Resumen

  • Doreen Bogdan-Martin impulsó Partner2Connect cuando dirigía la oficina de desarrollo de la ITU y asumió la Secretaría General en 2023; el total de promesas demuestra capacidad de convocatoria, no cuántas conexiones se han instalado.
  • Los informes de la propia ITU separan tres preguntas: qué se prometió, qué avance reportaron las entidades y qué servicio pueden usar las personas.

Una cifra grande puede describir una coalición y, al mismo tiempo, dejar abierta la pregunta que más importa a quien aún no tiene conexión. El portal de Partner2Connect registra ahora 1.101 promesas de 508 entidades en 149 países, con un valor estimado de 122.000 millones de dólares. La cifra no es trivial: indica que gobiernos, empresas y otras organizaciones han aceptado dejar constancia pública de una intención. Pero una promesa no es un pago, una red operativa ni un hogar con acceso asequible y fiable.

Por eso Doreen Bogdan-Martin merece atención más allá del anuncio de cada nuevo hito. Asumió como Secretaria General de la ITU el 1 de enero de 2023, después de dirigir la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la ITU desde 2018. La biografía oficial dice que promovió Partner2Connect. La coalición fue lanzada por la ITU en 2021 junto con socios de la UN; no es un proyecto personal suyo. Su influencia está en la agenda, la convocatoria de participantes y el sistema institucional de seguimiento. La ejecución de cada compromiso corresponde a quien lo presenta.

Los datos disponibles muestran por qué conviene separar etapas. El informe anual de Partner2Connect de 2024 contabilizó 956 promesas presentadas por 452 entidades. De ellas, 363 contaban con un informe de avance presentado por 182 entidades: el 38 % de las promesas y el 40 % de las entidades. Esos porcentajes describen la cohorte del informe. No prueban que las promesas sin informe fracasaran: algunas podían ser recientes. Tampoco prueban que las actividades declaradas hayan llegado a sus destinatarios. El informe prevé actualizaciones en línea y pide que cada entidad informe al menos una vez al año.

El panel actual de progreso aclara que sus datos agregados se calculan sobre promesas recibidas hasta un año antes. La ventana evita tratar un compromiso recién presentado como un retraso; también significa que la cifra total vigente y el gráfico de progreso no describen necesariamente el mismo grupo de promesas. Un informe estratégico posterior de la ITU dice que la mitad de las entidades participantes ha presentado informes de progreso. Ese dato usa entidades como denominador, por lo que no actualiza directamente el 38 % de promesas reportadas en 2024. Sin el denominador y el período, un porcentaje parece más comparable de lo que es.

La conexión efectiva exige otra capa de medición. El marco de la ITU para la conectividad universal y significativa contempla seis dimensiones relacionadas: calidad, disponibilidad, asequibilidad, dispositivos, competencias y seguridad. La cobertura no demuestra que una tarifa sea pagable; una conexión rápida no sirve igual a quien carece de un dispositivo adecuado o de habilidades para usarla con seguridad. El marco ayuda a ordenar las condiciones necesarias, pero por sí solo tampoco demuestra que un proyecto haya mejorado la educación, la salud o los ingresos de una comunidad.

Esos efectos necesitan indicadores propios y una relación verificable con la iniciativa.

En julio de 2026, la ITU precisó que los participantes deben ejecutar sus compromisos y que la organización ofrece una plataforma para seguir avances y compartir prácticas. El mismo comunicado situó el hito de 100.000 millones de dólares junto a una estimación de entre 2,6 y 2,8 billones de dólares necesarios para lograr conectividad universal y significativa en 2030. La diferencia recuerda que el papel de la coalición es movilizar y seguir compromisos, no certificar que el dinero anunciado ya cubre la necesidad.

La cuestión para Bogdan-Martin no es si puede responder personalmente por todos los proyectos: no controla sus presupuestos ni sus operaciones. La prueba institucional es si la ITU conserva la diferencia entre lo prometido, lo financiado, lo puesto en servicio y lo que las personas pueden usar de verdad. Un registro que haga visibles esas transiciones permitiría a los socios detectar si el obstáculo sigue siendo el capital, los dispositivos, las competencias, el precio o la regulación.

Fuentes