Resumen

  • El 24 de junio de 2026, un día antes de la AGMM anunciada por AFRINIC, NRS instó a los miembros con derecho a voto a rechazar las Resoluciones Ordinarias III, IV, V y VI. También ofreció un texto de objeción formal para que tanto la oposición como cada voto quedaran registrados en el acta. Fue una intervención de gobernanza por parte de un grupo de interés: podía organizar, investigar y representar a miembros que lo autorizaran, pero no decidir la legalidad ni operar el registro.
  • La documentación exige precisión frente a dos simplificaciones opuestas. Por una parte, la carta de encargo de C&A Law fija una única tarifa profesional de 1.000 USD por hora, incluidos los honorarios profesionales de Anwar Moollan SC, más un 15 % de IVA y desembolsos; no acredita una tarifa combinada de 2.000 USD. Por otra, un Board con quorum retuvo al equipo en 2021, delegó amplias facultades litigiosas en el entonces CEO Eddy Kayihura y aprobó facturas en octubre de 2021 y enero de 2022. No es correcto afirmar que nunca existió autorización.
  • La ruptura documentada es posterior y concreta. La sentencia 2024 SCJ 473 estableció que Kayihura dejó de ser CEO el 4 de noviembre de 2022 y que la delegación de 2021 no podía sostener las actuaciones de marzo y septiembre de 2023 sin un CEO en funciones. Benjamin Eshun carecía de poder para provocar la apelación, y Anwar Moollan y Manon Mardemootoo carecían de legitimación para interponerla y comparecer. La sentencia no anuló la carta de 2021 ni declaró ilícita cada factura.
  • AFRINIC reconoció o divulgó 3.923.215 USD en gastos jurídicos totales entre 2021 y 2025, de los cuales 2.148.059 USD fueron atribuidos a C&A Law en 2022 y 2023. Esas cifras son registros contables, no prueba completa de efectivo pagado, horas, IVA, desembolsos o autorizadores. Tampoco los verbos auditar, recibir, tomar nota, adoptar o aprobar crean por sí mismos la autorización transaccional que hubiera faltado al celebrarse un encargo, darse una instrucción o efectuarse un pago.
  • El resultado final de la AGMM del 25 de junio de 2026 seguía sin localizarse al cierre de la evidencia. No se puede afirmar que las cuatro resoluciones prosperaran o fracasaran, ni que la objeción de NRS entrara en el acta. La validez del Board presentado por AFRINIC para 2025-2026 está controvertida por NRS, pero el conjunto documental no contiene una decisión judicial definitiva sobre esa cuestión.

Análisis

Una alerta diseñada para producir un registro, no una sentencia

El valor del llamamiento de NRS reside en su forma. El 24 de junio no publicó únicamente una crítica general a los gastos de AFRINIC. Señaló cuatro decisiones concretas que figuraban en el orden del día de la AGMM convocada para el 25 de junio en Nairobi: las Resoluciones Ordinarias III a VI, relativas a la aprobación de los estados financieros auditados y de los informes de directores y auditores correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025. Su instrucción a los miembros era votar «no» cuatro veces. Junto a ella incluyó un modelo de objeción destinado al acta y pidió que quedaran consignados tanto el texto como los votos.

Ese diseño importa porque convierte una controversia difusa en un conjunto de actos verificables. Se puede comprobar si la reunión se celebró; cuál fue el universo de votos; cuántos se emitieron a favor, en contra o se abstuvieron; si la presidencia admitió la objeción; si la secretaría la reprodujo fielmente; y si las actas firmadas conservaron el desacuerdo. La alerta no tenía fuerza autoejecutiva. NRS no podía anular una resolución, juzgar una designación, reabrir una cuenta bancaria ni impartir instrucciones a los abogados de AFRINIC.

Su instrumento era más limitado y, precisamente por eso, más mensurable: facilitar la acción de los miembros y crear una huella institucional que no dependiera de una retrospectiva interesada.

