Resumen

  • La OCDE consulta sobre un marco compartido para representar en forma ejecutable leyes ya vigentes. Sostiene que el texto autorizado sigue siendo la fuente vinculante y que la interpretación, la discrecionalidad y las decisiones individuales continúan en manos de las instituciones responsables.
  • Reutilizar reglas podría evitar conversiones repetidas, pero el enlace a una ley no revela qué versión, excepción, aprobación o despliegue informático produjo la respuesta que recibió una persona.

La respuesta llega antes que el expediente

Un simulador de una administración indica que una persona no cumple los requisitos para recibir una ayuda. La respuesta es rápida, uniforme y sale de un sistema digital. Para entenderla o recurrirla, sin embargo, hace falta reconstruir un recorrido: qué norma estaba en vigor, qué disposición se aplicó, qué versión del programa se ejecutó y quién autorizó esa versión.

La consulta de la OCDE de 2026 sobre Law as Code intenta que ese recorrido sea más reutilizable. La definición se refiere a disposiciones autorizadas y vigentes transformadas en representaciones que una máquina puede ejecutar, vinculadas a sus textos de origen y disponibles como infraestructura pública compartida. La propuesta no convierte el programa en fuente del derecho. El texto legal sigue siendo vinculante; la representación no cambia la interpretación ni las responsabilidades institucionales y no decide por sí sola cada caso. La discrecionalidad y la valoración humana deben seguir a la vista.

Esa cautela resuelve un malentendido, pero no explica de dónde sale una respuesta concreta. La ley puede haber cambiado después de codificar una regla. Una disposición transitoria puede depender de la fecha de solicitud. Un equipo jurídico puede haber interpretado una excepción. Un proveedor puede haber desplegado una versión nueva en un servicio y mantener la anterior en otro. Si la pantalla solo enlaza una norma, la persona no sabe cuál de esas circunstancias determinó su resultado.

Compartir la lógica también concentra el mantenimiento

La OCDE señala que las administraciones suelen traducir por separado la lógica jurídica para cada sistema digital. Esa repetición puede generar duplicación, incoherencia, poca transparencia e interoperabilidad, y dependencia de plataformas o proveedores específicos. Un marco común aspira a reducir ese trabajo. Es una justificación de política, no un ahorro ya medido.

La reutilización redistribuye las responsabilidades. Alguien tendrá que interpretar la disposición, someterla a revisión jurídica, publicar una versión e informar a los servicios que dependen de ella cuando cambie. Si cada organismo construye sus propias reglas, paga y mantiene varias implementaciones. Si muchos consumen una sola representación, el mantenimiento se vuelve más central y un error o una actualización tardía puede extenderse.

La European Legislation Identifier de la Unión Europea ayuda a separar dos tareas. Sus identificadores URI, metadatos estructurados y formato de intercambio permiten localizar legislación y sincronizar información. No convierten las disposiciones en lógica ejecutable. El identificador permite rastrear la fuente; no demuestra que el programa la haya representado bien.

En agosto, GovCMS, del Gobierno australiano, anunció que su capacidad Rules as Code estaba disponible en su plataforma. El primer uso en producción que menciona es un comprobador de elegibilidad para que un organismo pueda incorporarse a GovCMS; sus reglas son de código abierto. Es un ejemplo concreto pero acotado de una herramienta operativa. No demuestra que una ley se aplique con autoridad jurídica a los ciudadanos en toda la administración. La propia guía de GovCMS advierte que sus herramientas no dan asesoramiento jurídico, no emiten decisiones vinculantes ni sustituyen el criterio humano cuando corresponde.

El Servicio Digital de Canadá describió un prototipo para orientar solicitudes mineras y señaló un riesgo más cotidiano: la norma puede cambiar mientras la herramienta conserva la versión anterior. El informe no prueba que alguien recibiera una decisión equivocada. Sí muestra por qué cada representación necesita una persona responsable y un mecanismo de actualización.

Qué debe poder reconstruirse

Un registro útil debe identificar la jurisdicción y el instrumento autorizado, la disposición, la versión del texto y su período de vigencia, el ámbito de aplicación y las excepciones. Debe mostrar las decisiones interpretativas necesarias para codificarlo, quién revisó y autorizó la publicación, qué versión ejecutable se aprobó y cuál utilizó un servicio en un momento determinado.

Cada dato responde a una pregunta diferente. La cita indica el origen. La versión y la fecha de efecto indican qué derecho regía. El ámbito y las excepciones permiten saber si el caso estaba cubierto. El historial de interpretación muestra dónde hubo que escoger entre varias lecturas. El registro de publicación identifica quién autorizó el uso. El registro de despliegue conecta la regla aprobada con el servicio que emitió la respuesta.

Ese rastro no decide por sí mismo una controversia jurídica. Los tribunales pueden conservar la última palabra sobre el significado de la ley; las administraciones pueden mantener facultades discrecionales y los servicios pueden ofrecer vías propias de revisión. Pero el sistema debería señalar dónde se detiene, qué aspecto exige evaluación humana y cómo solicitar razones o una corrección. Sin ello, la autoridad formal permanece clara mientras el control práctico se desplaza a la parte más opaca del programa.

También hay dos tipos de prueba. Una prueba técnica puede mostrar que una misma entrada produce la misma salida. Una revisión jurídica debe comprobar que la condición codificada sigue el texto, incluidas las excepciones, las reformas y la discrecionalidad. Ninguna sustituye a la otra. Si la disposición es ambigua, programarla puede revelar la ambigüedad; resolverla requiere una interpretación autorizada.

Un marco asignará responsabilidades

La OCDE no propone una plataforma única ni el mismo modelo institucional para todos los países. Afirma que la implementación exige colaboración entre juristas, equipos técnicos, organismos públicos, responsables políticos, investigadores, empresas y sociedad civil, con una distribución compatible con cada marco constitucional. El reto será hacer visibles esas funciones sin fingir que todos los países atribuyen la interpretación de la misma manera.

La primera fase, un inventario de iniciativas, termina el 16 de octubre de 2026. Después se prevé recoger principios y requisitos y, en 2027, elaborar un borrador de forma colaborativa. La publicación final se espera a finales de 2027 o comienzos de 2028. Al 14 de octubre esos pasos son planes, no resultados. La fecha próxima sirve para describir lo que ya existe; no aprueba una norma.

Para una administración, la prueba práctica consiste en comprobar si alguien puede reconstruir el trayecto desde el texto legal hasta la respuesta en pantalla. Para contratación pública, hay que designar quién mantiene las reglas, quién autoriza versiones, cómo salir de una plataforma y qué presupuesto cubre las actualizaciones. Para la auditoría, es necesario comparar el código autorizado con el desplegado. Para la ciudadanía, debe existir una vía de impugnación que no exija ingeniería inversa.

Law as Code podría volver más reutilizable y verificable la traducción de la ley a los servicios digitales. Para lograrlo, la representación debe gestionarse como infraestructura con un ciclo de vida, sin ocultar el texto y las instituciones facultadas para interpretarlo. Un enlace acredita de dónde procede. La rendición de cuentas empieza cuando también se sabe qué se transformó, quién lo aprobó, dónde se ejecutó y cómo se rectifica.

Fuentes