Resumen

  • La OCDE recibió 42 respuestas consolidadas sobre prácticas de los gobiernos centrales o federales vigentes al 1 de enero de 2026.
  • 26 de 40 respuestas mencionan reducir reglas internas y 30 de 40 automatizar tareas, incluida la IA. Son medidas declaradas, no mejoras de servicio ya medidas.
  • La OCDE propone un marco de indicadores en construcción, sin índice compuesto ni clasificación de países.

Análisis

La OCDE convirtió 42 respuestas consolidadas de gobiernos en un inventario de prácticas. Para saber qué cambió para quien usa un servicio, el nuevo informe propone indicadores distintos: tiempo de espera, pasos y contactos necesarios, y respuesta a las consultas.

La encuesta se distribuyó entre los 38 miembros de la OCDE y ocho candidatos a la adhesión, y se realizó entre febrero y junio de 2026. Llegaron 42 respuestas: 35 de miembros y siete de candidatos. Delegados nacionales y responsables de organismos públicos coordinaron una respuesta consolidada para todo el gobierno central o federal sobre políticas y prácticas vigentes al 1 de enero. Después, la OCDE hizo rondas de validación y verificación con los países.

La encuesta permite ver qué medidas dicen adoptar las administraciones. Veintiséis de 40 respuestas señalan la reducción de normas internas y trámites como una medida importante de eficiencia. Treinta de 40 nombran la automatización de tareas, también con IA. Son recuentos de prácticas reportadas. No indican cuánto tarda ahora una autorización, cuántas veces debe una persona volver a presentar un documento ni si una aprobación retirada reapareció con otro nombre.

Ese salto importa. Un programa de reforma deja rastros dentro del gobierno: equipos, revisiones, sistemas y objetivos. El resultado para el público deja otros rastros: tiempo entre solicitud y respuesta, pasos necesarios, contactos repetidos, solicitudes abandonadas y cambios hechos después de escuchar a quienes usan el servicio.

El informe denomina « tramo intermedio que falta » a la parte que conecta los recursos y las estructuras con los efectos de largo plazo. La OCDE organiza su propuesta en cuatro objetivos: una relación renovada entre gobierno y ciudadanía; un Estado y una regulación más sencillos; más margen en las finanzas públicas; y gobiernos capaces de anticiparse, no solo prepararse. El anexo ofrece ejemplos concretos: medir el tiempo medio entre una solicitud y la entrega de un servicio ligado a un acontecimiento vital, contar los pasos y contactos de una gestión, o calcular qué proporción de consultas termina con una respuesta pública.

La OCDE presenta esos indicadores como ejemplos para desarrollar. El marco inicial no es un índice compuesto ni una tabla para ordenar países. Busca un lenguaje común para comprobar si las reformas avanzan hacia los resultados previstos. El plan es gradual: acordar qué resultados importan, mapear los indicadores existentes, localizar vacíos y construir medidas comparables con los países. Para algunos indicadores la OCDE podría reunir datos directamente; para otros, los gobiernos tendrían que aplicar métodos nacionales con definiciones compartidas. La responsabilidad se decidirá medida por medida.

Parte de la información ya se recoge; el problema es que puede quedarse en una bandeja de entrada. El capítulo sobre la práctica señala que 29 de 31 países de la OCDE recopilan datos de experiencia de los usuarios. Solo 16 de 31 dicen incorporarlos a decisiones para mejorar servicios. Es una fuente y un denominador distintos de las 42 respuestas de Government Unstuck. La diferencia muestra por qué encuestar no basta: una oficina puede recibir comentarios sin cambiar el servicio.

La encuesta de confianza de la OCDE de 2026 aporta una perspectiva ciudadana distinta. Abarca 33 miembros y cinco países candidatos. Entre quienes respondieron en países de la OCDE, un 40% declara confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional, frente a un 43% con confianza baja o nula. Solo el 31% cree que el sistema político permite que personas como ellas tengan voz; el 39% considera que participar en una consulta influye en la acción del gobierno. Son percepciones de otra encuesta. No hay un vínculo entre cada encuestado y un servicio automatizado concreto ni una comparación de sus respuestas antes y después de una reforma.

Por eso el informe propone combinar cuatro tipos de evidencia: experiencia de las personas, registros administrativos, comportamientos observables e indicadores estructurales o macroeconómicos. Ninguno responde por sí solo a todo. Una percepción puede variar por razones ajenas al servicio. Un registro puede contar trámites completados y omitir a quienes desistieron. El comportamiento depende de factores externos. Y comparar registros administrativos exige que los países midan lo mismo.

La cuestión también es quién define la vara. Los países participarán en las definiciones y métodos; la OCDE puede recoger ciertos datos o coordinar sistemas nacionales. Cada indicador necesita denominador, límites del servicio y reglas de revisión publicados. Sin eso, una comparación internacional puede parecer precisa mientras suma unidades distintas.

La próxima publicación debería conectar cada medida declarada con un resultado observable: tiempo de espera, número de pasos, solicitudes repetidas o consultas que cambiaron una propuesta. La OCDE ya definió el trabajo. Ahora debe publicar medidas que enfrenten la actividad administrativa con la experiencia de quienes dependen de ella.

Fuentes