Summary

  • El DHS publicó más de 10.500 millones de dólares como costos potencialmente evitables por sus cancelaciones contractuales de 2025. El GAO atribuyó el 95 %, casi 10.000 millones, a treinta contratos informáticos de suministro indefinido con horizonte de diez años. Esa cifra era un máximo de compras futuras posibles.
  • El GAO contabilizó 438 contratos distintos cancelados total o parcialmente entre enero y septiembre de 2025. Hasta el 31 de marzo de 2026, el saldo neto de compromisos anulados en ellos fue de 92,37 millones de dólares. Para los requisitos informáticos asociados a los treinta contratos, el DHS comprometió más de 1.700 millones en el año fiscal 2025 mediante acuerdos gubernamentales ya existentes.

El titular sumó espacio para gastar, no pedidos entregados

El informe del GAO de septiembre de 2026 examina la respuesta del DHS a la orden de revisar los contratos federales. El departamento estudió más de 17.000 y los clasificó según su importancia para cada misión. Las oficinas podían recomendar cancelarlos por completo, reducir su alcance, renegociarlos o dejarlos intactos. «Cancelación» incluye, por tanto, casos en los que parte del trabajo seguía viva.

Entre el 20 de enero y el 30 de septiembre de 2025, el GAO identificó 438 contratos únicos terminados por conveniencia. Antes de la terminación, el DHS había comprometido 1.670.143.632 dólares en ellos. Esa cifra nace de acciones de compra concretas. La estimación pública de más de 10.500 millones miraba otro horizonte: el máximo que el departamento podría haber comprometido hasta el final de los contratos, incluidas opciones aún no ejercidas. Colocar ambos importes bajo la misma palabra, «ahorro», borra la distancia entre una autorización y una factura.

Treinta contratos de entrega y cantidad indefinidas concentraban casi 10.000 millones, el 95 % del ahorro potencial anunciado. Eran instrumentos para adquirir tecnología entre los ejercicios 2025 y 2034. Permiten emitir órdenes cuando surge una necesidad. Al cerrarlos desaparece una ruta de compra y su techo. La oficina que necesita equipos y servicios puede buscar otra ruta.

Eso es lo que el DHS explicó al GAO. Sus necesidades informáticas podían cubrirse con contratos existentes de la General Services Administration y otros acuerdos disponibles para todo el Gobierno. En el ejercicio 2025 comprometió más de 1.700 millones de dólares por esas vías para atender tales requisitos. El GAO concluyó que esa parte del costo potencial se incurrió mediante otros contratos. El informe deja abierta la cuantía futura hasta 2034: cada pedido comparable adicional acorta el ahorro real atribuido al cierre de los treinta vehículos.

Una reducción neta de 92 millones con fecha y límites

El auditor también siguió los movimientos posteriores en los contratos terminados, desde su cancelación hasta el 31 de marzo de 2026. En 261 se retiraron 249.158.880 dólares de compromisos. En 32 se agregaron 156.791.323, por trabajo que continuó o por posibles costos de liquidación. En otros 145 no hubo ninguno de los dos movimientos. El saldo: 92.367.557 dólares de compromisos netos anulados. Reducir compromisos puede liberar fondos. La cuenta final dependerá de compras sustitutas y de si el dinero vuelve a comprometerse.

Dos casos del reporte oficial completo enseñan por qué importa la trazabilidad. La oficina del director de informática redujo un contrato de apoyo a la sede que ya acumulaba casi 167 millones de dólares comprometidos; después añadió más de 48 millones para funciones que continuaban. FEMA redujo otro contrato de apoyo a vivienda tras la tormenta Helene. Según esa agencia, la carga de trabajo se había estabilizado; del contrato, con más de 26,6 millones comprometidos antes del cambio, se retiraron 8,4 millones. Un cierre parcial puede contener actividad sustancial o una reducción tangible de tareas. Contarlos como dos rayas idénticas empobrece la evaluación.

El DHS publicó 521 cancelaciones durante el periodo. El GAO eliminó registros duplicados, vehículos de compra que no representaban obligaciones comparables y dos expedientes fuera de su definición; incorporó ocho cancelaciones halladas en los datos federales que faltaban en la lista pública. De ahí su población de 438 contratos. La diferencia entre conteos tiene método. Conviene mostrarlo antes de utilizar cualquiera de ellos como marcador de éxito.

También hubo una intervención en la cadena de mando: desde marzo de 2025, el subsecretario del DHS debía aprobar cada cancelación. La exigencia se retiró a más tardar el 9 de abril de 2026. Un visto bueno central podía hacer visibles las salidas. Para medir el ahorro, alguien debía además reconocer la entrada del mismo requisito por otro contrato. Son dos decisiones distintas.

La nota de Heng Lu sobre describir la estructura real detrás del relato institucional inspira esta pregunta; los datos del DHS proceden del GAO. La reducción neta de compromisos fue real en el periodo medido. El monto de 10.500 millones era una posibilidad máxima que se estrecha cuando los pedidos reaparecen en otra partida. El buen balance sigue el trabajo comprado y el costo que dejó detrás.

Sources