Summary

  • El 17 de septiembre la Comisión Europea presentó EU KIDS Act como propuesta legislativa. Su artículo 5 sometería los planes de cumplimiento de redes sociales y servicios de vídeo designados plataformas muy grandes a una auditoría independiente pagada por el proveedor.
  • El proveedor publicaría un resumen no confidencial; una decisión de la Comisión sobre deficiencias del plan abriría un proceso de corrección y comprobación.
  • El apartado 8 excluye expresamente que el informe final, la acción o el silencio de la Comisión sean una declaración de cumplimiento. El procedimiento legislativo sigue abierto.

En política digital, una ausencia de objeciones se convierte con facilidad en un supuesto permiso. El proyecto EU KIDS Act intenta impedir esa lectura. La Comisión Europea propone exigir a determinadas plataformas un plan de protección de menores y un examen externo, pero su artículo 5(8) niega a ese examen —y a la falta de reacción oficial— el valor de una aprobación.

La precisión importa desde el primer paso. La obligación especial del artículo 5 no alcanza a todos los servicios que aparecen en la iniciativa. Se dirige a proveedores de redes sociales y plataformas de intercambio de vídeo ya designados plataformas en línea de muy gran tamaño conforme a la Ley de Servicios Digitales. Deben explicar detalladamente cómo cumplirían los capítulos pertinentes y costear una auditoría de ese plan. El texto exige conocimientos en derechos de la infancia, medicina y desarrollo infantil, verificación de edad, diseño de interfaces y recomendaciones, datos y seguridad. Un auditor puede examinar medidas previstas; eso no equivale a observar de forma exhaustiva el comportamiento futuro del producto.

El proyecto crea una sucesión de documentos con responsables identificables. Tras un borrador, el proveedor dispone de quince días para comentar. El auditor remite el informe final al proveedor y a la Comisión a la vez, dentro de los dos meses posteriores a recibir el plan, e indica carencias. La empresa ha de publicar un resumen sin información confidencial. Si la Comisión decide que existen deficiencias, le sigue un plan correctivo con plazos y una comprobación de la ejecución por el auditor. El diseño permite preguntar qué se prometió y qué se corrigió, sin esconder la obligación detrás de una sola nota positiva.

También conserva una distancia esencial. El informe final no declara cumplimiento. Tampoco lo declara una decisión de la Comisión relativa al informe o al plan, ni su inacción. La Comisión mantiene sus facultades de control; además, las declaraciones anuales posteriores se insertarían en las evaluaciones de riesgo y auditorías de la Ley de Servicios Digitales. El examen inicial no cerraría la cuenta.

La guía pública de la Comisión presenta la iniciativa como un cambio en la carga de demostrar seguridad. Esa finalidad no crea, por sí sola, una licencia previa ni una garantía permanente. La lectura de Lu Heng sobre la diferencia entre aportar pruebas y poseer autoridad ayuda a entenderlo: el especialista ilumina una decisión, no hereda la facultad pública de absolver a un servicio. Habrá que mirar también el sistema en funcionamiento.

La propuesta aún debe pasar por Parlamento y Consejo. EUR-Lex mantiene abierto el expediente y el borrador deja fechas de aplicación sin fijar. No se atribuye aquí a ninguna empresa una infracción de una norma todavía no aprobada.

Sources