Summary

  • La empresa CPCCo identificó 2.734 problemas en Hanford durante el ejercicio fiscal 2024. La oficina federal del sitio dijo seguir 346 problemas del mismo contratista. Son universos de registro distintos; GAO encontró que faltaba una vía sistemática de selección y seguimiento hasta la sede.
  • La sede de Gestión Ambiental llevaba 64 asuntos identificados en todo su complejo durante 2024–2025. Sus responsables no explicaron cómo elegían los elementos ni demostraron su uso para programar inspecciones según el riesgo. No habían ejecutado el calendario de evaluaciones de oficinas locales desde 2020.
  • En Idaho, la sede desconocía una serie de 15 eventos radiológicos que ponían al personal en riesgo de sobreexposición, pese a las rutas de comunicación descritas por el contratista y la oficina local.

La resta que no cuenta la historia

2.734 frente a 346 parece una acusación escrita en números. El primer dato corresponde a los problemas identificados por Central Plateau Cleanup Company en Hanford en el ejercicio 2024. El segundo, a los que la oficina federal del lugar dijo seguir respecto de esa empresa. En 2025 fueron 1.908 y 320. Restarlos supondría que ambas listas tienen idénticas reglas de inclusión. GAO no establece eso. Lo que sí falta es una explicación rastreable de qué problema se elevó al registro federal, con qué gravedad y por qué.

El informe oficial de la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos examinó tres contratos seleccionados en Hanford, Idaho y Los Álamos. La muestra no permite calcular una tasa nacional de defectos. La escala del encargo, sin embargo, hace urgente la pregunta sobre el flujo de información. La Oficina de Gestión Ambiental del Departamento de Energía limpia quince emplazamientos contaminados por la producción de armas nucleares y la investigación energética. En abril de 2026 estimaba que el trabajo pendiente podía durar hasta 2100 y costar entre 641.000 y 840.000 millones de dólares. Alrededor del 95 % de su presupuesto anual de 8.000 millones se gasta mediante contratos, con más de 25.000 trabajadores contratados.

El sistema federal confía a ciertos contratistas una parte de la vigilancia de sí mismos: detectar fallos, comunicarlos y evitar que se repitan mediante sistemas de aseguramiento. La oficina de campo revisa ese trabajo; la sede debería usar el resultado para concentrar sus propios controles en las amenazas mayores. Cada cambio de manos exige conservar el significado del aviso.

La palabra «eficaz» llega sin medida

En las últimas declaraciones disponibles, correspondientes a 2021 y 2022, los responsables locales y contratistas de Hanford e Idaho calificaron sus sistemas, en general, de eficaces. Los de Los Álamos no determinaron su eficacia. GAO no pudo reconstruir cómo se formularon los dos juicios positivos. Faltaba una definición de eficacia y criterios medibles; las mismas declaraciones incluían ejemplos de desempeño deficiente y problemas recurrentes.

Idaho ilustra lo que se juega una palabra sin escala. Su contratista IEC registró 15 eventos radiológicos entre junio de 2024 y febrero de 2025. El personal afrontó riesgo de sobreexposición y los eventos podían haber extendido contaminación. GAO halló que los responsables de la sede desconocían la serie. La empresa dijo haberla comunicado a un sistema de incumplimientos; la oficina local afirmó incluirla en un informe trimestral enviado a la sede. El dato pudo recorrer un canal documental sin convertirse en un patrón reconocido por quienes fijaban prioridades.

La sede mantenía su propia lista: 64 problemas identificados en 2024–2025 en todo el complejo, con 24 en Hanford, 17 en Los Álamos, ninguno en Idaho y 23 en otros emplazamientos. Su período, sus fuentes y su alcance difieren de los del registro del contratista de Hanford. La comparación útil pregunta cómo se eligió cada entrada y qué decisión provocó. Los funcionarios de la sede no pudieron explicar lo primero ni demostrar lo segundo.

Una gravedad distinta en cada oficina

Ni siquiera las etiquetas son intercambiables. En Idaho, la empresa empleaba cinco niveles de importancia y la oficina federal tres; en Los Álamos, tres y cuatro respectivamente. Hanford empezó a unificar términos e indicadores entre sus contratistas en 2022 y sus responsables dijeron que así podían comparar tendencias dentro del sitio. La sede no había mostrado un puente equivalente entre emplazamientos.

Tampoco había ejecutado su calendario de evaluaciones de oficinas de campo desde 2020. Preparó planes para 2024 y 2025, incluso para revisar las declaraciones de eficacia, pero no los llevó a cabo. Los adjetivos circulaban sin el examen central que podía comprobarlos.

GAO recomendó definir eficacia con criterios medibles, fijar datos y términos comunes para la sede, ejecutar las evaluaciones previstas y dar consecuencias contractuales a un sistema de aseguramiento deficiente. Energía aceptó las cuatro recomendaciones. El resultado tendrá que verse en registros conectados y controles realizados, no en la carta de acuerdo.

Sources