El mismo límite protege la credibilidad de la intervención. NRS actúa como organización de defensa, investigación y coordinación de miembros, y puede representar a quienes le den una autorización específica. No administra la base de datos del registro, RPKI, WHOIS o RDAP; no custodia activos de AFRINIC; no dirige elecciones, litigios o continuidad operativa. Cuando pide cuatro votos adversos no ocupa el lugar del Board ni del tribunal. Hace valer una prerrogativa de los miembros dentro de una reunión convocada por la propia organización.

Su éxito debe medirse por la conducta que consiguió movilizar y por la información que logró incorporar al expediente, no por la vehemencia de sus afirmaciones.

Esta diferencia impide dos lecturas cómodas. La primera diría que una campaña de miembros demuestra por sí misma la ilegalidad de todo el gasto. No la demuestra. La segunda diría que una mayoría que aprueba estados financieros absuelve retrospectivamente cada decisión subyacente. Tampoco. Una parte pide investigación y otra realiza un acto societario; ninguna operación convierte automáticamente una alegación en fallo judicial ni una cifra agregada en mandato individualizado.

Qué se sometía al voto y qué quedaba fuera de él

La convocatoria de AFRINIC, publicada el 3 de junio, proponía que los miembros aprobaran, por años, los estados financieros auditados y los informes asociados de 2022 a 2025. Es un objeto corporativo reconocible. La sección 115 de la Companies Act de Mauricio sitúa entre los asuntos ordinarios de la reunión anual la consideración y adopción o aprobación de los estados financieros, la recepción del informe del auditor y la consideración del informe anual. Si las cuentas no se aprueban en esa reunión, la disposición contempla su presentación en otra reunión especial convocada por el Board.

Pero la definición del negocio anual también marca su frontera. Una resolución de cuentas dice lo que dice su texto. Puede aceptar que los estados representen de manera adecuada la situación financiera bajo las reglas aplicables; puede recibir el trabajo del auditor; puede cerrar una etapa de presentación corporativa. No se sigue de ello que el voto reconstruya quién instruyó a un abogado en una fecha determinada, que cree retroactivamente el quorum de un Board, que prolongue la delegación de un CEO después de abandonar el cargo o que transforme una anotación del Registro de Sociedades en sentencia sobre la validez de un nombramiento.

El antecedente de las cuentas de 2021 muestra por qué los verbos deben leerse con cuidado. Para la SGMM de abril de 2026, la comunicación oficial proponía que los estados de 2021 fueran recibidos y se tomara nota de ellos, y explicaba que la aprobación no era necesaria en aquel marco procedimental. El borrador de acta registró después un resultado del 99 % frente al 1 % para una resolución que los recibió, tomó nota y adoptó. Ese documento seguía siendo un borrador sujeto al proceso posterior de aprobación de actas.

Aun si el resultado descrito se consolida como fiel, no identifica factura por factura qué autoridad existía ni qué componentes fueron pagados.

La alerta de NRS buscaba impedir que la secuencia contable se utilizara como atajo discursivo. Su tesis práctica era que antes de pedir el asentimiento de los miembros debían mostrarse las facturas, las instrucciones, la fuente de poder, el tratamiento del IVA y los desembolsos, y una revisión independiente. Esa exigencia es compatible con reconocer que unas cuentas pueden ser exactas como cuentas. Es posible que un gasto esté correctamente reconocido y que, a la vez, siga abierta la pregunta sobre la autoridad para encargarlo o pagarlo. También es posible que los miembros consideren fiable una cifra sin aprobar la gestión que la produjo.

Mezclar estos planos reduce una decisión de gobernanza a un falso dilema entre negar los números y absolver cada operación.

La carta de C&A Law: una tarifa, no dos acreditadas

La carta de encargo permite corregir una de las afirmaciones más fáciles de exagerar. El documento es un escaneo de siete páginas, fechado el 20 de octubre de 2021. Lleva un sello de recepción de AFRINIC del 21 de octubre a las 10:45 y una aceptación firmada el 25 de octubre por Eddy Mabano Kayihura en calidad de CEO. Por C&A Law firmó Parhveena Gokhool.

