por el que personas e instituciones adquieren, fortalecen y mantienen la capacidad de fijar y alcanzar sus propios objetivos de política relacionados con Internet. La palabra «propios» desplaza el centro de gravedad: el resultado no es repetir el lenguaje de un foro internacional, sino poder analizar decisiones y actuar en el contexto institucional local.

Ese enfoque amplía la unidad de análisis. Una participante puede aprender a evaluar una propuesta, formar una red de colegas o adquirir experiencia en un debate global. Sin tiempo, respaldo y continuidad dentro de su organización, ese aprendizaje puede no convertirse en capacidad institucional. Por eso el marco enlaza el desarrollo individual con las instituciones en las que las personas trabajan y a las que regresan.

Cinco piezas conectadas

El borrador propuso cinco pilares: acceso a información y materiales sobre oportunidades de desarrollo; mentoría; apoyo a la participación; actividades de aprendizaje vinculadas al ciclo anual y al trabajo entre sesiones del IGF; y prácticas profesionales e intercambios. La página del IGF sobre las actividades de la presidencia del MAG en 2020–2021 recoge esos pilares y añade criterios de diseño: continuidad, reconocimiento del conocimiento nacional y regional, aprendizaje entre pares y conexión entre las capacidades de las personas y las instituciones.

La evaluación de necesidades publicada junto al marco ayuda a entender por qué el apoyo puntual no bastaba. Su síntesis se basó en más de 40 personas consultadas y estudios previos; no fue una encuesta estadísticamente representativa de todas las personas vinculadas al IGF. Quienes respondieron valoraban las becas y la ayuda para viajar, pero no las consideraban suficientes para sostener una participación eficaz a largo plazo. También señalaron que las instituciones y los procesos nacionales condicionan la utilidad de la participación internacional. Pagar el viaje puede quitar una barrera financiera. No proporciona automáticamente seguimiento, mentoría ni una organización capaz de poner en práctica lo aprendido.

Esto no resta valor al apoyo a la participación: el propio marco lo incorpora como uno de sus cinco pilares. La diferencia es más precisa. Una presencia financiada es una parte del recorrido, no una prueba de que el recorrido haya creado capacidad duradera.

Lo que demuestra —y lo que no— el registro de 2021

El Informe anual de progreso del IGF de 2021 recoge distintas actividades: subvenciones a veinte iniciativas, apoyo económico para participar, ocho talleres en línea, consultas, seminarios web y formación para organizadores y moderadores. También afirma que los talleres atrajeron más interés por el trabajo entre sesiones y por la decimosexta reunión del Foro. El informe indica que Anriette Esterhuysen fue reelegida presidenta del MAG para 2021; el anuncio de su nombramiento en 2019 sitúa el inicio de ese periodo.

Estas cifras informan sobre ejecución, alcance e interés declarado. Por sí solas no muestran si las personas conservaron habilidades, si sus organizaciones cambiaron sus prácticas de política pública o si meses después lograron avanzar prioridades locales. El mismo informe recoge otros productos de la reunión anual, pero esos resultados no equivalen a una evaluación del programa de desarrollo de capacidades. Se trata de un límite de lo que prueban los datos citados, no de una conclusión de fracaso ni de que no exista evaluación en otros documentos.

El borrador de Esterhuysen pedía incorporar aprendizaje y evaluación para saber si se atendían las necesidades. También sugería seguimiento local y nacional, compromiso de las instituciones y vínculos entre las actividades globales e iniciativas regionales. Un registro público podría mirar más allá de la asistencia y las entregas: qué objetivo de política eligió la institución de una persona participante; qué apoyo interno ofreció; si esa persona volvió a intervenir en un proceso relevante; y qué cambió, si algo cambió, con el paso del tiempo.

El seguimiento tendría que respetar las diferencias entre contextos, en vez de comparar países con una única escala.

La Agenda de Túnez establece el contexto institucional: el IGF debe contribuir al desarrollo de capacidades en gobernanza de Internet aprovechando el conocimiento y la experiencia locales, pero sigue siendo un proceso no vinculante y ajeno a la operación técnica cotidiana de Internet. El marco no pretende sustituir a instituciones locales ni darles órdenes. Busca que personas y organizaciones puedan actuar con más recursos en sus propios entornos de política pública.

El balance de 2021 muestra varias herramientas y una participación considerable. No responde por sí mismo a la pregunta de largo plazo del marco. Para ello harían falta plazos de seguimiento, consentimiento de las personas y evidencia de las instituciones donde trabajan. El criterio sería si pueden impulsar objetivos que ellas mismas eligieron, no cuántos talleres, acreditaciones o subvenciones se suman al cierre del año.