Resumen

  • Frederick County rechazó el 14 de septiembre la solicitud de acuerdo de Catellus. Jessica Fitzwater cuestionó intercambiar beneficios comunitarios por protección frente a futuras leyes locales.
  • Otra orden prolonga la pausa de solicitudes hasta el 1 de julio de 2027, salvo cambio anticipado. Excluye terrenos con una carta APFO aprobada antes del 17 de junio de 2025.

La pregunta no era solo cuánto recibiría la comunidad, sino qué capacidad conservaría para cambiar las reglas después. Ese es el motivo que Jessica Fitzwater dio al rechazar, el 14 de septiembre, la solicitud de Catellus de un acuerdo sobre derechos y responsabilidades de desarrollo para Frederick Digital Campus, en Adamstown.

Dos semanas antes, Frederick County había presentado una propuesta de beneficios comunitarios valorada en 110 millones de dólares. En la transcripción oficial de su intervención, Fitzwater reconoce que los beneficios atenderían necesidades importantes, pero considera inaceptable proteger de futuras leyes locales a una industria que cambia con rapidez.

Es su explicación de la decisión. No debe ampliarse hasta afirmar que el desarrollador buscaba inmunidad frente a todas las normas estatales o federales, ni confundirse con una interpretación independiente de cláusulas que no se han examinado.

La propuesta no era dinero ya recibido

El anuncio del 1 de septiembre describía inversiones financiadas por el desarrollador y señalaba que la solicitud iniciaba un proceso público. Invitaba a presentar comentarios hasta el 10 de septiembre.

El acto del día 14 rechaza esa solicitud. No acredita la ruptura de un contrato de beneficios ya firmado ni la devolución de dinero desembolsado. Tampoco resuelve por sí mismo qué ocurre con cada autorización previa de desarrollo.

El condado había promovido tanto inversiones comunitarias como reducciones del impacto del campus. Tras el rechazo, las condiciones de una eventual negociación siguen abiertas. La solicitud original del desarrollador no pudo consultarse para este artículo, por lo que no se atribuyen al documento plazos concretos, excepciones legales o hitos de pago. La decisión y su motivo declarado sí constan en el anuncio y la transcripción oficiales.

La pausa tiene una frontera documental

La orden ejecutiva 05-2026 entró en vigor el 14 de septiembre y sustituye a la 04-2026. Ordena al personal de planificación y permisos dejar temporalmente de recibir, considerar, tramitar o revisar solicitudes para instalaciones de infraestructura digital crítica y sus subestaciones eléctricas especificadas, según la clasificación del condado.

La vigencia termina el 1 de julio de 2027, salvo que se sustituya o finalice antes. Esa fecha limita esta pausa administrativa; no garantiza que un proyecto obtenga permiso o esté listo para construir al día siguiente.

La excepción se refiere a terrenos que, antes del 17 de junio de 2025, obtuvieron una carta de entendimiento aprobada conforme a la Adequate Public Facilities Ordinance, conocida como APFO. No basta la antigüedad del proyecto, una compra anterior del suelo o cualquier aprobación sin precisar.

Quedar fuera de esta pausa tampoco equivale a obtener todos los demás permisos. La orden no identifica qué parcelas concretas del campus cumplen el requisito: harían falta sus expedientes de aprobación. Por eso, ni el rechazo del acuerdo ni la extensión de la pausa prueban una revocación general de derechos existentes.

Dos vías que no conviene mezclar

La orden cita como antecedente que el estudio estatal sobre el impacto de los centros de datos seguía sin completarse en la fecha de firma. Fitzwater también habló de esperar al próximo consejo del condado y al estudio. Esas preferencias políticas no sustituyen los términos operativos del texto firmado.

Para evaluar un proyecto hay que separar si sus documentos anteriores permiten acogerse a la excepción y si el condado acepta otorgar nuevas garantías sobre las reglas futuras. Lo primero depende de la orden y del expediente del terreno. Lo segundo era parte del intercambio que la responsable rechazó.

Las decisiones publicadas no establecen un cierre de todas las instalaciones operativas. El cambio es una negativa a la protección regulatoria descrita por Fitzwater y una pausa de solicitudes más larga, pero con una excepción concreta. Convertirlo en una prohibición absoluta borraría la información que determina la situación real de cada propiedad.

Fuentes