La firma decía que trabajaría junto con Anwar Moollan SC, de las Chambers of Sir Hamid Moollan QC, en una lista de doce asuntos que incluía Afri Holdings, varios procedimientos de Cloud Innovation, Logic Web y una queja ante el CCM, además de asistencia ad hoc y nuevos casos iniciados o defendidos por la compañía.

Doce asuntos listados no significan doce contratos facturados separadamente. Tampoco la previsión de equipo demuestra dos tarifas. La carta exige que al menos dos integrantes de C&A estén disponibles y participen de manera directa y continua en una asignación. Sin embargo, la cláusula económica enuncia una única tarifa de honorarios profesionales: 1.000 USD por hora, con los honorarios profesionales de Anwar Moollan SC incluidos. El documento no dice 1.000 USD por cada integrante ni 1.000 USD adicionales por Senior Counsel.

La conclusión probatoria correcta es que existe una tarifa profesional única de 1.000 USD por hora; un coste de 2.000 USD por cada hora de reloj solo sería un supuesto hipotético si dos profesionales fueran facturados separada y simultáneamente, algo que la carta no prueba.

La tarifa tampoco es el coste final completo. Se establece sin el 15 % de IVA y sin desembolsos. Una hora profesional asciende aritméticamente a 1.150 USD con IVA, antes de cualquier desembolso. Ocho horas equivalen a 8.000 USD de honorarios, 1.200 USD de IVA y 9.200 USD antes de desembolsos. Cien horas equivalen a 100.000 USD, 15.000 USD de IVA y 115.000 USD antes de desembolsos. Son cálculos, no reconstrucciones de factura.

Los desembolsos autorizados en la carta abarcan comunicaciones, viajes, estacionamiento, copias, fax, mensajería, correo, carpetas, impresión, transcripciones, opiniones de expertos, búsquedas, inscripciones e investigación. No aparece un límite monetario en el encargo. Las facturas, desembolsos y gastos debían pagarse dentro de los treinta días siguientes. También se contemplaban causas de terminación, el pago de honorarios, costes e IVA ya incurridos y un derecho de retención sobre papeles o activos pendiente de pago. El derecho aplicable era el mauriciano.

Esta lectura detallada no minimiza el coste; lo hace auditable. Si alguien sostiene que dos profesionales trabajaron a la vez y cada uno generó 1.000 USD, debe mostrar la factura y las entradas de tiempo que lo demuestran. No puede derivarlo de la obligación de disponibilidad. Del mismo modo, si una cifra anual incluye IVA o desembolsos, eso debe acreditarse, no inferirse. Una crítica que duplique la tarifa sin respaldo debilita la exigencia más importante: obtener el libro completo de horas, profesionales, tareas, impuestos y gastos.

La cadena de autoridad comienza antes del contrato

La carta firmada por el CEO es evidencia de aceptación, pero no toda la historia de autoridad corporativa. El 23 de agosto de 2021, cuando el Board tenía quorum, la Resolución 202108.630 adoptó dos partes de un documento: retener al equipo jurídico identificado para los casos entre AFRINIC y Cloud Innovation y autorizar a Kayihura, como CEO, a instruir a letrados y abogados en litigios en curso y potenciales. Este acto es una pieza positiva y contemporánea de autoridad. La sentencia de 2024 reconocería más tarde que esa delegación operaba mientras Kayihura permaneciera en el cargo.

Durante septiembre y octubre de 2021, el Board también asignó 85.000 USD de la partida de contingencia para facturas jurídicas determinadas y honorarios posteriores. Esa asignación no concilia por sí sola los importes mucho mayores divulgados después, pero confirma que el órgano estaba tratando presupuesto y gasto jurídico. Tras la aceptación de la carta el 25 de octubre, el Board aprobó el 27 de octubre el pago de la factura de C&A identificada como PRI10581. El importe está oculto en las actas publicadas. El presidente declaró un conflicto y se abstuvo porque la factura incluía honorarios relacionados con un caso contra él.

