Summary

  • El informe del GAO divulgado el 14 de octubre de 2026 encuentra que ICE vigila el uso de cámaras corporales mediante supervisores y controles manuales, pero no dispone de disparadores automáticos como los que CBP emplea en ciertas circunstancias, entre ellas la extracción de un arma o la activación de luces de emergencia.
  • DHS se opuso a la recomendación de reforzar los controles de activación de ICE. Señaló el riesgo de grabar por error a informantes, víctimas o transeúntes en actividades protegidas. El GAO respondió que el departamento no identificó situaciones donde automatizar fuera viable ni un control alternativo que asegurara las imágenes exigidas.

La grabación empieza antes de la prueba

CBP había desplegado unas 11.500 cámaras corporales en junio de 2026; ICE, unas 4.800 en abril. Son cortes distintos, no una cifra simultánea. Pero ambos programas ya estaban lejos de una demostración pequeña cuando el GAO revisó su funcionamiento. La cámara puesta sobre el uniforme promete documentar encuentros con el público. Esa promesa depende de un paso previo y fácil de perder: que el aparato empiece a grabar cuando corresponde.

ICE exige explicar la falta de activación y sus supervisores revisan incidentes y archivos. CBP usa además encendido automático en supuestos concretos, como la extracción de un arma o las luces de emergencia. ICE carecía de un control semejante. El GAO describe por qué la vigilancia manual tiene límites: algunos sistemas de casos no enlazan por completo con el depósito de vídeo; el número de encuentros es alto; un supervisor no presencia todos los momentos críticos. La explicación posterior de un fallo sirve para exigir cuentas, pero no devuelve las imágenes ausentes.

El GAO recomendó añadir controles que aumentaran la certeza de grabar las escenas que la norma ordena registrar. La automatización era un ejemplo. DHS rechazó esa recomendación y expuso un peligro concreto: un disparo falso puede registrar contactos con informantes o víctimas, o captar a personas en actividades amparadas por la Primera Enmienda en lugares con restricciones de grabación. La respuesta exige diseñar límites, no ignorar la privacidad. A juicio del GAO, DHS omitió tanto los entornos donde un disparador sí podría funcionar como una medida distinta capaz de proteger la grabación obligatoria.

CBP ya había adoptado disparadores en situaciones comparables.

También faltaba gestión alrededor del botón. CBP no actualizaba su plan desde 2022 e ICE desde 2024, pese a una pausa de nuevas instalaciones en 2025 y cambios en la demanda. Ninguna había establecido indicadores de resultado para comprobar promesas de transparencia y confianza pública. La mayoría de las oficinas carecía de instrucciones operativas adaptadas a su trabajo. DHS aceptó seis de las siete recomendaciones del GAO. La única que disputó toca el instante del que dependen todas las imágenes posteriores.

La salida verificable es una regla delimitada: en qué encuentros debe arrancar el equipo, dónde debe impedirse una activación inadvertida, quién deja constancia de una excepción y cómo se cuentan las escenas obligatorias sin vídeo. Puede haber un disparador, un control manual equivalente o una combinación. El informe ofrece las razones de DHS para proteger a ciertas personas; falta la prueba de que el mecanismo elegido proteja también la evidencia que su política promete.

Fuentes