Summary

  • Administraciones europeas proponen que la Resolución 182 de la UIT mida el impacto de las TIC durante todo su ciclo de vida, incluidos agua, electricidad, materias primas, biodiversidad y basura electrónica.
  • El borrador plantea métodos comunes e informes anuales de la UIT e invita a los países a incorporar esos indicadores a estrategias, regulación y compras de telecomunicaciones.

La nube parece flotar hasta que llega la factura del agua. En el anexo 34 de la contribución 75, las administraciones europeas quieren abrir esa factura y las del enchufe, la mina y el vertedero. La UIT registró la propuesta el 23 de octubre como modificación de la Resolución 182 sobre tecnologías de información y clima.

El texto aprobado en 2022 ya reconocía consumo de recursos, eficiencia y residuos. El borrador actual da el siguiente paso: propone evaluaciones científicas de ciclo de vida que midan emisiones, uso de materias primas, huella hídrica, toxicidad y biodiversidad. También señala que la mayoría de países reúnen pocos datos del consumo energético y las emisiones del sector. Por eso, calcular si la actividad digital reduce más emisiones de las que genera sigue descansando en estimaciones.

La distinción importa en un concurso. Si un proveedor presume de ahorrar energía en otro sector, el proyecto pide contar ese beneficio con una metodología y un punto de partida acordados, incluyendo las emisiones directas y las de fabricación, uso y descarte. El ahorro ajeno y el gasto propio tendrían que entrar en la misma libreta.

El borrador reserva una línea a la inteligencia artificial: atribuye a la expansión de sus centros de datos un aumento sustancial de energía y gases de efecto invernadero, aunque admite aplicaciones para mitigación y adaptación. Para los tres sectores de la UIT propone trabajo sobre eficiencia de equipos, redes y centros de datos, además de medición de carbono, energía y residuos electrónicos.

El giro de gobernanza llega en la invitación a los Estados. Les pide llevar indicadores ambientales, resiliencia climática y criterios de sostenibilidad a las estrategias nacionales, marcos regulatorios y normas de contratación, usando una metodología armonizada por la UIT. El organismo trazaría la regla; cada país decidiría si la usa al adjudicar contratos. La conferencia de noviembre todavía debe resolver qué parte del borrador prospera.

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