La existencia de esa abstención es relevante para evaluar el manejo del conflicto, pero no equivale a una conclusión de conducta profesional ilícita.

El 27 de diciembre las actas volvieron a mencionar facturas legales y una petición para que el CEO circulara los contratos de las firmas. El 26 de enero de 2022, una resolución aprobada con ocho votos afirmativos autorizó otras facturas de C&A cuyos identificadores e importes aparecen redactados. El presidente pidió además que se compartiera el acuerdo de C&A con el Board. Ese detalle admite dos lecturas que deben convivir: hubo aprobación formal, y al mismo tiempo el nivel de información interna parece haber requerido una petición expresa para obtener el propio contrato.

Estos actos desmienten la formulación absoluta de que el Board jamás retuvo a C&A o jamás aprobó pagos. La evidencia obliga a decir algo más específico. Hubo retención y delegación el 23 de agosto de 2021; hubo aceptación contractual en octubre; hubo aprobaciones de facturas en octubre de 2021 y enero de 2022. Lo que no se puede hacer con las actas redactadas es conectar esos actos, importe por importe, con los 2.148.059 USD atribuidos posteriormente a C&A en 2022 y 2023.

La existencia de alguna aprobación no prueba la aprobación de todo, igual que la ausencia de un registro público completo no prueba que ninguna otra aprobación existiera.

El expediente ideal tendría una secuencia continua: documento del Board, delegación, contrato, presupuesto y variaciones, instrucciones fechadas, facturas numeradas, profesionales y tiempos, desglose del IVA, recibos de desembolsos, aprobaciones libres de conflicto, órdenes de pago y movimientos bancarios. El archivo sellado contiene partes importantes de esa secuencia, pero no todas. Por eso la intervención de NRS podía pedir con firmeza una conciliación forense sin borrar la evidencia favorable a la institución.

La ruptura después del cese del CEO

A partir de junio de 2022, el informe anual consolidado posterior de AFRINIC describe una pérdida de quorum del Board tras órdenes judiciales. El 4 de noviembre de 2022, Kayihura dejó de ser CEO. Según la cronología aceptada en 2024 SCJ 473, AFRINIC quedó sin CEO. Estas dos circunstancias alteraron la superficie desde la que podían impartirse instrucciones corporativas. Una delegación a una persona por razón de su cargo no flota separada del cargo para que terceros la reutilicen indefinidamente.

En marzo y septiembre de 2023 se promovieron o resistieron actuaciones en nombre de AFRINIC sin CEO en funciones. La Court of Civil Appeal sostuvo el 15 de octubre de 2024 que la autorización de agosto de 2021 permitía a Kayihura instruir a los abogados mientras era CEO, pero no ofrecía autoridad para esas actuaciones después de su salida. Benjamin Eshun no tenía poder para causar la apelación; Anwar Moollan y Manon Mardemootoo carecían de legitimación para interponerla y comparecer. El tribunal restableció la orden de receivership y aceleró la elección del Board.

Esta es la falla de autoridad que el expediente sí permite describir como establecida judicialmente. Está acotada por el tiempo, el cargo y las actuaciones analizadas. No es una sentencia que anule el encargo firmado en octubre de 2021. No declara que todos los servicios prestados desde 2021 carecieran de mandato. No decide el carácter debido de cada factura ni prueba que todos los importes reconocidos en 2023 correspondan a las actuaciones concretas sin legitimación. Extender el fallo a toda la relación profesional convertiría una conclusión precisa en una acusación más amplia que la fuente no sostiene.

Al mismo tiempo, reducirlo a un tecnicismo procesal sería igualmente inadecuado. La legitimación de los abogados para actuar en nombre de una sociedad depende de una instrucción corporativa válida. El tribunal encontró que faltaba en la cadena que condujo a la apelación. Cuando no había un Board con quorum ni un CEO que pudiera usar la delegación, el actor que pretendiera sostener una nueva instrucción necesitaba señalar otra fuente lícita: una resolución válida, una orden judicial o una instrucción dentro del mandato de un Receiver.

