Resumen

  • El plan independiente de telecomunicaciones de Papúa Nueva Guinea propone que DataCo cobre como máximo 6 dólares estadounidenses por Mbps al mes por la capacidad del Coral Sea Cable.
  • Pide a NICTA que obtenga los costes reales del mayorista, calcule una tarifa ajustada a ellos y facilite el acceso de los proveedores pequeños. El Gobierno todavía debe decidir qué recomendaciones adopta.

Un cable submarino puede transportar datos de sobra y, aun así, dejar a los clientes haciendo cuentas. El nuevo Blueprint, publicado tras el foro ministerial de esta semana, recomienda al Gobierno de Papúa Nueva Guinea y a Kumul Consolidated Holdings ordenar a DataCo una reducción inmediata del precio de la capacidad del Coral Sea Cable hasta 6 dólares por Mbps al mes o menos. Es una propuesta del informe y la cifra que usa para modelar sus efectos.

El siguiente paso sería comprobar la cuenta. NICTA dispone, según el documento, de facultades para exigir a DataCo información comercial y operativa, calcular un precio que refleje los costes eficientes y revisar los descuentos por volumen. Los autores también piden acceso transparente y sin discriminación para los ISP pequeños. De poco les sirve un precio atractivo si la mejor tarifa comienza varios escalones por encima de lo que pueden comprar.

El plan mira además a la próxima ruta internacional. Propone que la iniciativa Pukpuk opere mediante una sociedad de mayoría privada y sectorial, con una participación estatal sin control y un mandato de recuperación de costes. Así se decide desde el principio quién manejará la caja registradora del nuevo cable. Pero la factura que el informe quiere mover ya es la de la infraestructura existente.

El comunicado oficial dice que PNG se comprometió a considerar la adopción de las recomendaciones. El propio informe sitúa las primeras decisiones entre octubre y diciembre de 2026. Una instrucción a DataCo, una solicitud de datos de NICTA o una nueva oferta mayorista mostrarán cuál de esas recomendaciones salió del papel.

La página de publicación de DFAT sitúa la entrega del informe a ambos gobiernos el 1 de octubre.