Resumen

  • El documento 53-E de ITU sitúa el cambio organizativo mayor en una modificación de más de la mitad de las funciones de un puesto D-1 o D-2 de plazo fijo con cargo al presupuesto ordinario.
  • El informe prevé revisión de Recursos Humanos y del Comité de Coordinación antes de la decisión del Consejo. La PP-26 está invitada a tomar nota, no a aprobar un umbral nuevo.

La cifra no se refiere a empleados trasladados ni a una parte del presupuesto. El informe mide las funciones asignadas a una plaza concreta: un puesto D-1 o D-2 de plazo fijo financiado por el presupuesto ordinario. El cambio debe afectar a más del 50 % de esas funciones para entrar en la categoría descrita como mayor.

El criterio marca una frontera de autoridad. El artículo 4, número 70(4), del Convenio de ITU atribuye al Consejo las propuestas de cambios organizativos mayores en la Secretaría General y las Oficinas de los Sectores. El secretario general las presenta después de que las considere el Comité de Coordinación. El documento 53-E añade una recomendación del Departamento de Gestión de Recursos Humanos, seguida del examen del Comité y el envío al Consejo.

Los cambios de mandato o estructura de un departamento u Oficina cuentan solo en la medida en que afecten a los puestos correspondientes. Las funciones de una plaza sirven así para decidir cuándo una alteración estructural debe llegar al Consejo. El informe diferencia ese control de las facultades delegadas para administrar puestos: las Resoluciones 1107 y 1108 permiten, bajo sus condiciones y previa consulta al Comité de Coordinación, reclasificar o elevar puestos existentes y crear o suprimir puestos de las categorías de Servicios Generales y Profesional. El texto menciona puestos G-1 a P-5 en relación con la Resolución 1108.

La nota del secretario general, fechada y publicada el 5 de octubre de 2026, responde al apartado 10.6 del informe de la presidencia del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Finanzas y Recursos Humanos, C26/50(Rev.1). Se presenta para seguir debatiendo en la PP-26. La acción solicitada es tomar nota del informe; no es una enmienda ni una decisión de la Conferencia. La reunión debía comenzar el 9 de noviembre.

El informe fija el porcentaje, pero no explica cómo calcularlo. No dice cómo comparar las funciones antes y después, qué fecha usar de referencia, cómo agrupar el efecto en varios puestos ni qué documentos sostienen la cifra. Esa falta de detalle no prueba que ITU carezca de un procedimiento interno. El texto no describe una reorganización concreta ni calcula ahorros; la sección financiera se marca como no aplicable.

La pregunta para la PP-26 es acotada: ¿explica el informe dónde termina la gestión delegada y empieza la decisión del Consejo? Tomar nota de la explicación no equivale a aprobar una regla nueva.

Fuentes