El conjunto sellado no localiza un instrumento que autorice transacción por transacción las facturas controvertidas o las actuaciones dirigidas por C&A después del 4 de noviembre de 2022.

La precisión temporal fortalece, en vez de suavizar, la rendición de cuentas. Permite separar el gasto que cuenta con una cadena contemporánea visible del que necesita explicación adicional. También evita tratar una deficiencia real como excusa para declarar inválido todo lo anterior. La pregunta no es «¿fue legítima C&A para siempre?» sino «¿quién tenía poder, en esa fecha, para esa instrucción, esa factura y ese pago?».

Qué muestran las cifras y qué no muestran

Las publicaciones financieras de AFRINIC ofrecen una serie anual considerable. El total de honorarios jurídicos divulgado para 2021 fue de 633.807 USD, sin un desglose localizado que atribuya una parte específica a C&A. Para 2022, el total fue de 1.250.527 USD, con 1.083.750 USD atribuidos a C&A y 166.777 USD a otros honorarios identificados o descritos. En 2023 se registraron 1.133.630 USD, de los que 1.064.309 USD correspondían a C&A y 69.321 USD a otros conceptos jurídicos. En 2024 el total descendió a 27.322 USD, sin importe atribuido a C&A. En 2025 ascendió a 877.929 USD, también sin atribución a C&A.

La suma de 2022 a 2025 es 3.289.408 USD. Al incorporar los 633.807 USD de 2021, el total reconocido o divulgado entre 2021 y 2025 asciende a 3.923.215 USD. Los importes atribuidos a C&A en 2022 y 2023 suman 2.148.059 USD. NRS comparó el gasto jurídico total de 2022, 1.250.527 USD, con un presupuesto indicado de 140.000 USD: unas 8,9 veces. La comparación evidencia una desviación que merece explicación, pero no determina por sí sola su tratamiento contable o jurídico.

La palabra decisiva aquí es «reconocido» o «divulgado», no necesariamente «pagado en efectivo». Una línea de gasto puede incluir devengos, pagos, impuestos, desembolsos o ajustes de periodificación. Las fuentes disponibles no revelan de forma completa las fechas de cada factura, sus componentes, los días de pago, los firmantes bancarios ni si el importe anual está bruto o neto de IVA. Por eso no debe presentarse 2.148.059 USD como una cantidad íntegramente transferida en efectivo a C&A. Es la suma que las divulgaciones de 2022 y 2023 atribuyen a la firma.

La tarifa ofrece escenarios de control, no una reconstrucción. Si los 1.083.750 USD atribuidos en 2022 fueran exclusivamente honorarios profesionales netos a 1.000 USD la hora, representarían 1.083,75 horas; si fueran honorarios brutos con IVA del 15 %, sin desembolsos, equivaldrían a unas 942,39 horas netas. Para los 1.064.309 USD de 2023, los mismos extremos producirían 1.064,309 o unas 925,49 horas. Para ambos años, 2.148.059 USD equivaldrían hipotéticamente a 2.148,059 horas netas o unas 1.867,88 horas si todo fuera honorario bruto con IVA.

Ninguno de esos resultados es un hallazgo sobre las horas realmente trabajadas, porque se desconoce la mezcla de IVA, desembolsos, periodificación y otros componentes.

Una revisión seria no escogería el escenario que produzca el titular más elevado. Pediría la tabla de tiempos, la identidad de cada profesional, el asunto, la tarea, la fecha, la autorización que la originó, el importe antes de IVA, el IVA, el desembolso y su recibo. Después reconciliaría las facturas con las actas de octubre de 2021 y enero de 2022, con cualquier aprobación posterior y con los movimientos bancarios. Solo entonces podría distinguirse entre gasto razonable y excesivo, entre devengado y pagado, y entre autorizado y no autorizado.

Auditoría y autoridad son controles distintos

La sección 205 de la Companies Act describe el trabajo del auditor: informar a los accionistas sobre el alcance y las limitaciones de su labor, la información y los registros obtenidos, el cumplimiento aplicable y si los estados ofrecen una imagen fiel. Es una función crucial, pero no transforma al auditor en tribunal corporativo. El auditor no decide la legitimación procesal de un abogado, la validez de un nombramiento, la razonabilidad jurídica de cada estrategia ni la existencia de mala conducta profesional.

Por esa razón, «auditado» no significa «autorizado transacción por transacción». «Reconocido» significa que una cifra se incorporó a las cuentas conforme a un tratamiento. «Recibido» y «tomado nota» describen la respuesta de una reunión a documentos presentados. «Adoptado» o «aprobado» puede completar un acto societario sobre los estados. Ninguno de esos verbos, en los instrumentos localizados, declara que se haya creado retrospectivamente la instrucción que faltaba cuando un abogado actuó, que se haya validado un Board sin quorum o que se haya autorizado un pago concreto.

La distinción tampoco permite despreciar la auditoría. Un informe puede aportar confianza sobre integridad, clasificación y presentación de cifras. Puede revelar limitaciones. Puede comprobar muestras de documentación. Pero el alcance exacto debe publicarse si se pretende usarlo como respuesta a la objeción. Los miembros necesitan saber si el auditor examinó la fuente de autoridad de las instrucciones, la secuencia de facturas, las partes relacionadas, el tratamiento de conflictos, los desembolsos y hechos posteriores. Si no lo hizo, ello no convierte las cuentas en falsas; significa que la auditoría no resuelve esas cuestiones.

Algo similar ocurre con la sección 142, que exige la entrega al Registrar de avisos sobre cambios de directores o secretario. Una inscripción acredita que se presentó y registró un cambio afirmado. No equivale a una decisión judicial sobre la licitud subyacente del nombramiento. Pero tampoco cabe afirmar, sin sentencia, que toda persona inscrita es inválida. El registro y la validez son conceptos conectados, no idénticos.

Board, Receiver y reunión: poderes que no deben fusionarse

El Board administra la sociedad bajo su constitución, contrata asesores, aprueba pagos y delega facultades cuando está válidamente constituido y cuenta con quorum. El expediente prueba que ese poder se ejerció en agosto y octubre de 2021 y enero de 2022. AFRINIC presentó a ocho personas como directores en el borrador de la SGMM de abril de 2026: Emmanuel Adewale Adedokun, Adewole David Ajao, Fiona Makokha Asonga, Abelaziz Hilali, Laurent Kayemba Ntumba, Benjamin Mark Roberts, Carla Sofia Fernandes Sanderson y Kaleem Ahmed Usmani. NRS cuestiona la legalidad y continuidad de ese Board.

No existe en la evidencia sellada una decisión judicial final que zanje la controversia actual.

La sección 141, según la cual los actos de un director pueden seguir siendo válidos pese a un defecto de nombramiento o falta de cualificación, forma parte del debate. NRS sostiene que esa norma no crea por sí sola un Board o un quorum, no extiende mandatos, no pone fin a la receivership ni ratifica años de gasto. El conjunto de fuentes no autoriza convertir esa posición razonada en fallo vinculante. La pregunta sobre la validez presente permanece controvertida y no adjudicada.

El Receiver ocupa otra superficie. La orden judicial describió funciones de preservación de activos y valor empresarial, organización de elecciones para reconstituir el Board y facilitación del nombramiento de un CEO. El Official Receiver fue nombrado el 12 de septiembre de 2023. Un comunicado posterior indicó que Gowtamsingh Dabee lo sustituyó el 12 de febrero de 2025. Un mandato de preservación no debe suponerse ilimitado: si se invoca al Receiver como fuente de autorización para gasto jurídico histórico o instrucciones posteriores, debe publicarse la orden o instrucción escrita aplicable y explicar cómo encaja en sus poderes.

Los miembros, por último, pueden pronunciarse sobre los estados y demás asuntos debidamente notificados. No por ello se convierten colectivamente en el principal jurídico que impartió una instrucción años antes. Una votación puede exigir investigación, rechazar la aprobación o aceptar la presentación contable; no reescribe sin texto específico las circunstancias existentes en la fecha de cada operación. Mantener separados estos poderes es la única manera de saber a quién pedir cuentas.

El mejor argumento en favor de AFRINIC también exige el libro completo

La posición contraria más fuerte no es que las cifras carezcan de importancia. Es que AFRINIC se enfrentaba a litigios de gran escala y riesgos sobre sus activos; un Board con quorum podía considerar necesaria una representación especializada de alto nivel. Antes de la firma, el Board retuvo al equipo y delegó en el CEO. Dos días después de la aceptación de Kayihura aprobó una factura de C&A, y en enero de 2022 aprobó otras. Los estados auditados reconocieron luego los gastos. Los miembros podrían aprobar estados que consideran exactos sin respaldar cada decisión de gestión.

Ese argumento prueba que el contrato no apareció como una iniciativa clandestina sin antecedente corporativo. También muestra por qué una condena general de toda la relación sería injustificable. Pero no concilia las aprobaciones redactadas con los 2.148.059 USD atribuidos a C&A, no explica horas o desembolsos, no proporciona instrucciones posteriores al 4 de noviembre de 2022 y no cura la deficiencia de legitimación que el tribunal sí estableció para 2023. Tampoco valida automáticamente el Board actual ni demuestra el resultado de las resoluciones de 2026.

Aceptar el mejor caso de AFRINIC conduce, por tanto, al mismo control que reclama la alerta: publicar la cadena completa. Si los gastos fueron plenamente autorizados y razonables, el registro debe poder demostrarlo sin apoyarse en redactados que impiden conciliar importes. Si partes del gasto corresponden a periodos o actos sin una fuente válida de instrucción, la revisión debe identificarlas sin contaminar retrospectivamente lo que sí estaba autorizado. La transparencia no presupone culpabilidad; distribuye la carga de explicación allí donde reside la documentación.

El expediente que los miembros aún no tienen

Al cierre de la evidencia, faltan los resultados oficiales finales de las Resoluciones III a VI y las actas firmadas de la AGMM del 25 de junio. También se desconoce si miembros autorizados usaron el modelo de NRS, si la presidencia leyó o admitió las objeciones y si la secretaría las conservó. Por eso no puede afirmarse que la campaña triunfó o fracasó. Una captura de intención de voto, un anuncio de parte o un borrador no sustituyen la cifra final y el acta certificada.

Falta asimismo el registro completo de facturas entre 2021 y 2025: números, fechas, tiempos, profesionales, tareas, recibos de desembolso, tratamiento del IVA, fechas de pago bancario y autorizadores. No se ha localizado una conciliación entre las aprobaciones redactadas de 2021 y 2022 y los 2.148.059 USD atribuidos a C&A en 2022 y 2023. Tampoco aparece una fuente que muestre, operación por operación, instrucciones de un Board, un tribunal o el Receiver para los trabajos controvertidos posteriores a la salida de Kayihura.

No hay un pronunciamiento independiente en el expediente que concluya corrupción, enriquecimiento criminal o mala conducta profesional relacionada con el encargo. Las acusaciones publicadas por NRS o BTW deben permanecer atribuidas. La apariencia de conflicto que llevó a una abstención es relevante para el diseño de controles, no una condena. El rigor exige formular la brecha como falta de autoridad lícita localizada o ausencia de prueba transaccional, salvo en las actuaciones de 2023 para las que el tribunal sí estableció el defecto.

El 24 de junio, NRS no ofreció el expediente ausente: reclamó que AFRINIC lo produjera. Esa es la prueba a la que debe someterse la alerta. Cuatro votos negativos y una objeción inscrita no habrían resuelto el fondo, pero habrían impedido que la ceremonia de aprobación se presentara sin oposición como cierre universal. Ahora la medida verificable es sencilla: publicar el resultado y las actas; después, conectar cada importe con su contrato, instrucción, factura, autorización, impuesto, desembolso y pago. Hasta que eso ocurra, las cuentas pueden registrar gasto, pero no cerrar la cuestión de mandato.